El día más importante del juicio ha llegado. La jornada en la que, tras todos los testigos y peritos, tocará el turno de declarar al fiscal general del Estado. Por primera vez en la historia de la Justicia española, el máximo responsable del Ministerio Público, será interrogado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Lo hará como acusado, una posición en la que, a diferencia de los testigos y peritos que están obligados a decir verdad y a responder a todas las preguntas, le permite decidir a qué letrados responde y a cuáles no, elegir si responde o no, o guardar silencio sobre los hechos que motivaron el delito de revelación de secretos que se le achaca. Álvaro García Ortiz llega a este momento procesal con la misma miseria probatoria con la que terminó la instrucción y con varias pruebas de descargo y dudas razonables acreditadas. Son estas. En su primera declaración y siempre que se lo han preguntado (en el Senado, en entrevistas...), el fiscal general del Estado nunca lo ha negado. Ha borrado los datos de su teléfono e incluso ha cambiado de terminal. También ha eliminado mensajes de su cuenta de correo de Gmail. La razón que ha dado en cada ocasión es siempre la misma. Sus dispositivos y cuentas guardan miles de datos personales. Algunos relativos a investigaciones secretas que jamás deberían caer en manos de nadie. Otros se refieren a asuntos de vital importancia para el Estado en los que revelar identidades, direcciones (físicas o de correo electrónico), números de teléfono o cuentas bancarias. Toda esa información sensible hace especialmente importante en su caso que borre periódicamente sus dispositivos para evitar cualquier fuga como una pérdida de un teléfono o un hackeo, por ejemplo.Esa versión ha sido plenamente acreditada este martes por el fiscal Agustín Hidalgo de Morillo, delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado. El responsable de informar a los representantes del Ministerio Público sobre cómo proteger los datos que almacenan en sus aparatos. Hidalgo de Morillo ha asegurado que borrar los datos –como hace periódicamente García Ortiz– incluso "destruir los dispositivos" si es preciso, es una buena práctica cuando los datos que se almacenan son relevantes y pueden ser objeto de una brecha de seguridad. Al sustituir un terminal, ha afirmado Hidalgo de Murillo, el anterior debe "devolverse o destruirse". "Todos los los que disponemos de dispositivos somos responsables de los datos que contienen. Si el usuario en que los datos personales no vayan a ser borrados o suprimidos, tiene la facultad de destruirlos", ha dicho. Algo que se refuerza por el hecho de que en la Fiscalía "no hay un protocolo claro" para estas sustituciones.Además del borrado, el fiscal delegado también ha desmentido otra de las sospechas que explotan sin mucho éxito las acusaciones: el hecho de que el fiscal usara su correo personal del Gmail. Utilizar ese correo para recabar todos los datos del caso de Gonzáles Amador como hizo el fiscal general no representa "una brecha de seguridad" ni un incumplimiento de la guía del Ministerio Público para la protección de datos personales. Se trata "una recomendación", ha afirmado Hidalgo de Morillo, porque pueden darse situaciones en las que sea necesario recurrir a ese tipo de aplicaciones cuando se presentan problemas técnicos o por la necesidad de agilizar. "No se descarta que se utilicen otras aplicacioens que dan incluso mayor seguridad, como Gmail o WhatsApp", ha afirmado.La existencia de unas negociaciones de conformidad –es decir, los tratos entre un acusado y la Fiscalía para que el primero reconozca los delitos y pague las responsabilidades económicas derivadas de él a cambio de una pena inferior que evite el ingreso en prisión– fue una "exclusiva" de El Mundo, tal y como aseguró a preguntas de la fiscalía Esteban Urreiztieta, el autor de esa información publicada cerca de las 21.30 del 13 de marzo de 2024. Se trataba de una noticia errónea y descontextualizada, porque afirmaba que era la Fiscalía la que había ofrecido el pacto a González Amador, algo que no ocurre nunca: siempre es el acusado el que intenta el pacto cuando entiende que el caso no lo va a ganar.Pero, a pesar de ello, esa información contenía pasajes textuales del primer correo divulgado de esas negociaciones de conformidad. No fue el primero de esos emails –el que incluía la confesión del abogado del novio de Ayuso de dos delitos fiscales– sino otro muy posterior enviado por el fiscal del caso, Julián Salto, al abogado del novio de Ayuso, Carlos Neira, para informarle de la presentación de la querella contra su cliente y la disposición de negociar el pacto que previamente le había ofrecido y en el que se explicaba que Amador "ciertamente" había cometido dos delitos fiscales. Para la elaboración de esa información, Urreiztieta recibió ayuda de la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), y del propio González Amador, según afirmaron ambos la pasada semana en sus respectivas declaraciones.Fue, por tanto, Urreiztieta, con la ayuda de MAR y el novio de Ayuso el que elaboró la primera noticia sobre la existencia de conversaciones entre ambas partes –defensa y fiscalía– unas conversaciones que implican necesariamente la asunción de los hechos y la confesión de los delitos. Cuando el fiscal general obtuvo, pasadas las 11 de la noche de ese mismo día, todos los correos sobre esas negociaciones, hacía ya dos horas que su existencia había sido revelada por la principal acusación que actúa ahora contra él en el juicio del Supremo, la de González Amador, y el entorno de la presidenta madrileña. Que era MAR quien andaba difundiendo el bulo antes de la "exclusiva" de Urreiztieta lo acreditan los mensajes que un redactor de El País, Juan José Mateo, intercambió con su subdirector, José Manuel Romero, esa tarde, mientas le preguntaba por ello al principal asesor de Ayuso. Constan en un acta notarial incorporada a la causa. Los periodistas, el medio a través del que se cometió el supuesto delito de revelación de secretos que se ha investigado y ahora se juzga, han sido, probablemente, los testigos peor tratados en este proceso. Ni el instructor, el magistrado Ángel Hurtado, ni la Sala de Apelaciones del Supremo les han dado la más mínima credibilidad, permitiéndose prejuzgarlos por la línea editorial de sus medios o restándoles crédito por su derecho constitucional a no revelar sus fuentes. Pero en el juicio han declarado 12 periodistas y, pese a esa garantía profesional, lo han hecho bajo juramento de decir verdad, apercibidos de que, de no hacerlo, podrían ser juzgados por falso testimonio (hasta tres años de cárcel) y obligados a responder a todas las partes. De todos ellos, nueve, los más directamente relacionados con las informaciones sobre el caso por delitos fiscales contra el novio de Ayuso, han asegurado que accedieron al correo de cuya filtración se acusa al fiscal general lo conocieron o lo tuvieron físicamente antes que él, por lo que, según sus versiones, García Ortiz no pudo ser el filtrador, en contra del criterio de las asociaciones. Además, tres de ellos, el ex director adjunto de eldiario.es José Precedo, el redactor de La Sexta Alfonso Pérez Medina, el de la Cadena SER Miguel Ángel Campos –el que contó por primera vez la información de manera correcta, que había sido Amador y no la Fiscalía quien había ofrecido el pacto y que el novio de Ayuso confesó los delitos– negaron expresamente en sus interrogatorios que el fiscal general fuera su fuente. José Manuel Romero, antiguo subdirector de El País y ahora director adjunto de eldiario.es situó su fuente en "la Fiscalía de la Comunidad de Madrid", que dirige la principal testigo de cargo contra García Ortiz, Almudena Lastra. Se trata de otra de las líneas maestras de la defensa del fiscal general. Que el correo de cuya filtración se le acusa pasó por decenas, centenares de manos. Que no tuvo por qué ser Álvaro García Ortiz necesariamente el que lo facilitó a los medios. Que otros muchos fiscales, abogados del Estado y funcionarios pudieron hacerlo. Fue también la tesis del magistrado de la Sala de Apelaciones del Supremo Andrés Palomo del Arco, que en un voto particular discrepante en contra del procesamiento de García Ortiz, sostuvo que al menos 20 personas de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado o del entorno del novio de Ayuso tuvieron acceso a ese correo antes que el fiscal general. Sin embargo, según el magistrado, Hurtado mantuvo "un foco unidireccional" sobre García Ortiz con el objetivo de mantener la competencia del Supremo. Asumir la tesis de Palomo supondría enviar el caso a los juzgados de Instrucción de Madrid.Esa versión fue la que defendió durante su declaración la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, inicialmente imputada pero exenta del caso antes de que comenzara el juicio. Al correo con la confesión de Amador pudieron acceder, según relató, 12 fiscales y cuatro funcionarios de la cuenta genérica de la Fiscalía de Delitos Económicos a la que se envió, las 499 personas de la carpeta compartida de las guardias, la carpeta compartida que mantiene la propia Rodríguez con otros 10 funcionarios, otra carpeta compartida más entre Rodríguez y Lastra a la que tienen acceso otros tres funcionarios de la Fiscalía Superior y todos los fiscales delegados y decanos. Además, la denuncia se colgó en el programa de gestión procesal de la Fiscalía (Fortuny) a la que entran 524 fiscales y funcionarios, y también en el sistema informático Safi (176 fiscales y funcionarios). Asimismo, el 7 de marzo de 2024, los juzgados de Plaza de Castilla dieron cuenta de la denuncia a la Agencia Tributaria. Y otras 26 personas podrían haber accedido a la documentación a través de la cuenta genérica de la Fiscalía General del Estado.