El modelo social del Estado, tuvo un importante desarrollo en Alemania, a mediados del siglo XIX, impulsado por Otto Von Bismark. La función social del Estado, tras las terribles guerras mundiales del siglo XX, ha ido derivando en lo que hoy conocemos como estado del bienestar. Se sigue sustentando en la idea fuerza de que la financiación pública tiene que estar al servicio, tener utilidad, servir para el progreso del Pueblo en su integridad, haciendo disminuir las desigualdades sociales, ofreciendo coberturas suficientes, para hacer valer el carácter inclusivo, convergente, integrador.La equidad y la solidaridad son principios inherentes al mismo. Por eso, la salud, la educación, las infraestructuras son pilares esenciales de las políticas públicas en las últimas décadas. Son ellas las que han posibilitado, con todas las carencias que hemos de asumir en su puesta en práctica, un considerable progreso social y económico que ha tenido como centro a las personas.Cuando se demanda, de manera lícita, mayor financiación, muchos ayuntamientos, autonomías lo hacen, es necesario hacer un necesario ejercicio previo en el que hay que tener claro para qué se necesita. Una primera respuesta, general pero precisa, podría ser que la financiación pública se necesita para el progreso de las personas en armonía con el territorio en el que viven.Esta segunda parte de la definición, aunque arraigada en la historia pues no se entiende un Pueblo, una Cultura, sin un territorio, hace valer una idea más reciente que consiste en poner en valor la propia salud del territorio en el que sustentamos el progreso de la sociedad. Así, en la tercera década del siglo XXI, dada la enorme presión que estamos ejerciendo sobre el territorio, el impresionante grado de cambio e impacto que estamos causando que está llevando a la pauperización del ecosistema, al que hemos metido en la Sexta Extinción Global y que nos ha metido en una emergencia climática, las políticas del estado de bienestar, además de en las personas, tiene que fijarse y atender a las necesidades del territorio.Mejorar la calidad del territorio es mejorar la calidad de vidaPorque los territorios tienen una funcionalidad imprescindible, son ellos los que tienen que tener la capacidad de prestar servicios a las personas para posibilitar su progreso. Y para desarrollar esta imprescindible y necesaria funcionalidad, por la que nos proporcionan los servicios ecosistémicos, también debemos atender a sus necesidades.Porque justo lo contrario, la incapacidad del territorio de prestar servicios a la sociedad, es lo que lleva al vacío como así se comprueba en los lugares en los que no hay agua, suelo fértil, clima.Espacios huecos de progreso, agujeros negros de vida que se van agrandando debido a los efectos del cambio climático antropogénico. La gradación de la pérdida de esta funcionalidad del territorio es multinivel. Se produce cuando, como citan geógrafos, biólogos, meteorólogos, los territorios se hacen más hostiles, más impredecibles, se degradan.Para lograr la calidad de vida de las personas hay que mejorar la calidad del territorio. Según la gestión de ecosistemas, la conservación de la integridad funcional del entorno es la garantía de la preservación de todos los elementos que lo componen. Uno de ellos somos las personas.El territorio andaluz es maravillosamente complejoEl territorio andaluz es extraordinario, y maravillosamente complejo. Andalucía tiene 87.268 kilómetros cuadrados, en ellos se encuentran las mayores cotas de la Península Ibérica, más del 15% está por encima de 1000 m., 393 km de costa en el océano Atlántico, 670 kilómetros en el mar Mediterráneo. Cuenta con 365 espacios protegidos que suponen el 29,5% de la superficie. Tiene 4,75 millones de hectáreas de Superficie Agraria Útil. La dehesa son 1,2 millones de hectáreas. Tiene Andalucía 16.534 explotaciones ganaderas y 2.503 operadores pesqueros.Andalucía es grande y compleja territorialmente. Cuenta en noviembre de 2025 con una población de 8.696.038 personas. De ellas, el 44,2%, según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, vive en centros urbanos, el 38,2% en agrupaciones urbanas y el 17,6% en pequeños pueblos y diseminados rurales.Las celdas cartográficas que tienen población residente ocupan únicamente el 20,9% del territorio andaluz, y, de las cuales, el 71,7% pueden considerarse espacios urbanos o agrupaciones urbanas. En otras palabras, en tan solo el 0,9% del territorio de Andalucía se concentra el 71,7% de la población andaluza. La dinámica poblacional hace que esta concentración, siga aumentando, el éxodo rural a las ciudades, el crecimiento poblacional en la costa sigue su curso.El despoblamiento rural tiene efectos claros ya reconocidos: el envejecimiento y la masculinización, lo que ofrece tristes perspectivas. Junto a ello, otras cuestiones menos conocidas, pero de enorme relevancia: Empobrecimiento, derivado del simple paso del tiempo y del crecimiento de las pensiones respecto a la población activa, lo que hace caer el gasto medio diario y el consumo, lo que hace el medio rural menos atractivo para las compañías privadas, y una creciente debilidad fiscal del medio rural derivada de la menor recaudación de las entidades locales.Ciertos mensajes interesados y partidistas quieren hacernos creer que la financiación pública del medio rural es más costosa en la medida en que el número de beneficiados, el ratio de ocupación, o la intensidad del servicio respecto al coste fijo hace que se dispare la inversión por habitante. No deja de ser un pobre argumento que mira la financiación pública como una colecta de votos.Las políticas rurales no pueden considerarse de nichoPorque en la ecuación no se considera el imprescindible criterio de funcionalidad del territorio, esto es, la necesidad que tiene toda la sociedad para seguir subsistiendo de tener un medio rural, un territorio, sano, vivo y dinámico. Porque es el medio rural el espacio de oferta, que necesita de gestores para proveernos de alimento, pero también de bienes y servicios comunes básicos: aire, agua, energía, clima. En contraposición del medio urbano, un lugar de demanda.Por esta sencilla razón, las políticas rurales no pueden considerarse de nicho, como demasiadas opciones políticas parecen creer. Las políticas rurales son Políticas País que nos afectan a todos y es por lo que debe de considerarse la funcionalidad de los territorios en la definición de las políticas de financiación públicas.Tienen que incluirse en las políticas de país en los modelos de financiación autonómicos, medidas de compensación territorial, que permita, a los agricultores y ganaderos que viven en zonas más desfavorecidas por clima y/o suelo, no depender exclusivamente de unas rentas derivadas de los kilos que produzcan, que siempre, siempre van a ser menos que los de la agricultura intensiva y la ganadería industrial, situación que provoca los fenómenos que estamos sufriendo.Tenemos que caminar hacia la puesta en marcha del país de los 30 minutos, considerando que todo el territorio tenga acceso a los servicios públicos básicos a una distancia máxima de 30 minutos, poniendo en marcha medidas de escalabilidad y flexibilidad en la ubicación y radio de acción. Tenemos que hacer valer el papel de las ciudades intermedias y su papel fundamental como cabeceras de comarca. Tenemos, en definitiva, que perseguir el objetivo de que la financiación pública posibilite la vertebración del territorio.Demasiado poco hablamos de éxodo rural y cambio climático en Andalucía. Aún menos hacemos por frenarlo y revertirlo. Sin embargo, hoy es imprescindible un Estado de Bienestar que incluya en sus políticas transversales la salud del territorio, que es el garante de la salud de las generaciones futuras.