Es la asociación que pide penas más altas para el fiscal general del Estado. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), un colectivo conservador y muy minoritario en la carrera, ha ejercido una de las acusaciones populares contra Álvaro García Ortiz, para el que ha solicitado hasta seis años de cárcel. Su representación la ha dirigido Juan Antonio Frago, un exmiembro del Ministerio Público en excedencia que fue expulsado de ese cuerpo en 2013, cuando el conservador Eduardo Torres-Dulce era su máximo responsable. La sanción se debió a la desobediencia a sus superiores y varias faltas de respeto. Sin embargo, la Audiencia Nacional la declaró nula y fue readmitido. También como abogado acaba de ser sancionado –como ha adelantado eldiario.es– por atacar verbalmente a un investigado en X, la antigua Twitter. Durante el proceso abierto contra García Ortiz en el Supremo en octubre de 2024, que ha terminado con su juicio celebrado estas últimas dos semanas, APIF, de la mano de Frago, ha solicitado algunas de las diligencias más absurdas y extravagantes. En ocasiones ha demostrado una palpable falta de información sobre el papel de los testigos que han comparecido acusándoles de acciones supuestamente sospechosas que en realidad estaban plenamente justificadas y a las que los magistrados no han prestado la mínima atención. Durante el juicio, ha planteado al tribunal alegaciones sorprendentes, como la comparación del caso del fiscal general con el de José Bretón o una violación múltiple. APIF, a través de Frago, fue quien, durante la instrucción del caso, tras el insólito registro del despacho del fiscal general, solicitó al magistrado instructor, Ángel Hurtado, que ordenara a la Fiscalía General del Estado guardar las imágenes del día en que se clonaron todos los ordenadores y dispositivos del fiscal general. Lo hizo después de que el presidente de la asociación, el fiscal ya retirado Salvador Viada –que en los últimos meses no ha cesado de descalificar públicamente a García Ortiz siempre que ha podido– asegurara que había visto al fiscal general manipular su teléfono durante el registro de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su despacho, junto con su número dos, la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde. APIF acusó a ambos de alterar "una prueba crucial". Hurtado, tan reticente a practicar las diligencias solicitadas por la Fiscalía y la defensa, ordenó sin dilación conservar lo que se grabó por las cámaras de circuito cerrado.La diligencia ordenada por Hurtado presentó varios problemas. En primer lugar, porque demostró que ni Frago ni el propio instructor se habían leído el acta de registro, en la que se consignaba que, en el momento en que se había producido esa supuesta manipulación del celular, los agentes ya se lo habían dado de vuelta después de clonarlo. La UCO quiso, además, hacer constar en esa acta, la absoluta cooperación con los guardias que había ofrecido en todo momento el máximo responsable de la Fiscalía. La supuesta manipulación, además, se había producido delante de todos, en el patio interior de la Fiscalía, un lugar de tránsito continuo de personal de la casa, pero en el que no hay cámaras. Pese a esos dos hechos notorios, el instructor Hurtado llamó a declarar como testigo a Viada que, de la alarma inicial, pasó a asegurar que el episodio "no tenía ninguna importancia". Ya durante el juicio, a lo largo del breve interrogatorio de la número tres de la Fiscalía, la fiscal jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite, Frago acusó a la testigo de haber cambiado de teléfono tras el registro del despacho del fiscal general y el de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Sanz Gaite lo negó rotundamente. "Yo no he cambiado de teléfono nunca. Llevo más de 25 años con el mismo número", respondió la testigo. "Pero mi teléfono tiene dos tarjetas. Durante un viaje al extranjero cambié el número asociado a WhatsApp, al número que me garantiza datos fuera del país. Cuando lo hago, a todos mis contactos les llega una notificación que dice que he cambiado de número. Pero cuando vuelvo de viaje vuelvo al número de siempre", añadió. El infundio, Frago lo había sacado del medio digital The Objective que, el pasado 10 de septiembre, publicó un texto titulado La fiscal que decidirá sobre García Ortiz cambió de móvil tras el registro del despacho de su jefe. En ella se mostraba un pantallazo del WhatsApp con la notificación de Sanz Gaite había cambiado de teléfono el 1 de noviembre. Fuentes fiscales señalan que en ese momento estaba de viaje en América Latina. Era un bulo.Durante su alegato final ante la Sala, este jueves, Frago defendió que los magistrados podrían perfectamente condenar a García Ortiz pese a que no se haya encontrado ninguna prueba en sus dispositivos de que hubiera sido él el autor de la filtración de la que se le acusa. Lo hizo comparando el caso del fiscal general, con el de José Bretón, juzgado y condenado por asesinar a sus hijos de seis y dos años en el crimen que hizo saltar todas las alarmas sobre la violencia vicaria en España. "Los cuerpos [de los niños] nunca se encontraron", dijo Frago en estrados. "Pero se ha dado por probado que dicho borrado de la prueba, que es la eliminación, desgraciadamente, física de los niños, ha sido así", añadió entre las miradas de sorpresa del público. Después hizo otro parangón muy polémico con una violación en manada. "Cuando existe una violación múltiple a nadie se le ocurre decir que el segundo o tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción", señaló. Lo que pretendía es desmontar la propia doctrina del Tribunal Supremo sobre la revelación de secretos, que establece que, cuando lo que se revela ha sido previamente publicado, ya no es secreto. La defensa del fiscal general defiende, apoyándose en esa doctrina, que con la nota de prensa que desmintió el bulo difundido por el entorno de Ayuso, no se revelaba nada que no estuviera antes en los medios de comunicación.