Nada parecía indicar que la Comunidad de Madrid fuera a cumplir con la ley y crear finalmente un registro de objetores al aborto. La propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado de manera insistente en el último mes su expresa oposición a hacerlo. Este viernes, su consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha confirmado las sospechas: la comunidad no creará un registro de objetores.El pasado 14 de octubre, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal a los territorios que todavía no habían creado el listado. El departamento de Mónica García les concedía el plazo de un mes para ponerse manos a la obra. Illes Balears y Asturias respondieron afirmativamente, pero la Comunidad de Madrid no se movió un ápice de su posición.Este viernes, día en el que finaliza el periodo estipulado, la consejera manifestó en declaraciones a los medios de comunicación que su gobierno no quiere "señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos", en la línea de lo expresado con anterioridad por la presidenta conservadora. "Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario", ha añadido.¿Cuál es el margen en el que se mueve ahora el Gobierno? Lo cierto es que la opción de los tribunales ha estado desde el primer momento sobre la mesa, pero para activar esa vía es necesaria una oposición explícita y formal de la comunidad. Así lo explicaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en entrevista con infoLibre: "Para interponer un recurso contencioso administrativo es necesario que se produzca un acto administrativo contrario a la ley. La respuesta negativa a elaborar el registro de objetores sería ese acto administrativo que da pie al recurso".La pregunta, entonces, es evidente: ¿son las declaraciones de la consejera ese acto contrario a la ley? Fuentes del ministerio entienden que podrían serlo, pero prefieren optar por la cautela. Sanidad, por su parte, se inclina por apurar hasta el último minuto para tomar una decisión. La propia Mónica García lo ha recalcado así en redes sociales: "Esta noche [por la noche del viernes] a las 00:00 acaba el plazo para que la Comunidad de Madrid acepte elaborar la lista de objetores de conciencia para las interrupciones voluntarias del embarazo. Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo". Fuentes del departamento confirman estar estudiando todas las posibilidades para dar respuesta, pero insisten en que prefieren esperar.El problema emerge cuando la oposición del gobierno regional es puramente discursiva y no se traslada a ningún acto administrativo. "Si no hay respuesta de la Comunidad de Madrid, la interposición del recurso se complica", reconocía Redondo. "Eso es lo que parece apuntar sibilinamente la señora Ayuso cuando ha hecho declaraciones públicas al respecto. En tal caso habría que estudiar la respuesta y la Fiscalía tendría que valorar qué acciones cabría emprender".Fuentes jurídicas lo explicaban así a este diario: en caso de que exista un "acto jurídico madrileño" en el que se explicite el incumplimiento de la ley, "eso sí se puede anular". Es decir, si la comunidad dicta una instrucción o un acuerdo en el que se materialice dicha pretensión, sí podría ser recurrido directamente ante los tribunales. Pero no resulta tan sencillo en el caso de los posicionamientos estrictamente políticos. La inacción por sí sola es difícil de confrontar.A medida que la ofensiva de la Comunidad de Madrid fue haciéndose más agresiva, el Gobierno comenzó a valorar otras alternativas para garantizar el derecho al aborto. La principal apuesta tiene que ver con su blindaje constitucional.El Ejecutivo ha apostado por introducir la interrupción voluntaria del embarazo a través de una reforma del artículo 43. Es decir, descarta la posibilidad de insertarlo como derecho fundamental garantizado. Igualdad no cree necesario incorporarlo en el título primero, como derecho fundamental, porque asegura que de facto ya está reconocido como tal jurisprudencialmente. Sí estima importante blindar su "dimensión prestacional", porque lanza un mensaje a los poderes públicos: la obligación de poner los medios necesarios para garantizar la libre interrupción del embarazo. Tanto las juristas como las expertas feministas se han mostrado especialmente críticas con esta vía e insisten en que sería deseable incluirlo como un derecho fundamental.El registro de objetores de conciencia fue una de las propuestas estrella de la anterior legislatura en materia de igualdad. La objeción de conciencia quedó regulada entonces en distintos artículos de la ley del aborto. Por un lado, demanda la creación en cada comunidad autónoma y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar por motivos de conciencia. Por otro, la norma establece la necesidad de trazar un protocolo específico que incluya las condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos con la creación de este registro.En un primer momento, fueron numerosas las comunidades que justificaron su inacción apoyándose en la ausencia de este protocolo común. Pero en diciembre del año pasado, el departamento de Mónica García sacó adelante los criterios de base para poder desarrollar los registros. "Les decimos a las comunidades autónomas que, en cumplimiento de la ley, ya tienen ese registro, con lo cual ya no hay excusas para incumplir la ley. Se han designado los criterios mínimos y ha salido con total consenso", señaló entonces la ministra.Ha pasado casi un año desde entonces. Y la Comunidad de Madrid, que sí cuenta con un registro de objetores a la eutanasia, ya no se sonroja al afirmar sin titubeos que no va a cumplir con la ley.