La Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha solicitado a la asociación Amama que entregue en un plazo de diez días hábiles toda la información, documentación o testimonios que posea sobre posibles incidencias en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. La petición se dirige a esclarecer eventuales fallos en la comunicación y en los tiempos de realización de pruebas diagnósticas tras hallazgos radiológicos considerados probablemente benignos.En este contexto, fuentes de la Junta de Andalucía recuerdan que la ley andaluza de Salud Pública tipifica como infracción muy grave la negativa a facilitar información a las autoridades sanitarias, una falta que puede conllevar sanciones de entre 15.001 y 600.000 euros. El requerimiento del SAS se enmarca en esta obligación de colaboración y busca recopilar datos que permitan revisar cualquier caso que no haya sido registrado por los circuitos oficiales.El escrito recibido por Amama precisa que la información solicitada se empleará exclusivamente en actuaciones de investigación administrativa, análisis técnico-sanitario y mejora asistencial. Añade que los datos serán tratados con confidencialidad y que su objetivo es asegurar el cumplimiento de las funciones de vigilancia y protección de la salud pública, además de evitar la alarma social vinculada a cifras o afirmaciones no verificadas.La Administración sanitaria sostiene que las declaraciones públicas realizadas por Amama en los últimos meses, referidas a posibles fallos en el programa de cribado, apuntan a un volumen de mujeres afectadas muy superior al comunicado oficialmente. El SAS considera necesario aclarar esa discrepancia y obtener documentación que permita contrastar la información difundida por la asociación.Las cifras no cuadranEl organismo recuerda que la Junta ha facilitado de manera continuada datos completos y contrastados en el marco de la Comisión de Participación y Seguimiento del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, en la que participa Amama. En ese espacio, afirma haber informado de los casos en los que se detectaron fallos de comunicación y de aquellos que registraron retrasos en pruebas complementarias indicadas tras hallazgos radiológicos.Según el SAS, las cifras divulgadas por la asociación no coinciden con los registros clínicos oficiales, una diferencia que considera de relevancia sanitaria y social y que, a su juicio, requiere una aclaración inmediata. La Administración sostiene que el requerimiento se ajusta a sus competencias en materia de sanidad y salud pública y al deber de colaboración previsto en la normativa vigente.