Mientras los montes de la España plurinacional se consumen por las llamas, las administraciones públicas siguen apostando por un modelo forestal que ha demostrado ser ineficaz, precario y profundamente irresponsable. La privatización parcial del cuidado forestal, lejos de mejorar la gestión, ha fragmentado el sistema, debilitado la prevención y precarizado a quienes arriesgan su vida en primera línea.Desde 2009, el presupuesto destinado a la gestión forestal ha caído un 26%. La prevención, que debería ser el pilar de cualquier política forestal, ha sido la gran sacrificada: solo 175 millones de euros en 2022 (desde esa fecha no hay presupuestos). En cambio, el coste de la extinción —más mediática— se mantiene estable en 417 millones de euros. Es mejor negocio apagar fuegos, que evitarlos.Esa estrategia planificada de abandono para confiar en la suerte, es suicida. Cada euro invertido en prevención ahorra entre 5 y 10 en extinción. Los bomberos forestales, tanto públicos como subcontratados, trabajan en condiciones que rozan lo inhumano, con jornadas de hasta 21 horas sin descanso, salarios que apenas superan los 1.200 euros en temporada alta, contratos temporales que los expulsan del sistema cada octubre y equipos de protección insuficientes, avituallamiento precario y alojamiento indigno.La Ley Básica de Bomberos Forestales, aprobada en 2024, prometía dignidad y reconocimiento. Pero ninguna comunidad autónoma la ha aplicado y el gobierno central ni se molesta en exigir responsabilidades, prefiere la retórica del “y tú haces menos”. Las empresas privadas forestales, contratadas por licitación, cumplen funciones de prevención y apoyo. Pero no tienen medios aéreos, ni capacidad operativa para incendios graves. Además, sus trabajadores sufren la misma precariedad, o peor, que los públicos, pero sin reconocimiento oficial. La fragmentación del sistema genera descoordinación, desigualdad territorial y falta de planificación.[articles:339062]Durante décadas, tanto el PSOE como el PP han promovido políticas de privatización forestal que han convertido el cuidado de los montes en un negocio especulativo. Bajo su gestión, el medio rural ha sido abandonado, precarizado y convertido en un campo de batalla para empresas que compiten por contratos públicos mientras los incendios se multiplican. Ambos partidos han favorecido la externalización de servicios esenciales forestales, debilitando la estructura pública; contratos temporales y subcontratación, que impiden profesionalizar el sector; desregulación del territorio rural, facilitando la acumulación de combustible vegetal y, silencio institucional ante la precariedad laboral, ignorando las denuncias de bomberos forestales, mientras, las empresas privadas se retiran sin asumir responsabilidades. Y lo más grave: ninguno de los dos partidos tiene previsto cambiar de modelo y siguen utilizando el desastre forestal con un vergonzante “pim, pam, pum” rentista, sin visión de futuro ni respeto por quienes protegen nuestros montes.La solución no es más privatización. Es crear una empresa pública forestal en cada comunidad autónoma, lo que exige un presupuesto suficiente para prevención, formación y medios técnicos; contratación anual, no estacional, para garantizar continuidad y profesionalización; condiciones laborales dignas: salarios justos, equipos adecuados, reconocimiento oficial y coordinación estatal para emergencias graves, con apoyo de BRIF y UME. En definitiva, un sistema forestal público, digno y eficaz. Esta estructura permitiría una gestión forestal integral, sostenible y eficaz. No se trata solo de apagar fuegos: se trata de cuidar nuestros montes, proteger a quienes los defienden y dejar de improvisar cada verano. La negligencia institucional está convirtiendo los incendios en catástrofes anunciadas. Mientras los gobiernos se escudan en licitaciones y promesas vacías, el país arde.El PP acusa al Gobierno central de no enviar suficientes medios, de reaccionar tarde y de no coordinarse con las comunidades autónomas. El PSOE responde que los gobiernos autonómicos son los competentes, que recortan en prevención, contratan bomberos solo en verano y están “de vacaciones” mientras el fuego avanza. Pero, detrás de esta confrontación hay una coincidencia estructural: Ambos partidos han recortado más del 50% del presupuesto en prevención desde 2009 y han externalizado servicios forestales a empresas privadas sin capacidad operativa completa. Ninguno ha aplicado la Ley Básica de Bomberos Forestales, aprobada en 2024Existe una verdad oficial: “Estamos movilizando todos los recursos”, “hemos aumentado el presupuesto”, sin embargo, la verdad es que el monte está abandonado y el fuego se convierte en oportunidad de negocio. El sector privado no tiene interés en la prevención, no es rentable. Lo que sí genera beneficios es la extinción (contratos millonarios), la restauración postincendio (reforestaciones, maquinaria, subvenciones). Y, sobre todo, la recalificación de terrenos quemados para nuevos usos turísticos. PSOE y PP, en cuanto gobernantes en cada uno de sus ámbitos, son responsables directos del desastre. Los discursos no apagan incendios.La Junta de Comerciales de Andalucía ha presumido de tener el mayor presupuesto de la historia para el Plan Infoca: 257 millones de euros, pero gran parte del presupuesto de prevención no se ejecuta. Según fuentes internas del propio Infoca, más de 229 millones de euros en prevención han quedado sin utilizar en los últimos años.Andalucía necesita cambiar su modelo forestal y abandonar la externalización del servicio. Redistribuir el presupuesto del Plan Infoca permitiría crear empleo rural, proteger los montes y evitar incendios devastadores, sin aumentar el gasto total. Prevenir es más eficaz, más justo y más sostenible.