El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado que no hay avances en la negociación con los propietarios de los siete reactores nucleares de la península para extender la vida de las centrales. Según adelantó El País este jueves, el Gobierno y los dos grandes dueños de las plantas (Endesa e Iberdrola) se han intercambiado cartas en las que debaten sobre este asunto, pero el ministerio salió después a aclarar que no moverá ficha hasta que las eléctricas garanticen que la operación no costará dinero al contribuyente.La clave está en que los cuatro propietarios, entre los que se encuentran también Naturgy y EDP, todavía no han enseñado sus cartas y no dicen cuánto costará extender el funcionamiento de las centrales durante unos años más. Las empresas ya han solicitado por todos los medios una rebaja de impuestos o un recorte en la conocida como tasa Enresa con el argumento de que su negocio no es viable, y el Gobierno entiende que renegociar la vida de los reactores será la excusa perfecta para solicitar este recorte tributario por parte de las compañías.El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, subrayó este jueves que por ahora la negociación está estancada porque no tienen garantías sobre ese punto. "El punto más relevante de debate es que no suponga trasladar a los consumidores ningún coste añadido. Y a día de hoy no se cumplen esas condiciones. Eso es lo que dijo la vicepresidenta por escrito [a las compañías]", aclaró el alto cargo de Transición Ecológica en una entrevista en Radio Nacional.Para no dejar ninguna duda en el aire, Groizard aclaró que no compartía la tesis del artículo de El País, titulado 'El Gobierno se abre a la extensión de la vida de las nucleares si no encarece el recibo'. "Me ha sorprendido el titular porque no ha habido ninguna novedad", dijo el encargado de la política energética. Añadió también que su ministerio tiene otras dos condiciones para las nucleares: que se cumplan los criterios de seguridad y que se garantice el suministro eléctrico, dos exigencias que previsiblemente no supondrán un escollo para la negociación. En realidad, el propio presidente Pedro Sánchez ya abrió la puerta a rehacer el calendario en mayo, siempre que las eléctricas cumpliesen con las tres condiciones.Aunque el calendario avanza rápido, todavía hay margen para negociar hasta marzo de 2026, fecha en que las propietarias de la central de Almaraz (Cáceres) deberán comunicar el cierre definitivo de sus dos reactores, que se apagarán por completo entre 2027 y 2028. Tras conocerse la noticia, también reaccionó la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que arremetió contra esta posibilidad. "Hace años que España tiene este debate cerrado y los plazos de cierre son muy claros. No vamos a permitirlo", escribió en Bluesky,El sobrecoste de mantener encendidos los siete reactores durante cinco, diez o veinte años es un debate que sobrevuela en el sector desde hace años, pero todavía ninguna compañía se ha atrevido a dar cifras. Este incremento incluiría una revisión y puesta a punto de las plantas, la compra de nuevo combustible y el encarecimiento del coste total de la tasa Enresa —puesto que cubre la gestión de los residuos nucleares y a más años de operación, más toneladas—. Aunque alargar el funcionamiento de los reactores también permitiría que la tasa Enresa sería más fácil de devolver porque la cantidad total se amortizaría a lo largo de más años, reduciendo su coste por megavatio.En Bélgica, el Gobierno planteó en 2022 a Engie posponer diez años más la vida de dos de sus reactores, Doel 4 y Tihange 3, hasta 2035, y a cambio va a tener que aportar una ingente cantidad de dinero. Para empezar, el ejecutivo tuvo que tomar el 50% de la propiedad de los dos reactores y costear una parte de las obras de modernización, que ascenderán a entre 2.000 y 2.500 millones de euros. Como esa energía no puede competir en coste con las renovables, el Estado también comprará la luz a un precio más o menos fijo mediante un contrato por diferencias (CfD), lo que se estima que encarecerá la factura entre 1.500 y 1.800 millones de euros durante esta década.A comienzos de junio, la ministra Sara Aagesen recibió una carta de Mario Ruiz-Tagle (consejero delegado de Iberdrola España) y José Bogas (consejero delegado de Endesa) en la que solicitaban de manera informal extender el calendario de cierre. Según desveló después el Gobierno, la petición estaba "condicionada a modificar el vigente marco normativo de las centrales en perjuicio de los ciudadanos al reducir la tributación de las instalaciones y otras medidas económicas". Es decir, incluía una propuesta para trasladar el sobrecoste a los ciudadanos.infoLibre ha tratado de acceder a la carta de las compañías y a la respuesta de Aagesen, que se envió días después, pero ambas partes han rechazado mostrarlas. Las compañías, a través de la patronal Foro Nuclear, tampoco aclaran cuáles son los tributos que quieren reducir para seguir operando, aunque han recurrido judicialmente el incremento de la tasa Enresa de 2024, que pasó de 6,69 €/MWh (la cifra pactada en 2019) a 10,36 €/MWh. El Ministerio ya ha reiterado que esa cuantía no es negociable.La otra opción es abordar las ecotasas autonómicas, un impuesto que han ido introduciendo las comunidades para compensar el impacto ambiental en la región de albergar estas centrales. En 2010 lo hizo Extremadura (donde está Almaraz I y II), en 2013 la Comunitat Valenciana (Cofrentes), y en 2020 Cataluña (Ascó I y II, y Vandellós II) fijó la que es por ahora la más alta: 6,65 €/MWh. Carlos Mazón decidió unilateralmente retirar este impuesto en mayo para beneficiar a Iberdrola, y renunció a 14 millones al año para los valencianos.El Ministerio de Transición Ecológica también se amparó este jueves en que las propias compañías no se aclaran entre ellas, de ahí que la carta (no oficial) que recibió la vicepresidenta Sara Aagesen en junio solo estuviera firmada por Iberdrola y Endesa. Naturgy y EDP también tienen porcentajes minoritarios de las centrales de Almaraz y Trillo, y en los últimos meses han trasladado que prefieren una extensión limitada de la vida del parque, especialmente Naturgy, que tiene una apuesta muy fuerte en gas natural, el combustible que serviría de respaldo principal tras el cierre nuclear. "En varias centrales, Almaraz entre ellas, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación", recuerdan fuentes del Ejecutivo.