El Gobierno Nacional, a través del Departamento Nacional de Planeación, dio a conocer un proyecto de decreto que busca modificar el artículo 2.2.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. Esta disposición actualmente restringe la posibilidad de reprogramar vigencias futuras a casos donde únicamente se modifique el plazo, sin alterar la distribución anual de los recursos. Este proyecto no cayó nada bien en el sector.Puede ver: Gobierno alista decreto para aplazar vigencias futuras de obras de infraestructuraSegún el texto del borrador, el objetivo es permitir ajustes técnicos, jurídicos y fiscales que posibiliten modificar tanto el plazo como la distribución anual de las vigencias futuras previamente aprobadas, siempre que no se incremente el monto total autorizado en pesos constantes y se mantenga la coherencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y los cupos sectoriales aprobados.El documento indica que la intención es facilitar “una adecuada gestión presupuestal y contractual en el marco de los proyectos de Asociación Público-Privada, sin que ello implique una nueva autorización presupuestal, ni afecte las competencias conferidas por la Ley al Consejo Nacional de Política Fiscal (Confis)”.El ajuste propuesto coincide con el reciente acuerdo entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá para aplazar los aportes correspondientes a las Líneas 1 y 2 del Metro de Bogotá, particularmente los giros previstos para julio y los pagos relacionados con la segunda línea, que quedarían a cargo del próximo gobierno.¿Cómo se podrían reprogramar las vigencias?El decreto detalla que los órganos ejecutores podrán solicitar al Confis la reprogramación de vigencias futuras cuando se requiera modificar el plazo o los cupos anuales, cumpliendo las siguientes condiciones:- Presentar una justificación técnica, legal y financiera respecto al proyecto específico de Asociación Público-Privada.- Entregar una propuesta de cronograma actualizado con los montos anuales por vigencia fiscal.- Certificar que no se incrementa el valor total del contrato en pesos constantes de la autorización inicial.- Contar con concepto previo favorable del ministerio o entidad cabeza del sector sobre la viabilidad de la reprogramación.- Garantizar que los valores propuestos tienen disponibilidad dentro del cupo sectorial asignado.También lea: China apoyará a Colombia en estructuración de seis proyectos ferroviariosVías de ColombiaAgencia Nacional de Seguridad VialCCI: El proyecto es ilegal e inconstitucionalLa Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), en cabeza de su presidente ejecutivo Juan Martín Caicedo Ferrer, manifestó fuertes reparos frente al borrador del decreto. En un comunicado divulgado, la entidad afirmó que la propuesta genera serias dudas acerca de su constitucionalidad y legalidad, por cuanto desconoce instancias y procedimientos actualmente regulados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en la ley de Asociaciones Público-Privadas.Según la CCI, el decreto contraviene el control de advertencia emitido recientemente por la Contraloría General de la República, “en el sentido de que las vigencias futuras —pactadas en los contratos de concesión— no pueden modificarse unilateralmente”.El gremio advirtió que la modificación propuesta pone en serio riesgo la viabilidad financiera de todos los proyectos (iniciativas públicas de los programas 4G y 5G) y los recursos de ahorradores que están apalancando la ejecución de decenas de obras, su operación y mantenimiento a lo largo y ancho del país.Además, señaló que “cualquier modificación en el presupuesto, sin justificación técnica y legal, va en detrimento del propio Estado, afecta la confianza inversionista, defrauda el principio de transparencia —que debe primar en una relación contractual— y limita por ende las posibilidades de generar valor agregado, competitividad y desarrollo económico”.La Cámara también enfatizó que el decreto propuesto, en la práctica, “generaría un incumplimiento de los contratos por parte del Estado, lo cual causaría perjuicios y detrimento patrimonial”.También vea: ANI iniciará estudios para intervenir 16 puntos críticos de la Perimetral del OrienteVías a cargo del InvíasInvíasPreocupación por impacto en seguridad jurídica e inversiónPara la CCI, una de las consecuencias más preocupantes de este proyecto normativo es el impacto sobre el clima de inversión y la seguridad jurídica. “Modificaciones en las reglas de juego, como lo plantea el proyecto de decreto, generan barreras de entrada para la inversión e inseguridad jurídica”, indicó el comunicado.El gremio sostuvo que el decreto crea un precedente que puede desincentivar la participación del sector privado en futuras iniciativas de infraestructura, especialmente aquellas bajo esquemas de Asociación Público-Privada, que requieren de garantías institucionales estables para su ejecución.En ese sentido, la CCI subraya que los compromisos adquiridos por el Estado en los contratos vigentes deben respetarse integralmente, y cualquier cambio debe contar con el consenso de las partes involucradas y estar debidamente sustentado en la normativa vigente.Por su parte, el proyecto de decreto también incluye consideraciones en torno al seguimiento del gasto público. En su parte final, se señala que “en aplicación del Plan de Desarrollo, el Estado debe analizar el impacto del gasto público directo e indirecto, buscando que haya una relación entre el destino de los recursos y el resultado esperado”.PAULA GALEANO BALAGUERAPeriodista de Portafolio