Con la expedición del Decreto 858 del 30 de julio de 2025, el Gobierno Nacional reglamentó algunos de los puntos claves de su proyecto de reforma a la salud. En términos generales, la normativa dispone adoptar el modelo preventivo que plantea el articulado como una política pública en todo el territorio colombiano. (Lea más: Por decreto, Gobierno reglamenta puntos clave contenidos en la reforma a la salud)La medida aplica para todos los actores de la salud, incluyendo las promotoras de salud, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), la Administradora de los Recursos del Sistema General Seguridad Social de Salud (Adres), entre otros. Con la entrada en vigencia de esta norma, varios sectores asociados con la salud se han pronunciado. Esto incluye a Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que representa a las EPS, desde donde se abordó el impacto que podrían llegar a tener estos cambios estructurales en el sistema. En conversación con 'Caracol Radio', la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, señaló que una de las principales preocupaciones se concentra en el "desdibujamiento" que tendrían algunos roles esenciales. Esto sumado a la falta de claridad en las funciones y la fragmentación en los niveles de atención, lo que podría impactar no solo en el financiamiento, sino también en los usuarios. "Las EPS cumplen un rol de agente en el sistema que tiene unas funciones de punta a punta y usted puede ser responsable de esas funciones y de sus usuarios y de sus pacientes en la medida en que tenga herramientas para hacerlo. Pero, la crítica y a lo que no están dispuestas las EPS es a seguir teniendo la responsabilidad sin las sin los instrumentos y las herramientas para cumplir por ello", destacó. Vesga también hizo énfasis en que el problema de fondo es la desprotección a la que se enfrentarían los usuarios del sistema, pues estarían "navegando" entre varios agentes de salud que harán parte del sistema, como los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), las entidades territoriales, etc. En otra entrevista con 'W Radio', la líder gremial también indicó que "mientras el decreto mantenga su fuerza de ley y no sea demandado, no hay opción distinta a adherirse, pero, desde luego, hay que iniciar y revisar las acciones legales que proceden". (Más noticias: Gobierno Petro busca cerrar el cuatrienio con la tributaria más alta de la historia)Ana María Vesga, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi),Cesar Melgarejo - El tiempoDesde otro frente, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se refirió a la implementación del decreto. A través de un mensaje de X, Mac Master señaló que con la publicación de esta normativa "el Gobierno decidió imponer su idea de sistema de salud, muy probablemente en forma ilegal e inconstitucional". Además, resaltó que este no brinda mucha claridad respecto a cómo va a ser la financiación del sistema y de los servicios que se incorporarán. "La irresponsabilidad, desde tal tamaño, que ni siquiera se tomaron el trabajo de entender de donde provendrán los recursos para poder atender el sistema, ni tampoco se tomaron el trabajo de pensar el efecto en los trabajadores de la salud que viene en este momento, un inmenso riesgo en su estabilidad", resaltó. De igual forma, el presidente de la Andi hizo énfasis en que la normativa no tiene en consideración a los pacientes que hoy en día no saben cuál es la ruta de atención o los que tienen que interrumpir su ruta actual. "El presidente decidió que esta era una de sus banderas, y nunca entendió cuáles eran los riesgos, a los cuales está sometiendo los pacientes", añadió. (Lea más: Banco de la República bajaría su tasa para agosto un cuarto de punto)El gobierno decidió imponer su idea de sistema de salud, muy probablemente en forma ilegal e inconstitucional, mediante un decreto que reglamento lo que supuestamente el mismo gobierno creía, se debería hacer a través de una ley. El gobierno sabe que la presunción de legalidad…— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) July 31, 2025En esa misma línea, mencionó que con esta norma el Gobierno no solo sería el encargado de manejar los recursos del sistema, sino que también podría "definir cómo será la contratación de bienes y servicios que están relacionados con el mismo". "Son más de 12,000 entidades públicas y privadas que prestan el servicio de salud en Colombia y casi 1 millón de trabajadores que entran hoy en Alerta General por la incertidumbre generada en forma arbitraria y autoritaria por el ejecutivo que no tiene la capacidad de tomar estas decisiones, pero aboca al país a una situación sin control", concluyó. Es importante señalar que el decreto comenzó a regir desde su publicación. No obstante, en este se establece un periodo de transición que facilitará su implementación y adopción por parte de todos los actores del sistema. (Lea más: Supersalud pide aclaración y nulidad parcial de fallo de la Corte en caso EPS Sanitas)PORTAFOLIO