El Gobierno de coalición formado por PSOE y Sumar ha cerrado un acuerdo para ampliar el permiso por nacimiento, que pasará de las 16 semanas actuales a un total de 17. Además, se incluirán dos semanas retribuidas de permiso parental para el cuidado de menores. La medida forma parte del desarrollo normativo previsto en el Real Decreto-ley de permisos, cuya aprobación está prevista en el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de julio.Fuentes de Sumar han señalado que esta ampliación tendrá efectos inmediatos y responde al objetivo de adaptar la legislación española a las exigencias de la Unión Europea. En concreto, se prevé que la semana adicional de permiso por nacimiento y cuidado se aplique durante el primer año de vida del menor. Las dos semanas de permiso parental retribuido, por su parte, se concederán para el cuidado de menores de hasta ocho años y tendrán carácter retroactivo desde agosto de 2024, fecha en la que vencía el plazo para transponer la correspondiente directiva europea.El acuerdo también contempla un régimen específico para las familias monoparentales, que tendrán derecho a un total de 32 semanas de permisos por nacimiento y cuidado, de las cuales cuatro podrán disfrutarse hasta que el menor cumpla los ocho años. Esta medida busca equiparar en lo posible los derechos de estas familias con los que tienen dos progenitores.Una norma para evitar sanciones de la UESegún las mismas fuentes, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley, las personas trabajadoras tendrán derecho a 19 semanas de permisos retribuidos por nacimiento y cuidado. De estas, dos corresponderán a permisos parentales para menores de ocho años. Estas semanas se sumarán a las ocho semanas no retribuidas ya reconocidas por el Estatuto de los Trabajadores y a la posibilidad de acumular el permiso por lactancia, una opción confirmada por el Ministerio de Trabajo en una norma aprobada a principios de este año.Desde Sumar consideran prioritario que la norma se apruebe en el Consejo de Ministros de este martes, con el fin de evitar una posible sanción por parte de la Unión Europea. Según han advertido, España se enfrenta a una multa superior a los 40.000 euros diarios si no cumple con la normativa europea a partir del 1 de agosto.