El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está ya a un paso del banquillo después de que la Sala de Apelación del Supremo haya confirmado la decisión de procesarlo por un presunto delito de revelación de secretos. Podría enfrentarse hasta a seis años de prisión. Según la resolución, García Ortiz habría impulsado y coordinado personalmente la filtración a la prensa de información confidencial sobre la investigación fiscal abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.El origen del caso se remonta al 13 de marzo de 2024, cuando se filtró a los medios un correo confidencial fechado el 2 de febrero, en el que la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer los delitos fiscales que se le atribuían. Apenas unas horas después, la Fiscalía General del Estado publicó una nota de prensa detallando este intercambio de correos, lo que desató la tormenta.Según los jueces, hay una relación temporal especialmente relevante entre la filtración, la publicación en medios como El Mundo, La Sexta y la SER, y las acciones del fiscal general para dar la información. Los correos fueron enviados por Rodríguez a García Ortiz a las 21:59 h del 13 de marzo. A las 23:25 h, la SER ya adelantaba el contenido del email en directo, y lo amplió en su web a las 23:51 horas. Entre esos minutos se sucedieron otros envíos de correos y peticiones del propio García Ortiz, según documenta la Sala.Más aún, los magistrados subrayan que García Ortiz borró todos los correos electrónicos de su cuenta personal y los mensajes de WhatsApp, una acción que consideran deliberada para ocultar pruebas. El fiscal general intentó defenderse alegando que el entorno de Ayuso ya conocía el contenido del correo antes de que él accediera a él, pero el tribunal responde tajante que no hay ninguna evidencia de que ni González Amador ni su abogado ni Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, fueran los autores de la filtración. Además, los magistrados desmontan otra de sus líneas de defensa, señalando que varios periodistas dijeron haber conocido la información, pero que ninguno la publicó hasta después de la filtración.Por último, la Sala considera que el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía, aunque tenía el propósito de desmentir lo publicado por El Mundo, no justificaba revelar información reservada, lo que constituye otro indicio del presunto delito.