Una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres sudamericanas ha sido desmantelada por la Policía Nacional en el marco de la Operación Tinta, desarrollada el pasado 16 de julio. El dispositivo, en el que participaron más de cincuenta agentes, permitió la detención de 15 personas y la liberación de 15 víctimas, que eran obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de extrema vulnerabilidad en varios municipios del Campo de Gibraltar, como Algeciras, Los Barrios y San Roque, además de en la ciudad de Barcelona.La organización criminal operaba a través de un entramado empresarial que incluía agencias de viajes ficticias, utilizadas para gestionar el traslado de mujeres jóvenes desde Venezuela y Colombia. Una vez en España, eran conducidas directamente a chalets habilitados como casas prostíbulo, donde contraían una deuda económica que debían “salvar” mediante el ejercicio forzado de la prostitución. Las víctimas, como han señalado fuentes de la investigación, eran obligadas a presentarse ante los clientes para ser elegidas, bajo amenaza y control constante. Prostitución forzada y blanqueo de capitales en pisos turísticosEstos inmuebles, convertidos en establecimientos de alterne, contaban con máquinas tragaperras, habitaciones separadas y sistemas de timbres que avisaban a las mujeres de la llegada de clientes. Mientras tanto, una rama de la red operaba en Barcelona, donde dos de los implicados gestionaban una empresa de construcción que reformaba ilegalmente varios apartamentos en un edificio de oficinas. Dichos pisos iban a ser destinados al alquiler temporal para el ejercicio de la prostitución, una práctica que, según los investigadores, se está volviendo habitual en grandes ciudades como Madrid o Barcelona.La operación también reveló la existencia de empresas pantalla de intermediación inmobiliaria, empleadas para blanquear los beneficios generados por la explotación sexual. Parte del dinero se canalizaba hacia reformas, mientras que otra parte servía para financiar la infraestructura delictiva, que incluía el control del transporte, la vigilancia de las víctimas y la captación de nuevas mujeres en situación de necesidad.Vídeo de la operación policial llevada a cabo.En total, seis taxistas fueron detenidos como colaboradores del entramado. Estos conductores, con licencias principalmente en Algeciras y Los Barrios, se encargaban de trasladar a las víctimas a los servicios sexuales a domicilio y mantenerlas bajo supervisión. Su labor era clave para el funcionamiento cotidiano de la red, ya que también actuaban como enlaces logísticos entre los distintos pisos y responsables de la organización.Las víctimas, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, habían sido captadas en sus países de origen con falsas promesas de trabajo y estabilidad en España. Procedentes de entornos marcados por la precariedad económica y la desestructuración familiar, eran vulnerables a cualquier oferta que les permitiera escapar de esa situación. Tras más de un año de investigación, el operativo culminó con la imputación de los detenidos por delitos de trata de seres humanos, prostitución forzada, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Siete de ellos permanecen en prisión provisional, por orden del Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, que se ha hecho cargo del caso.