El todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a sentarse en el banquillo de los acusados , por lo que su continuidad al frente del Ministerio Público es inviable desde cualquier punto de vista. Aun cuando siga convencido de su inocencia en la revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el deber profesional y moral de García Ortiz es irse. Un acusado como él no puede ni debe seguir impartiendo instrucciones y órdenes a los fiscales españoles para el ejercicio de sus funciones. No puede perseguir delitos quien va a ser juzgado por uno de ellos. Esta incompatibilidad entre la condición de acusado y la de fiscal general vive al margen de la presunción de inocencia. García Ortiz ha de asumir que el tribunal de apelación de la Sala Segunda del Supremo ha ratificado su imputación con una frase lapidaria, escrita en el largo, denso y detallado auto que se conoció ayer: la filtración del correo del abogado de González Amador «fue una actuación coordinada e impulsada personalmente por el fiscal general del Estado, quien había reclamado el correo dos horas antes de su publicación con objeto de su difusión». Es cierto que la decisión de ratificar la imputación de García Ortiz no ha sido unánime. Un magistrado ha emitido un voto particular a favor de su exoneración total. Sin embargo, la voluntad de un tribunal siempre la forma su mayoría y la diferencia de criterio entre los jueces responde a la libertad que cada uno tiene para valorar en conciencia el resultado de la investigación. Esa libertad, basada en la imparcialidad, es la que ha llevado al tribunal de apelación de la Sala Segunda a archivar el caso respecto de Pilar Rodríguez, la subordinada de García Ortiz. La exculpación de la fiscal jefe de Madrid refuerza aún más si cabe la solidez de la decisión frente a García Ortiz, porque demuestra que los magistrados han hecho una labor de discernimiento sobre la instrucción, evitando una decisión en bloque, carente de un análisis separado y pormenorizado de los indicios que afectaban a cada imputado. El auto que confirma la imputación de García Ortiz no prejuzga el resultado del futuro juicio oral, porque, como dicen los magistrados que lo firman, su misión no era condenar o absolver al fiscal general, sino decidir si había o no motivos suficientes para mantener la imputación. Y los hay, variados y suficientes, para ir a juicio oral. Políticamente, esta decisión perfila aún más una crisis institucional de la que solo son responsables García Ortiz y Pedro Sánchez, porque el Consejo de Ministros tenía motivos sobrados –y ahora ineludibles– para destituir al fiscal general del Estado en su puesto por incumplimiento grave de sus funciones. Aunque los hechos no fueran delito, García Ortiz se ha revelado como un maniobrero afín a los intereses partidistas del Gobierno y ha quedado descalificado para ostentar la jefatura de la Fiscalía. En pleno debate sobre la falta de una respuesta suficiente a la corrupción, y tras las críticas de la Comisión Europea a la injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales, la continuidad de García Ortiz aumenta el descrédito de España como Estado de derecho fiable y alineado con los valores de una democracia constitucional. La toxicidad de Sánchez en las instituciones tiene un límite que se ha superado holgadamente con García Ortiz, quien hace tiempo debió haber dado un paso a un lado para no seguir dañando a quienes dice proteger, los fiscales españoles, cuando el único interés que protege es el del Gobierno socialista.