Tribunal resolvió conflicto entre la ANI y Covinandina. Foto: ANIUn tribunal de arbitramento constituido ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, dio su veredicto sobre la disputa que sostenían la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandina (Corficolombiana).De acuerdo con lo informado por la ANI, su equipo jurídico ganó un laudo arbitral iniciado el 27 de julio de 2023 por la Sociedad Concesionaria Vial Andina, relacionado con la ejecución del proyecto Bogotá – Chirajara – Villavicencio, suscrito en el contrato de concesión APP No. 005 de 2015.Se recordó que la controversia entre la entidad y la compañía se centró en la discusión sobre la obtención de pólizas de seguro y la asignación de riesgos por hechos ajenos o no imputables al concesionario.“Las pretensiones de la empresa privada, que fueron desestimadas por el tribunal, buscaban la nulidad de una cláusula contractual que trasladaba esas responsabilidades”, dijo la ANI en un comunicado.Relacionado: Vía Bogotá – Villavicencio tendrá nuevo cierre en este tramo: Tiempo será largo y esta será la vía alternaFoto: Valora AnalitikDetalles de la respuesta del tribunal de arbitramentoEl vicepresidente Jurídico de la ANI, Ariel Lozano, indicó que el Tribunal de arbitramento declaró probada la excepción de falta de competencia y se abstuvo de pronunciarse de fondo sobre la mayoría de las pretensiones de la demanda y de la reconvención que impulsaba Coviandina.“Esta comisión arbitral reiteró que cualquier discusión sobre la asunción de daños no cubiertos por seguro debe tramitarse bajo el procedimiento especial de Evento Eximente de Responsabilidad previsto en el contrato”, añadió.La entidad consideró que el laudo arbitral representa “un éxito institucional para el Ministerio de Transporte, a través de la ANI, y constituye un respaldo a la solidez jurídica de los contratos de concesión”, así como a la correcta delimitación de los mecanismos de solución de controversias y a la autonomía de la voluntad de las partes.Se dijo también que la decisión ratifica la importancia “de respetar los acuerdos contractuales y fortalece la confianza en el marco jurídico que el Gobierno del Cambio impulsa a través de la infraestructura nacional”.