El Gobierno, que espera retomar la agenda social en septiembre, salva el final de curso con el caso Montoro y la dimisión de Noelia Núñez, pero duda sobre la aprobación de los Presupuestos para 2026. Feijóo llega a agosto atado al discurso de la ultraderecha, tocado por el escándalo Montoro y con una disputa interna por la selección de sus cuadrosOpinión - Resistir vuelve a ser una opción Pedro Sánchez despide el curso político con una única certeza: no habrá moción de censura. Todo lo demás está en el aire: los Presupuestos Generales de 2026, el alcance de una más que probable crisis de Gobierno, la fecha de las próximas elecciones generales, las intenciones de los socios parlamentarios, la extensión de la mancha que la corrupción pueda dejar en los dos principales partidos… Cada día es un Vietnam para un Gobierno que acaba de cruzar el ecuador de una legislatura con una sonora derrota en el Congreso, después de que descarrilara el paquete legislativo con el que buscaba evitar un nuevo apagón eléctrico. El PSOE ganó seis votaciones, pero perdió la de un decreto que había sido negociado por la vicepresidenta Sara Aagesen con la patronal de las eléctricas, la de las renovables, la industria intensiva en consumo eléctrico y las organizaciones ecologistas. Todas habían dado su visto bueno porque, aparte de lo del apagón, reforzaba a un sector económico clave. PP y Vox, con ayuda de Podemos, BNG y la Chunta Aragonesista conformaron una extraña mayoría negativa que el PSOE considera coyuntural y que, sin embargo, al PNV le parece que se consolida lenta pero inexorablemente. Aitor Esteban, presidente del Euzkadi Buru Batzar, cuyos análisis siempre se escuchan con interés en Madrid, ha alertado esta semana sobre la deriva de la Legislatura. No solo porque Sánchez no haya podido presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, sino porque detecta señales de hastío cada vez más frecuentes entre los socios de investidura. En Podemos porque, en su afán por desmarcarse por completo del Gobierno y fagocitar a Sumar, ya no le perturba siquiera unir sus votos al PP. Y en Junts porque los independentistas tienen agenda propia y todo lo demás les es indiferente. Aun así, nadie, tampoco Aitor Esteban, ve posibilidad alguna de una moción de censura que tenga como candidato a Alberto Núñez Feijóo. El discurso del PP, cada vez más indistinguible del de Vox, convierte en inviable el entendimiento entre el nacionalismo vasco o catalán con la derecha de Feijóo, que ha decidido competir por el voto ultra y no por el del espacio de la centralidad. Una circunstancia que en la Moncloa creen que les beneficia y puede acabar fortaleciendo el espacio de apoyo social al Gobierno. Dicho de otro modo: Sánchez, que se declara fuerte para seguir adelante, ha decidido fiar la cohesión de sus socios precisamente a la disputa entre PP y Vox por el voto ultra –como se ha visto con la propagación de los discursos del odio y la criminalización de los inmigrantes al hilo de la crisis de Torre Pacheco– y también la inesperada dosis de recuerdo que el escándalo Montoro ha supuesto en el electorado sobre la “corrupción sistémica” de la derecha española. Tras meses a la defensiva por el caso de corrupción que afecta a dos de ex secretarios de Organización del PSOE y las investigaciones sobre la esposa y el hermano del presidente, en el Gobierno creen que la trama corrupta tejida en Hacienda durante los gabinetes de Rajoy les ha permtido “sacar la cabeza” en este final de curso. El impacto y el desgaste de Sánchez tras la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, no es cuestionable, pero los socialistas están convencidos de que mientras triángulo Ábalos-Cerdán-Koldo fue, dicen, “un triángulo cerrado”, el caso Montoro es una mancha que afecta a todo su equipo y seguirá extendiéndose, como ya se ha visto con algún contrato que el despacho de influencia fundado por el exministro de Hacienda firmó con la Xunta de Galicia durante la presidencia de Feijóo. El sumario sobre la trama corrupta que presuntamente tejió Montoro ya ha desatado también una disputa interna en Génova al hilo de la incorporación de Alberto Nadal –dos veces secretario de Estado en los Gobiernos de Rajoy– como vicesecretario económico de la dirección nacional por su estrecha vinculación con exministro ahora imputado. Y esto por no hablar de la ¿renuncia? de la vicesecretaria general del PP Noelia Núñez por falsificar hasta tres veces su currículum y la división en Génova sobre el método de elección de Feijóo para la configuración de sus equipos. El caso es que ni el Gobierno llega a agosto con los deberes hechos en materia presupuestaria ni Feijóo ha logrado tumbar, como pretendía, a Pedro Sánchez antes del verano, lo que conduce a un arranque de curso en septiembre con más de lo mismo. Hasta cuándo es algo que depende exclusivamente del presidente del Gobierno, si bien cada vez son menos las voces que auguran que el mandato pueda llegar a término en 2027. Ni siquiera aunque en septiembre el Ejecutivo llevase al Congreso un proyecto de Presupuestos Generales para 2026, algo que no es descartable, según confirman fuentes gubernamentales. ¿Los Presupuestos como arranque electoral? Hay quien cree incluso, en el círculo de Sánchez, que someter a votación el proyecto presupuestario sería una buena manera de entrar en la carrera electoral. Pero esto sería en el caso de que el presidente estuviera pensando en una convocatoria anticipada para la próxima primavera. “Un escenario que nadie ha escuchado en este momento por boca de Sánchez”, asegura uno de sus ministros. Hay demasiadas variables que pueden influir en la decisión: la fecha en la que el popular Juan Manuel Moreno Bonilla fije las autonómicas andaluzas, los intereses electorales de los socios que ya preparan el camino de la ruptura, los sobresaltos que deparen los sumarios judiciales y hasta el desarrollo de los más de 30 juicios pendientes por corrupción que el PP tendrá que afrontar a partir de otoño. La intención es acabar julio con la rueda de prensa de balance que Sánchez ofrecerá este lunes en la Moncloa, donde los logros en materia de economía y el empleo serán el eje de la comparecencia. Y, después del periodo vacacional, retomar septiembre con un nuevo impulso a la agenda social, donde se incluirán los permisos parentales retribuidos para familias con hijos de hasta 8 años y la ampliación de las bajas por nacimiento de 16 a 20 semanas. Una iniciativa que Yolanda Díaz pretendía aprobar en julio y Moncloa decidió posponer hasta después del verano, al igual que la reducción de la jornada laboral. En este caso, a diferencia de hace unos meses, en la Moncloa sí ven cierto margen para retomar la negociación con Junts y que finalmente apoye un proyecto del que la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar ha hecho bandera. Septiembre será también el mes en el que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dé un nuevo impulso a la negociación abierta con los grupos parlamentarios para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la de acceso a la carrera judicial. Lo que no está claro es si eso será antes o después de que la ministra de Hacienda presente el proyecto de Presupuestos para 2026, algo para lo que tendrá que apurar los plazos constitucionales que establecen la presentación del texto en el Congreso al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior, que en este caso fueron una prórroga de los de 2024. Hasta el momento, María Jesús Montero sigue sin aprobar el techo de gasto y la senda fiscal, dos pasos previos e imprescindibles para la elaboración de las cuentas públicas, lo que ya supone un retraso respecto al calendario habitual, aunque la vicepresidenta defienda que hay tiempo suficiente aún. Precisamente Montero es el primer nombre a tener en cuenta en la crisis de Gobierno que en el PSOE esperan para otoño. La decisión ya tomada de la vicepresidenta primera y candidata a la Junta de Andalucía es salir del gabinete el mismo día que Moreno Bonilla convoque las autonómicas, pero se desconoce la voluntad de Sánchez sobre si los cambios en el Ejecutivo y el alcance de los mismos tienen que estar solo vinculados a la salida de Montoro y si debe hacerlos o no antes. Otra incógnita más, que el presidente no despejará, como tantas otras, en este momento.