El anteproyecto de ley de secretos oficiales presentada por el Gobierno el pasado martes pone límite de tiempo para desclasificar documentos, como hacen Alemania, Italia, Francia o Reino Unido. Estados Unidos hizo en 2017 un volcado de 12 millones de documentos de la CIA que incluyen información de la bomba de Palomares o la sucesión de Franco, aquí todavía ocultaEl Gobierno establece un máximo de 60 años para la información clasificada en la nueva ley de secretos oficiales La nueva ley de secretos oficiales que el Gobierno ha mandado al Congreso podrá permitir, de ser aprobada, que España se ponga al día con Europa en la manera de entender la desclasificación de información del Estado. Hasta ahora, para que alguna carpeta importante y delicada se conociera hay que depender de la voluntad del propio Gobierno, la petición del Congreso o de la orden de un juez, ya que rige una ley franquista de 1968 que considera que todo es secreto por defecto y para siempre, si no se dice lo contrario. A partir de ahora, el paradigma sería el inverso: la desclasificación automática de todos los documentos cuando pasen 45 años. Es decir, a día de hoy, los fechados hasta 1980, con excepción de que afecte a seguridad nacional, en cuyo caso el Gobierno se reserva la capacidad de seguir manteniendo el secreto, aunque no podrá hacerlo si afecta a violaciones de derechos humanos. Esto expondría expedientes del franquismo y la transición y, en breve, del intento de golpe de Estado de Tejero. Otra cosa es dónde están esos expedientes y en qué estado, pero podrían conocerse desde requisición de bienes, las operaciones económicas del régimen y la familia Franco, torturas policiales o detalles de los pactos con la Alemania nazi o la Italia de Mussolini, asuntos de espionaje y la investigación policial, por ejemplo, del 23F. Pero también información más reciente, pasados unos años, sobre ETA y otros grupos terroristas o negociaciones de paz o con otros países, como por ejemplo, en el conflicto del Sahara, actividades de la Casa Real en la etapa de Juan Carlos I, la venta de armas o, en temas de actualidad, el espionaje a políticos con el programa israelí Pegasus, cuyo secreto caducaría en unos 40 años. Lo que en España será un cambio si consigue los avales en el parlamento –después de varios intentos infructuosos y pese a la insistencia unívoca del PNV– lleva muchas décadas funcionando con normalidad en otros países europeos que también han tenido guerras, terrorismo y totalitarismo, y que han desclasificado por prescripción automática del secreto expedientes relativos al nazismo, fascismo, atentados, espionaje o acuerdos internacionales. En países del entorno no existen normas tan restrictivas como la actual española y se basan en la desclasificación por plazos, aunque siempre reservando excepciones por seguridad nacional, un concepto a veces claro y a veces interpretable. Por ejemplo, Italia impone los niveles de secretísimo, secreto, muy reservado y reservado, y cuando pasan cinco años se baja de nivel de manera automática. Cuando está a nivel mínimo, pasados otros cinco, se libera el documento. Todo esto, a menos que haya una decisión excepcional y argumentada de los técnicos. Si esa prórroga excepcional es mayor de 15 años debe firmarla el presidente de Gobierno. Pero no siempre los expedientes más relevantes se han conocido gracias a la ley, cuyas excepciones pueden dejar secretos temas de gran interés. De hecho, los sucesivos presidentes italianos han desclasificado por voluntad algunos asuntos. Por ejemplo, Mario Draghi ordenó en 2021 hacer públicos documentos sobre el brutal atentado de la estación de tren de Bolonia en 1980, que dejó 85 muertos y por el que se condenó a cuatro personas y a cadena perpetua al terrorista neonazi Paolo Bellini este mismo año. Ante las sombras de duda sobre otras participaciones en la matanza, el entonces presidente de Gobierno ordenó que se liberara documentación relativa a la logia masónica P2, un grupo subversivo y cuya participación en la mortal explosión sugirió la fiscalía en su momento. Otra de las grandes desclasificaciones italiana se debió a una petición del parlamento en 2016, que impulsó el levantamiento de secreto de 13.000 páginas que contenían crímenes de guerra cometidos por los nazis en Italia, desde persecuciones a judíos a ejecuciones durante la ocupación del país en la Segunda Guerra Mundial, tras la caída de Mussolini. Reino Unido también tiene legislación de secretos oficiales, aunque son un conjunto de normas que van desde la regulación de la seguridad del país a la protección de fuentes, el espionaje o el derecho a la transparencia. En 1998 se rebajó de 30 a 20 años la posibilidad de liberar secretos como norma general, pero deben pasar por un análisis y la petición se bloquea si afecta a la seguridad nacional o a la intimidad de personas. Algunas de las cosas que se han podido conocer por la desclasificación de información es que Israel, aliado de Reino Unido, le engañó y envió armas Argentina durante la guerra de las Malvinas, en 1982. O que uno de los empleados de Isabel II, sir Anthony Blunt, conservador de los cuadros de la colección real, pasó información a la Unión Soviética durante su cercana posición a la corona británica, como reflejan los National Archives, la web que recopila la información desclasificada en este país. Como en Italia, no siempre la información ha visto la luz de manera natural. En 2012, Reino Unido se vio forzado a revelar, tras una demanda de cuatro ciudadanos keniatas, más de 8.000 páginas que apuntaban a abusos de británicos en sus colonias, con maltratos y torturas contra rebeldes en Kenia e insurgentes comunistas en Malasia. En un ámbito menos político, también desclasificó centenares de avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI): 8.500 páginas con fotos, informes o detecciones de radar. El caso francés En Francia también hay una ley de desclasificación automática por plazos (50 años), como la que quiere establecer España (de 45 aquí), pero igualmente con excepciones. La seguridad nacional, la integridad de la moneda o causar un perjuicio de la política exterior, entre otros. Precisamente este es uno de los puntos esenciales para el buen funcionamiento de la transparencia: “Desde Amnistía Internacional pedimos que la ley cumpla el triple test al calificar el secreto: motivación, necesidad y proporcionalidad”, explica María del Pozo. Aunque el diablo está en los detalles y el desarrollo práctico, desde esta organización celebran que por fin España salga del marco franquista en el que todo es secreto de partida. En Alemania, el sistema es similar al francés, aunque el plazo es menor –30 años– y siempre que se amplíe debe estar justificado. A lo largo de los años se han desclasificado numerosos documentos sobre el pasado nazi, algunos recientes, como la secta que abusó de miles de niños en Chile (Colonia Dignidad) y que montó el pedófilo nazi Paul Shäfer, con el agravante de que los documentos revelan que la embajada alemana pudo hacer la vista gorda. Fuera de Europa, el presidente argentino, Javier Milei, acaba de ordenar en marzo de este año la desclasificación de archivos sobre nazis que se refugiaron en Argentina –con el doctor Mengele y Eichman a la cabeza– así como las operaciones financieras que se hicieron allí. También se ha anunciado la liberación de expedientes policiales relativos a la dictadura porque, según el ministro de Exteriores de Milei, “no existe motivo para ocultar estos datos”, unos datos que sí continúan ocultos en España, protegidos por la ley vigente, de 1968. Liberación de secretos en EEUU Pero si la desclasificación está de actualidad también hoy, tiene que ver con Estados Unidos, donde Trump ha ordenado recientemente hacer públicos los datos del asesinato de John F. Kennedy (que han aportado poca novedad respecto a la autoría), de Martin Luther King (pese a la oposición de la familia) o de los abusos de Epstein. En el caso del pedófilo acusado de abusar de decenas de mujeres y que se suicidó en prisión, el mandatario estadounidense había solicitado que se hicieran públicos los documentos del juicio, algo que ha sido frenado por la justicia alegando la necesaria protección de víctimas menores de edad. Esta misma semana, The New York Times ha publicado que Trump aparece en los archivos de Epstein y que el departamento de Justicia le avisó en mayo. Como en la mayoría de países, en EEUU es el impulso del presidente el que permite sacar a la luz extraordinariamente documentación. Allí hay un rango de protección de secretos que va desde 25 años hasta los 75. Una de las desclasificaciones más masivas sucedió en 2017, cuando se volcaron 12 millones de páginas de la CIA con un buscador incorporado que permitió bucear también por momentos de la historia de España a través de cables y documentos americanos: noticias que iban desde la bomba caída accidentalmente en Palomares a información de la embajada americana que relataba que Franco buscaba sucesor y los acuerdos para que fuera Juan Carlos I, o el relato del asesinato de Carrero Blanco, que al principio los servicios de información de EEUU informaron como una explosión “por escape de gas”, antes de que se confirmara el atentado de ETA. Aunque no por imperativo legal ya que la ley promueve la opacidad, los diferentes gobiernos de España también han hecho pública información cuando lo han considerado conveniente o por orden judicial. Por ejemplo, cuando en noviembre de 2023 el juzgado de instrucción 29 de Barcelona solicitó la desclasificación de la información reservada sobre el uso del software Pegasus por parte del CNI sobre el expresident Pere Aragonès. Por acuerdo con Junts, el gobierno de Pedro Sánchez negoció en 2024 liberar información sobre los atentados de Barcelona (8 documentos sobre las visitas de agentes del CNI que recibió el imán considerado autor intelectual cuando estaba preso en Castellón). Por otra vía, una proposición de EH Bildu en el Congreso que tuvo el apoyo de PSOE en junio de este año, también se ha solicitado que se conozcan los expedientes sobre los Sanfermines de 1978 y “avanzar” en la declaración como víctima a Germán Rodríguez, el joven que murió de un disparo en la cabeza por parte de la Policía aquel día en los disturbios que siguieron a los incidentes en la plaza de toros. A la iniciativa se le añadió una enmienda del PNV para incluir la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron y decenas resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral en el barrio de Zaramaga. “España se queda dentro de las prácticas de entorno en los niveles de alto secreto, la cuestión es cómo se lleve a la práctica y qué pasa con los de calificación más baja (llamados restringidos), si se pone o no demasiado celo en proteger cierta información”, apunta Safira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho, que alerta de posibles “riesgos cruzados” con la protección de la normativa que protege a los alertadores de corrupción. Si no sale adelante el anteproyecto porque no encuentra respaldo en el Congreso, seguirían bajo secreto casi todas las decisiones y expedientes de la dictadura y también de la democracia. De hecho, un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 –al que ha tenido acceso elDiario.es a través de Amnistía Internacional– aprobó cuáles eran las materias secretas en el ámbito de política exterior: “negociaciones sobre secuestros”, “contactos para procesos de paz”, “crímenes de transcendencia internacional”, “preparativos de viajes de los Reyes y el presidente de Gobierno cuando las circunstancias lo aconsejen”, así como la posición de España en conflictos, estrategias o “información relativa a la actuación de grupos terroristas y movimientos a ellos asociados, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas con implicaciones o ramificaciones en España o en los países con los que España haya suscrito acuerdos sobre dichas materias o mantenga relaciones de amistad”. Es decir, casi todo lo relevante. Como concluye Del Pozo, si la nueva normativa no encuentra apoyos suficientes y decae de nuevo, “con la ley actual no solo el pasado será secreto, sino también el presente y el futuro”.