La presidenta de la Comunidad tomó posesión de su cargo viviendo en un piso de alquiler de 50 metros cuadrados en Malasaña. Seis años después, la vivienda se ha encarecido notablemente en la capital, pero su situación personal ha mejorado notablementeOpinión - La burbuja inmobiliaria de Isabel Díaz Ayuso El problema de la vivienda es algo que obsesiona a la mayoría de madrileños. Es la primera preocupación para uno de cada cuatro habitantes de la capital, según una encuesta reciente del Ayuntamiento que analiza los aspectos de la ciudad que más dificultades les crean en su vida diaria. Al igual que les pasa a sus vecinos, la vivienda también era hace unos años una de las cosas que ocupaban los pensamientos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Tengo ilusión por comprar, pero me falta tiempo, y cada vez se está poniendo más difícil. En Madrid se ha disparado la vivienda”, contestaba la mandataria regional hace ahora tres años a las preguntas de Yo Dona, un suplemento de El Mundo. En la misma entrevista explicaba que se iba “a acabar” lo de que ella siguiera pagando alquileres, porque llevaba haciéndolo desde hacía 20 años, cuando se independizó para vivir en una habitación que costaba 400 euros. “La evolución del precio de la vivienda en Madrid me preocupa porque frena la emancipación juvenil y provoca la expulsión de la clase media del centro de la capital, que ha de evitar convertirse en una franquicia sin sustancia”, afirmaba entonces en la misma publicación. Desde esa fecha la vivienda en Madrid ha acelerado sus precios sin que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Ayuso -responsable de las políticas sobre este sector- hayan frenado esta escalada. Los pisos se han encarecido un 30% de media, según la sociedad de tasadores Tinsa. En paralelo, la situación personal de la presidenta ha mejorado mucho en lo inmobiliario, ya que como vaticinaba en la entrevista de 2022 ha dejado de pagar alquileres y ahora tiene a su disposición dos pisos en una cotizada zona de Chamberí -uno de ellos un ático- y acaba de utilizar un chalé en la sierra para pasar su fin de semana junto a su familia, sobre el que ha tenido que dar algunas explicaciones. La relación de Isabel Díaz Ayuso con las polémicas sobre vivienda comenzó en una operación fechada en el año 2011, de la que se tuvo constancia varios años después. En esa época, cuando aseguraba vivir de alquiler, su padre le donó un piso familiar en Chamberí, al igual que había hecho poco antes a su hermano con una vivienda unifamiliar en un pueblo de Ávila. El traspaso coincidió con la difícil situación que vivía la empresa del padre, que acabó quebrando y con multitud de deudas, entre ellas los 400.000 euros de un aval público entregado meses antes del traspaso del piso. Una comisión de investigación concluyó en que hubo “irregularidades” en la entrega de ese préstamo por parte de Avalmadrid, la entidad pública que lo concedió, pero la Fiscalía del Supremo se opuso a investigar el caso penalmente al no observar indicios de delito. El piso de Chamberí lo recibió Isabel Díaz Ayuso en régimen de nuda propiedad, según consta en la declaración de bienes del portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, y tiene un valor catastral de 140.547,31 euros. Fue el único bien material que le llegó de su progenitor, fallecido años después y a cuya herencia renunció Ayuso para evitar las deudas acumuladas por la empresa quebrada. De los 50 m2 de Malasaña al apartamento de Sarasola A la presidenta regional su actual cargo le llegó viviendo de alquiler en Malasaña, en un piso de la calle San Ruiz de unos 50 metros cuadrados, destacaba ella misma durante otra entrevista en El Mundo publicada en 2019, poco antes de las elecciones a la Asamblea. “La misma mesa donde trabajo es donde cenamos”, decía entonces sobre su casa, fácil de identificar en un vecindario mayoritariamente de izquierdas por la bandera de España que colgaba en su balcón. Ya entonces apuntaba que si resultaba elegida al frente de la Comunidad de Madrid necesitaría “una casa de mayor tamaño, con un estudio donde trabajar y armarios más grandes, porque te cambias muchas veces de ropa al día”. La necesidad de mayor espacio debido a su nueva ocupación, unida a la llegada de la pandemia motivó el traslado del pequeño piso de Malasaña a dos apartamentos de lujo en Plaza de España, gestionado por la cadena Be Mate, propiedad del empresario Kike Sarasola. Ahí se inició otra de las polémicas porque la presidenta argumentó que se había ido allí por haberse contagiado en los primeros días de crisis pero la reserva se produjo antes de la declaración del estado de alarma y de su positivo. Durante cuatro años no hubo factura alguna que probara lo que pagaba la presidenta regional por esta nueva residencia que en realidad eran dos apartamentos, uno en el que vivía y otro en el que trabajaba. Años más tarde, en 2024, mostró un abono de 5.680 euros por 69 días. Unos 82 euros cada jornada por las dos estancias de lujo, un coste asequible a la vista de este tipo de alojamientos que el propio Sarasola justificó indicando la baja demanda en aquella época y el alquiler simultáneo de dos unidades, que rebajaba el coste total. Imagen de la propia Ayuso aplaudiendo desde su terraza durante la pandemia (arriba) y anuncio de esa misma terraza en la página de Be Mate La siguiente vez que la residencia de Ayuso llegó a los medios de comunicación fue hace año y medio, a raíz de los problemas con Hacienda de su actual pareja, Alberto González Amador. Esta vez se trata de un piso elevado en una cotizada zona de Chamberí, su distrito natal. La propiedad fue adquirida por su novio con un capital cuya legalidad ahora discuten los tribunales: la Fiscalía reclama casi cuatro años de cárcel para el comprador por presuntos delitos fiscales durante dos ejercicios. Isabel Díaz Ayuso vive en esa casa y también disfruta de un ático situado justo encima. Lo tiene en alquiler González Amador por 5.000 euros al mes, que abona a una sociedad administrada por su propio abogado. Las circunstancias de la compra de ese segundo piso también son poco claras: tuvo lugar casi a la vez que la adquisición de González Amador, al contado y después de haber recibido la sociedad un pago de casi un millón de euros. Otra derivada de este caso son las obras que ejecutó la pareja de Ayuso en su piso, que en primera instancia fueron declaradas ilegales por la Junta de Chamberí al no haber presentado todos los permisos necesarios. Entre medias, tanto la funcionaria que firmó este procedimiento administrativo como el concejal implicado fueron relevados de sus cargos y acabaron lejos de esta Junta de Distrito. La anulación de la licencia de obras fue recurrida por González Amador y el pasado mes de abril un juzgado le dio la razón en primera instancia. El Ayuntamiento de Madrid, que suele recurrir las sentencias contrarias a su administración, esta vez decidió no hacerlo y la sentencia se convirtió en firme. El chalé de fin de semana: “Yo me pago mi casa” Una vez legalizadas las obras, la presidenta regional vio cómo otra polémica sobre la vivienda le asaltaba este verano, después de que se conociera que había pasado un fin de semana junto a su familia en un chalé de propiedad pública en la sierra. La casa en cuestión fue adquirida por su Gobierno en el año 2023 como parte de una finca de 453 hectáreas sobre la que la Comunidad de Madrid ejerció su derecho de retracto. La Consejería de Medio Ambiente pagó 4,3 millones por ella y el objetivo de la compra era -en teoría- la protección de la naturaleza. El Gobierno de la Comunidad de Madrid definió como “austero” el chalé en un primer momento pero luego se conoció que contaba con dos plantas, suite y un lujoso interior, además de una piscina de 100 metros cuadrados. Como los comentarios iban creciendo, el pasado lunes Díaz Ayuso salió a dar explicaciones ante los medios de comunicación, defendiendo el uso privado de un chalé público, asegurando que se llevó los tuppers y que compró en un supermercado de Rascafría, municipio en el que se ubica el chalé. En la misma comparecencia, en la que atacó al presidente Pedro Sánchez por pasar vacaciones en “cuatro palacios” propiedad del Estado mientras no veía problema en que ella utilizara uno comprado por su propio Gobierno, la presidenta regional se quejó por la “congelación” de su salario “desde hace 15 años”. Como presidenta regional, cobra 103.090,32 euros. El mismo sueldo que cuando declaró, en aquella entrevista de 2022 para Yo Dona, que se consideraba “un ciudadano más de clase media que vive en Madrid y que ha sorteado los mismos obstáculos” con la vivienda. También dejó una frase en la que se quedaron pensando varios de los periodistas que estaban en la sala. “Yo me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes (...) y me pago mi casa”. Como no concedió más preguntas, no hubo posibilidad de saber a qué casa se refería, ya que la única que posee en propiedad es usada por otros miembros de su familia y en la que reside el propietario real es su pareja, Alberto González Amador.