Desde que se celebró el congreso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo trata de presentarse ante la opinión pública como el próximo inquilino de La Moncloa. Aunque no hay garantías de que eso vaya a ocurrir —más allá de las tendencias que marcan las encuestas— porque no hay convocadas elecciones y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue marcando el año 2027 como horizonte electoral, el líder del PP ya está adelantando pantallas. Tras el cónclave del PP aseguró que su "compromiso" era gobernar en solitario, es decir, sin Vox dentro del Ejecutivo. Y ahora ha dado la orden a su núcleo duro de preparar la "abolición" de las "leyes sanchistas" si llega al cargo. Normas como la ley de memoria democrática, la de vivienda, la ley trans, la de amnistía o la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ‘ley mordaza’, que sin embargo aún no se ha aprobado en la Cámara Baja.El líder del PP también se compromete a revertir el acuerdo sobre financiación refrendado entre el Gobierno y la Generalitat para Cataluña hace escasas semanas en caso de que llegue a materializarse. Una posibilidad ahora en el aire no solo por la oposición de la derecha española sino también de la independentista. El programa derogatorio del PP incluye incluso cambiar el Código Penal para reforzar el delito de sedición, de manera que no haya dudas a la hora de aplicarlo a comportamientos como el protagonizado por los independentistas durante el procés. Y volver a igualar todas las penas de corrupción: las que supongan enriquecimiento personal y las que no.Así lo anunció la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, la pasada semana en una rueda de prensa, en la que aseguró que Feijóo derogará "todas las leyes" puestas en marcha por el Ejecutivo de Sánchez que "rompen con la igualdad de los españoles" durante sus cien primeros días de gobierno. Sin embargo, ni Fúnez ni el PP mencionaron algunas de las normas que Feijóo aseguró que iba a derogar tras llegar a la presidencia del partido en el año 2022 como la ley del aborto, la de eutanasia o la de educación.Vox comparte el objetivo de Feijóo de borrar todas las normas que han salido del Congreso desde que Sánchez gobierna, incluidas las tres citadas anteriormente. Las considera "ideológicas" su eliminación es, para los de Santiago Abascal, un compromiso irrenunciable. El PP, por el momento, evita detallar cuáles reformará, un matiz importante porque puede condicionar los acuerdos con la extrema derecha en el futuro.El resultado de la ley de vivienda, que el Ejecutivo de Sánchez aprobó la legislatura pasada, ha provocado la huida de los propietarios, la pérdida de rentabilidad en la gestión de sus inmuebles y, por lo tanto, la reducción de oferta del alquiler, lo que ha encarecido los precios según la lógica del PP. Argumentos que no se sostienen ya que ninguna autonomía, a excepción de Cataluña, ha aplicado esta norma. Precisamente en la autonomía liderada por el socialista Salvador Illa un estudio concluyó que los controles del alquiler bajaron precios y no se redujo la oferta. Pero tal y como está diseñada la norma, las comunidades autónomas son las encargadas de declarar las zonas de precios tensionados, es decir, el instrumento que permite aplicar la regulación de precios, y ninguna de las gobernadas por el Partido Popular lo ha hecho ni tiene previsto hacerlo.Tras las elecciones autonómicas, la memoria se convirtió en pieza de caza mayor de la llamada guerra cultural. Y tanto Vox como el PP pusieron en marcha el desmontaje de toda la normativa autonómica de protección a las víctimas del franquismo. Una ofensiva reaccionaria que, acabó por dibujar una doble realidad en los territorios controlados por el PP. Así, mientras que en comunidades como Andalucía, Extremadura o Castilla y León las leyes de memoria sobreviven, en otras como Aragón, Baleares, Comunitat Valenciana o Cantabria han sido eliminadas o sustituidas por normas que llegan a equiparar la dictadura franquista con el periodo democrático de la Segunda República.Desde que se aprobó la ley de amnistía y después de las manifestaciones convocadas en contra de la norma, el PP se comprometió a eliminar la norma de olvido jurídico si llega a la Moncloa. Una derogación que, sin embargo, no sería más que un brindis al sol con mucho simbolismo pero nulos efectos prácticos. Algo de lo que son conscientes en las filas conservadoras tal y como admitió recientemente su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. "La ley de amnistía es de facto inderogable pues en la jurisdicción penal opera el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables al reo", explicitaba en su cuenta de X. Será imposible revertirla, aunque se derogue en un futuro. A esto se le suma que el Tribunal Constitucional ha avalado recientemente la norma, una decisión que sin embargo no ha impedido al PP seguir calificando la iniciativa de "ilegal". Feijóo también se comprometió a "regular los derechos del colectivo trans", tras llegar al cargo de presidente del PP, pero no a través de la actual ley. Entre los argumentos de repudia, aseguró que "es mucho más fácil cambiarse legalmente de sexo que aprobar la selectividad o que sacarse el carnet de conducir", sencillamente yendo "al Registro a plantearlo, decir que a partir de mañana soy una señora o un señor". También cargó contra los tratamientos hormonales y las operaciones quirúrgicas en menores, a pesar de que la norma estatal nada dice al respecto, salvo para eliminar la obligación de pasar por dos años de hormonación como requisito para acceder al cambio registral. Los conservadores la recurrieron ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado, una estrategia que el PP también empleó en el pasado con normas como la del matrimonio igualitario, hace casi dos décadas, que después el Ejecutivo de Mariano Rajoy no derogó. Impulsada en medio de un clima de efervescencia social por el Gobierno de Mariano Rajoy, la derogación de la ley mordaza –o, al menos, de sus aspectos más dañinos– es una de las grandes promesas no culminadas de la izquierda. De hecho, la norma lleva más tiempo en vigor con la mayoría parlamentaria que aspira a limitarla que con aquella que hace ya una década la impulsó. Las diferencias respecto al alcance de las modificaciones han frustrado hasta el momento todos los intentos por rebajar el carácter lesivo de la ley. El último, el pasado año, cuando la falta de consenso en cuatro puntos hizo fracasar una reforma que ya estaba muy avanzada. Actualmente se está negociando entre el grupo parlamentario del PSOE y sus socios. De momento, no hay un texto concreto ni plazo para presentarla pese a que PSOE y Bildu alcanzaron un acuerdo en octubre del pasado año en torno a los aspectos que la hicieron descarrilar la pasada legislatura. Si esa reforma finalmente se aprueba esta legislatura, el PP asegura que la derogará.