Los dos casos judiciales que recientemente han sacudido a las principales fuerzas políticas del Congreso, el caso Cerdán y el caso Montoro, tienen un denominador común: los instructores no pueden localizar la pista de todo el dinero presuntamente cobrado por la trama. Pero si la pista del dinero une ambos casos, también hay grandes diferencias. El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre “irregularidades en la contratación pública”, al que tuvo acceso infoLibre, apunta en varios ocasiones a los pagos en efectivo como modus operandi de la trama. Por ejemplo, se señalan pagos mensuales de 10.000 euros que el empresario Víctor de Aldama realizaba a Koldo García, supuestamente en contraprestación a su mediación en el rescate de Air Europa y en contratos sanitarios. Según declaró Aldama en la Audiencia Nacional, Koldo se repartía este dinero con José Luis Ábalos. Aldama también hizo referencia a otro pago de 15.000 euros en metálico que realizó a Santos Cerdán para zanjar un conflicto sobre una obra adjudicada sin la autorización de este último. El efectivo también estaba presente en las relaciones de la trama con la constructora Acciona, que, según la UCO, realizaba transferencias basadas en facturas ficticias a un bar de Pamplona, vinculado al entorno de Koldo, del cual este recogía el dinero en metálico. También en las relaciones de la trama con la empresa Servinabar, investigada por recibir en Navarra varias adjudicaciones de forma presuntamente ilícita, y propiedad al 45% de Santos Cerdán, según un documento hallado por la UCO en su domicilio. Según refirió Koldo en una conversación con Ábalos, grabada por él y luego incautada por la UCO, Cerdán habría recibido efectivo “delante de él” de manos del empresario Joseba Antxón, dueño de Servinabar. El informe de la policía judicial, fechado a 5 de junio, considera la vivienda de José Luis Ábalos en Valencia como “lugar susceptible de contener dinero en efectivo”. Pero cinco días después de la fecha de firma del documento, la UCO registró la casa del exministro y no lo encontró. En el caso de Ábalos existen pagos electrónicos documentados, como una transferencia de 4.500 euros realizada por Santos Cerdán a través de Servinabar a la ONG Fiadelso, propiedad de Ábalos. La UCO sospecha que este pago podía ser periódico y no puntual, puesto que Tatiana Ábalos, la hija del exministro y destinataria del dinero, escribió a Koldo para quejarse de que no lo había recibido, y este se disculpó por la tardanza y le aseguró que “no volvería a ocurrir”. Sin embargo, el grueso de los fondos supuestamente recibidos por la trama corresponde, según la UCO, a algo más de un millón de euros abonados presuntamente por Acciona a Ábalos y a Koldo a cambio de la concesión de cinco licitaciones de obra pública. Este importe se desprende de conversaciones entre ambos, grabadas por Koldo, y se distribuye de la siguiente manera: 550.000 euros ya abonados, vinculados a dos expedientes de obra ferroviaria; 50.000 euros, también abonados, que no corresponden a ningún expediente conocido; y 450.000 euros pendientes de abono, por una licitación de ADIF y dos de carreteras. La clave de la cuestión es que ni la UCO ni el magistrado Leopoldo Puente, del Tribunal Supremo, parecen saber dónde están los 620.000 euros recibidos por Ábalos y Koldo según sus propias grabaciones. Además, Puente señala a la posible existencia de cantidades de dinero aún no descubiertas, indicando que el importe de las obras adjudicadas a Acciona asciende a más de 537 millones de euros, y la cantidad de un millón supuestamente recibida a cambio por la trama es “exigua en esta clase de operaciones delictivas”. El que sí conoce la pista del dinero, según asegura el Supremo en su último auto, es Santos Cerdán. El magistrado Pablo Llarena, encargado de resolver negativamente la apelación de Cerdán contra su ingreso en prisión, afirma sobre el exsecretario de Organización del PSOE que “sólo él parece conocer el destino que dio al dinero, así como el camino que siguió hasta su entrega a los beneficiarios últimos, quiénes fueron éstos o dónde podría haber quedado depositado el dinero que no haya sido repartido.”En el caso de Montoro sí se tiene mayor constancia de las cantidades recibidas por el despacho Equipo Económico. La clave de la investigación no está tan centrada en demostrar los pagos sino en averiguar si estos fueron lícitos o si pueden ser tipificados como prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, entre otros delitos. Aún así, existen muchas dudas por parte de los investigadores de que el dinero declarado por Equipo Económico y sus socios corresponda al total recibido por sus intervenciones ante el Gobierno en favor de sus clientes. Y sobre todo, sobre la implicación de cargos públicos en la trama. En un informe de abril de 2021, la UCO destaca la importancia de conocer qué personas dentro del Ministerio de Hacienda, y con qué grado de implicación, “habrían actuado en favor de Equipo Económico y por ende de sus clientes”. En este sentido, señala que “de existir algún tipo de contraprestación al respecto, se desconocen tanto sus últimos destinatarios, como la fórmula que habrían utilizado”.En este informe la policía judicial también expresa sus sospechas sobre la titularidad real de las acciones de Equipo Económico. La UCO plantea la hipótesis de que los que sobre el papel eran socios del despacho desviaran parte de los fondos a terceras personas a través de entramados de empresas constituidos para ese fin. En concreto, introduce una distinción entre los “titulares de hecho” del despacho, que podrían haber seguido recibiendo pagos a pesar de no estar oficialmente vinculados a él, y los “titulares de derecho”, que figuran como socios en los papeles. Para apoyar esta teoría, destaca el hecho de que el reparto de beneficios entre los “socios de derecho” no se corresponde en porcentaje con la parte del despacho que en teoría les pertenece. En octubre de 2019, en un escrito al juzgado, la Fiscalía Anticorrupción ya apuntaba en la misma dirección, y señalaba directamente al exministro Cristóbal Montoro. Según el documento “los indicios evidencian que Montoro podría no haber dejado de formar parte de la sociedad” cuando vendió su participación en 2008, y dicha venta podría ser “ficticia”. La fiscal García Cerdá afirma que “los mismos indicios también patentizan que los socios, de hecho o de derecho, de la sociedad se han valido de ella para cobrar comisiones de forma encubierta” y que “alguno de sus socios a la sombra podría estar participando de manera velada en el reparto de ganancias de la actividad presuntamente delictiva”. En varios autos en los que el juzgado de Tarragona prorroga el secreto de la causa debido a su complejidad, el juez también indica que “se han constatado elevadas salidas de dinero de las cuentas del despacho hacia sus socios y hacia otras empresas administradas por éstos, así como la utilización de un entramado societario por el que fluyen los fondos, tapando su destino final”. Respecto a la posibilidad de que parte del dinero pueda estar fuera de España, la UCO la considera “probable”, y señala la existencia de movimientos de fondos, tanto de Equipo Económico como de otras empresas de sus socios, hacia países como Irlanda y Luxemburgo. El desvío de los fondos desfalcados a paraísos fiscales es una práctica común en los casos de corrupción. En el caso de la trama Gürtel, las autoridades detectaron millones de euros en Suiza, país conocido por su opaco sistema bancario. En 2021, la Audiencia Nacional solicitó a la fiscalía helvética el desbloqueo de 58 millones de euros de cuatro de los condenados, entre ellos los políticos del PP Luis Bárcenas y Pablo Crespo, para cubrir las multas que les fueron impuestas. En el caso de los ERE, parte del dinero fue a parar a complejos hoteleros en la República Dominicana, según declaró ante la Audiencia Nacional el financiero Eduardo de Pascual, al que la Fiscalía pide 28 años de prisión. De Pascual huyó de España en pleno proceso judicial y fue localizado en Burkina Faso, pero un error procesal impidió su extradición y desde entonces sigue en paradero desconocido.