Gobierno Petro confirma cambio clave para las empleadas domésticas en Colombia: presentarán pliego de peticiones

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Imagen: MinTrabajo y PresidenciaEl gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó que las empleadas domésticas en Colombia tendrán un nuevo mecanismo para contar con garantías laborales.Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, dijo que la idea es que estas trabajadoras cuenten con una mesa tripartita que garantice el respeto por derechos contractuales y salariales.Dijo en su momento el ministro Sanguino que las empleadas domésticas en Colombia podrán entregarle al Gobierno sus peticiones y se van a sentar las bases para que los empleadores cierren acuerdos.De acuerdo con el ministro, la idea es «garantizar condiciones de trabajo digno, decente y oportunidades de empleabilidad, condiciones de trabajo, e implementación de leyes nacionales y convenios internacionales del sector de trabajo doméstico en hogares».Según el funcionario del gobierno Petro, esto se podrá dar en la medida en que se genere la «construcción de acuerdos vinculantes y cumplimiento de lo acordado respecto del Pliego Unificado de Peticiones del sector trabajo doméstico».Imagen: Alcaldía de MedellínMás modificaciones laborales para las empleadas domésticas en ColombiaHay que recordar que en la reciente reforma la Irak avalada por el Congreso, se aprobó que las empleadas domésticas en Colombia trabajarán solamente mediante la firma de un contrato.Este sería garantía para, entre otros, los pagos correspondientes a vacaciones, días de descanso, cesantías y seguridad social.En el marco de estas nuevas disposiciones, dijo el gobierno Petro que estas trabajadoras podrán presentar un pliego de peticiones que será socializado.Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Foto: MinTrabajo. Recomendado: Pago de pensión y salud de las empleadas domésticas en Colombia podrá hacerse con este cambioDijo Sanguino que estos son clave «para el desarrollo de los acuerdos que se adopten en el marco de la negociación colectiva y la legislación laboral vigente, sin que esto implique una carga adicional impuesta por el Estado, sino una consecuencia natural de su condición de parte en las relaciones laborales».