Alberto Núñez Feijóo ha convertido la inmigración en un elemento central de su discurso, aunque sus intentos de competir con Vox le llevan a protagonizar discursos erráticos e incluso contradictorios. En la última Junta Directiva Nacional del Partido Popular, celebrada el lunes, reclamó a los suyos más dureza y nombró como coordinador de las políticas de inmigración al creador de la marca Vox, Rafael Núñez Huesca, excolaborador de Santiago Abascal y portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Este jueves, durante el balance de la legislatura que ha realizado ante la prensa, presumió de que las comunidades del PP son "las únicas que han acogido" menores migrantes, un dato que es falso según se desprende de los datos oficiales aportados por las comunidades autónomas. Es más, algunas de ellas como la Comunidad de Madrid no sólo no han proporcionado al Gobierno un número concreto de cuántos están en el sistema a día de hoy, sino que además han recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto aprobado por el Gobierno para hacer la acogida de manera obligatoria y no voluntaria como hasta ahora.Hasta la fecha, la reubicación de los menores migrantes desde una comunidad a otras se producía cuando la primera rebasaba su capacidad de acogida en un 150%, una situación que Canarias ya sufre desde hace tiempo ya que su sistema puede sostener a 2.000 personas, pero actualmente lo hace con 6.000. Cuando eso ocurre, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia adoptaba lo que se conoce como "planes de respuesta", que no son más que acuerdos entre las regiones para realizar un reparto en función de la población, la renta o el desempleo que existe en las comunidades de destino. Se trata de un sistema que, sin embargo, no funciona por la negativa de algunas comunidades autónomas, incluidas las del PP, de acoger a estos menores."Nuestros planteamientos de solidaridad son planteamientos conocidos. Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor", fue la explicación que ofreció el líder del PP durante la rueda de prensa en la sede de Génova. Un argumento que también utilizó tras la ruptura con Vox el pasado verano pese a que hace solo dos semanas las comunidades autónomas del PP plantaron al Gobierno en la Conferencia Sectorial de Infancia que iba a abordar la reubicación de los niños y adolescentes migrantes no acompañados que aún permanecen en Canarias, Ceuta y Melilla.Feijóo, además, también restó importancia a la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) gobernado por el PP, de cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) que se abrió con el objetivo de atender a los ucranianos que llegaron a España en 2022. El año siguiente pasó a acoger a personas procedentes de otros países y ahora el consistorio ha determinado su cierre tras determinar que carece de la licencia necesaria para esa actividad. "Es sorprendente que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida", alegó.Las diferencias de enfoque en torno a las migraciones en función de su origen —los ucranianos son europeos, tienen la piel clara y son católicos frente a magrebíes, africanos de raza negra y la mayoría musulmanes— sirven para explicar el apoyo inicial dado por el PP a la iniciativa legislativa popular que se debatió en el Congreso pasado año para una nueva regularización de extranjeros sin papeles. Feijóo se posicionó entonces el bloque del 'sí', movido por la presión de la Iglesia católica y de algunos sectores empresariales que requieren de mano de obra, con la vista puesta en la inmigración europea pero, sobre todo, latinoamericana. Los conservadores defienden y alientan, incluso, la llegada de migrantes —a los que tratan a menudo como refugiados— procedentes de América Latina, especialmente de países en los que gobierna la izquierda. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta a menudo su comunidad como un territorio de libertad que acoge a quienes huyen de "las dictaduras" americanas. Quienes vienen, asegura Ayuso, lo hacen atraídos por "el modo de vida" madrileño, pero también por la seguridad jurídica que ofrece la capital.Feijóo nunca ha dado detalles de hasta dónde está dispuesto a llegar con la ILP, pero en una entrevista radiofónica difundida en abril del año pasado, prometió abiertamente "una solución" para los extranjeros en situación irregular que viven y trabajan en nuestro país. "Hay un debate que debemos dar y debemos de zanjar con los migrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país", argumentaba.Ahora, sin embargo, el apoyo a la ILP está en el aire. Fuentes del partido ya están deslizando que no aprobarán el texto cuando llegue de manera definitiva a la Cámara Baja. Esto se explica, en gran medida, por la radicalización del discurso del PP en materia migratoria, apostando por la asimilación forzosa para optar a la regularización, en línea con lo que defiende Vox: dar prioridad a los migrantes que comparten idioma y religión y rechazar a los que no. Pero ese no es el único motivo. El jefe de la oposición asegura que no pactará nada "con el PSOE de Pedro Sánchez", desvinculándose así de los pactos de Estado que ofreció cuando llegó al cargo.El discurso del PP cambia cuando se trata de migrantes económicos o de refugiados procedentes de África. En ese caso abundan las declaraciones cargadas de prejuicios que rozan peligrosamente la xenofobia vinculándoles sin pruebas con la comisión de delitos, la inseguridad en las calles o la okupación ilegal de viviendas. Recientemente, el líder del PP ha abrazado todavía más el discurso de Vox en esta materia al proponer deportar a los inmigrantes que residan de manera legal en España, si cometen un delito.Pero Feijóo no está solo en esto. Otros barones autonómicos como el presidente gallego, Alfonso Rueda, hizo referencia esta misma semana al “efecto llamada” y reclamó más "control en fronteras". Asimismo, afirmó no sentirse aludido después de ambos recibieran un recado en clave de reproche por parte de una voz destacada: la del arzobispo de Santiago. El pasado 25 de julio formuló “la más firme condena” a la “criminalización colectiva” de quienes migran. También consideró “inaceptable utilizar a los migrantes o refugiados como arma política, cuando ya acumulan el dolor del desarraigo y el abuso de las mafias”.La política migratoria que defiende el PP, al igual que la de la ultraderecha de Abascal, se sostiene además en estos mitos del “efecto llamada”, la idea de que España sufre "una invasión" de migrantes africanos, la exigencia de una carta de cumplimiento de las leyes que no está prevista en ninguna parte y la discriminación sin base de los refugiados cuando proceden de África.