El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, expidió el decreto 858 del 30 de julio de 2025, con el cual reglamenta algunos puntos clave contenidos en el proyecto de reforma a la salud, que aún está en trámite de primer debate en el Senado y que hasta hoy no se ha informado cuándo va a ser discutido.(Lea: Advierten riesgos en atención de pacientes con implementación de nuevo modelo en salud)La normativa tiene el objetivo de “reconfigurar inmediatamente” el modelo de prestación de servicios de salud en el país hacia uno preventivo, predictivo y resolutivo. En ese sentido, los expertos aseguran que los pacientes son los que están en riesgo porque el decreto les limita la libertad de escogencia de sus centros de atención.Adicionalmente, sostienen que el Gobierno perdió la pretensión que tenía de quedarse con la presidencia de la Comisión séptima del Senado, por lo que no le ven un futuro positivo a la discusión de la reforma en esa instancia, hecho que motivaría a imponer el articulado vía decreto.Así lo confirmó Jesús Albrey González, presidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico, quien además agregó que desde ya se vislumbra que la misma no tendría éxito en la discusión del Congreso. “Es por ello que creemos que el Gobierno no va a seguir insistiendo con la reforma y va a iniciar su implementación por vía de decreto”, mencionó.(Vea también: Supersalud pide aclaración y nulidad parcial de fallo de la Corte en caso EPS Sanitas)Expertos aseguran que el Gobierno optará por imponer la reforma por vía decreto ante el fracaso en el Congreso.iStockPor otra parte, el director de Así Vamos en Salud y exministro de la cartera, Augusto Galán, dijo que el Gobierno está excediendo sus competencias para reglamentar y de alguna manera “transgrede” normas como la Ley 100, la 1122, la 1438 y la misma Ley estatutaria, en relación con el modelo de aseguramiento y atención primaria en salud.Con lo anterior sobre la mesa, el directivo señaló que uno de los puntos que ha generado más preocupación es el futuro de la atención de los pacientes.“Lo más impactante es que la transición es abrupta y eso va a perjudicar a usuarios y pacientes en medio de esta normatividad compleja que tratan de imponer. Se verán abocados a mayores barreras de acceso y a más dificultades para recibir los servicios de salud”, argumentó Galán.(Vea más: Sociedades científicas participarán en la estructuración técnica de la UPC)Advierten que el decreto transgrede normas como la Ley 100 y la Ley Estatutaria al modificar el modelo de aseguramiento y atención.iStockAsí mismo, agregó que el mayor impacto va a ser para los pacientes y usuarios, teniendo en cuenta que la transición limita la libertad de escogencia, pues se obliga a todos los ciudadanos a estar adscritos en unos Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) definidos por el Estado.“Con tanta modificación abrupta y súbita en los procesos administrativos, en los procedimientos y la confusión que esto pueda generar en su proceso de implementación, los pacientes y los usuarios se van a ver abocados a mayores dificultades en el acceso a la prestación de los servicios y a la utilización y al acceso a medicamentos”, apuntó.Vale la pena destacar que según se menciona en la norma, esta tendrá aplicación para todos los actores de salud, entre ellos las promotoras de salud o territoriales ya sean departamentales, distritales y municipales; la Superintendencia de Salud; las EPS; las IPS; la Adres y las comunidades sociales, así como las demás instituciones que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho a la salud.(Lea: Actores de la salud piden ajustes técnicos y financieros urgentes para la UPC)La transición abrupta hacia Centros de Atención Primaria en Salud (Caps) limitaría la libre escogencia y aumentaría las barreras de acceso.iStock¿Y la responsabilidad?Otro de los puntos de análisis se concentra en el “desdibujamiento” que tendrían algunos roles esenciales en el sistema de salud.Frente a esto, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, señaló en Caracol Radio que la normativa no tiene claridad en las funciones y la fragmentación en los niveles de atención, lo que podría impactar no solo en el financiamiento, sino también en los usuarios.“Las EPS cumplen un rol de agente en el sistema que tiene unas funciones de punta a punta y usted puede ser responsable de esas funciones y de sus pacientes en la medida en que tenga herramientas para hacerlo. Pero, la crítica y a lo que no están dispuestas las EPS, es a seguir teniendo la responsabilidad sin los instrumentos para cumplir por ello”, destacó.(Lea también: ‘Hemos logrado avances en términos de sostenibilidad financiera’: Capital Salud)EPS mantienen responsabilidades sin instrumentos de ejecución claros, lo que pone en riesgo la atención.iStockVesga también hizo énfasis en que el problema de fondo es la desprotección a la que se enfrentarían los usuarios del sistema, pues estarían “navegando” entre varios agentes de salud que harán parte del sistema, como los Centros de Atención Primaria en Salud, las entidades territoriales, etc.Desde otro punto de vista Galán aseguró que las EPS quedan reducidas a unas funciones marginales de “colaboración”, hecho que genera muchas dificultades.“Quién se responsabiliza de que va a ser complejo de entender, de implementar y sobre todo de que los usuarios y pacientes realmente se vean beneficiados de esas modificaciones y esos cambios. Eso, de esta forma como se está tratando de imponer, es demasiado complejo y perjudicial para los usuarios”, cuestionó.(Vea: El dineral que podría ahorrarse Colombia si mejora la alfabetización en salud)Cuestionan la constitucionalidad del decreto y critica la falta de claridad sobre la financiación del nuevo sistema.iStockDe igual forma, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hizo énfasis en que la normativa no tiene en consideración a los pacientes que hoy en día no saben cuál es la ruta de atención o los que tienen que interrumpir su ruta actual. “El Presidente decidió que esta era una de sus banderas, y nunca entendió cuáles eran los riesgos, a los cuales está sometiendo los pacientes”, añadió.Para Jesús Albrey Gonzáles, hay un punto importante que ver y es que el decreto emitido por el Gobierno le entrega a la Superintendencia Nacional de Salud, la orden de actualizar los actos administrativos de habilitación de las EPS. “Eso lo hace estableciendo condiciones de verificación del cumplimiento del modelo de salud, adoptado en el decreto”, concluyó.(Vea más: Fomag aclara cuentas con Fundación Santa Fe y activa nueva red de salud para docentes)La Corte Constitucional ordenó revisar la metodología con la que se calcula la UPC en el sistema de salud.iStock¿Para qué la reforma?Según lo dicho por Augusto Galán a este medio, aún no se entiende cuál es la finalidad de la reforma de la salud, si se está imponiendo por vía decreto. “El problema es que esa reforma, por vía de decreto, excede las competencias que tiene el Gobierno Nacional para reformar sin ley, las normas vigentes”, dijo.Desde otro frente, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se refirió al decreto afirmando que “el Gobierno decidió imponer su idea de sistema de salud, muy probablemente en forma ilegal e inconstitucional”. Resaltó que este no brinda claridad a cómo va a ser la financiación del sistema y de los servicios que se incorporarán.(Vea: Del discurso económico de Gustavo Petro, tampoco cuadran las cifras en salud)DIANA K. RODRÍGUEZ T. Periodista de Portafolio