El delito de despojo de inmuebles ha dejado, en lo que va de 2025, un total de 2,245 carpetas de investigación abiertas en la Ciudad de México; de estos casos, la autoridad ha asegurado 265 inmuebles, de los cuales 196 ya fueron restituidos a sus legítimos propietarios. En tres semanas, en la mesa de atención instalada en el Zócalo, ha recibido 150 reportes.LEE ADEMÁS: Dalilah Polanco en la mira: ¿será la nueva Mariana Echeverría de La Casa de los Famosos México?Este fenómeno ocurre mediante diversas modalidades, el cual va desde el uso de violencia y amenazas para forzar el desalojo de viviendas, hasta fraudes notariales, escrituras falsas o la simulación de juicios, mecanismos con los que grupos organizados o particulares se apropian ilegalmente de propiedades, muchas veces en agravio de personas en situación de vulnerabilidad, como son los adultos mayores, mujeres, pueblos indígenas o herederos sin representación legal clara.Ante este panorama, el Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local que busca sancionar el despojo con penas de entre 6 y 11 años de prisión en su tipo penal base, y con entre 12 y 22 años, cuando existan agravantes, sin derecho a fianza.En la iniciativa, la cual será enviada al Congreso de la Ciudad de México durante el mes de agosto, con el propósito de que sea discutida y dictaminada en el siguiente periodo ordinario de sesiones, se plantea incorporar figuras equiparadas al delito, como la negativa a desocupar un inmueble a pesar de existir una orden judicial de restitución, así como la obtención de beneficios mediante el ejercicio de un cargo público, notarial, sindical o de representación social.La propuesta fue dada a conocer en conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, junto con su gabinete y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.Durante su intervención, la fiscal Bertha Alcalde Luján explicó que el delito suele operar a través de simulaciones legales, suplantación de identidad o uso indebido del sistema notarial, especialmente con escrituras realizadas por notarios de otras entidades federativas.Señaló que muchas víctimas enfrentan dificultades para recuperar su patrimonio, aun con resoluciones judiciales favorables, debido a vacíos legales y procesos prolongados.Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, explicó que la mayoría de las denuncias provienen de personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas sin representación legal.Informó que la atención de los casos se ha canalizado a través de una Unidad Operativa Especializada que funciona desde hace cuatro meses y que integra esfuerzos de distintas dependencias como la Consejería Jurídica, el Registro Público de la Propiedad, el Poder Judicial, el INVEA, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección General de Regularización Territorial.El secretario de Gobierno explicó que las denuncias pueden recibirse a través de Locatel, el 911, redes sociales, visitas casa por casa o en la mesa de atención instalada en el Zócalo, que en tres semanas ha recibido 150 reportes.Indicó que el protocolo de actuación establece un proceso interinstitucional que inicia con la recepción del caso, continúa con el análisis legal correspondiente y concluye con medidas de aseguramiento, desocupación o restitución del inmueble.Por su parte, la consejera jurídica Eréndira Cruzvillegas Fuentes anunció que, además de la reforma penal, se propondrán modificaciones a la Ley del Registro Público de la Propiedad y a la Ley Registral.Entre los cambios previstos se incluye la obligación de que los notarios foráneos que pretendan escriturar inmuebles en la Ciudad de México acrediten su función mediante constancia emitida por la autoridad notarial correspondiente. También se busca incorporar inscripciones precautorias sobre bienes públicos en riesgo y alertas electrónicas para detectar posibles fraudes.La Fiscalía anticipó que se fortalecerá la unidad encargada de investigar estos casos, que actualmente comparte funciones con delitos ambientales, ya que el objetivo es establecer una fiscalía especializada con personal exclusivo, criterios de priorización y estrategias para identificar patrones en los casos relacionados con despojo.The post CDMX busca endurecer castigo por despojo: hasta 22 años de prisión por no devolver inmuebles first appeared on Ovaciones.