El texto eran "apenas cuatro líneas en las que se obvió el verdadero impacto económico que la aprobación de la medida". El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, fue cofundador de Equipo Económico y tuvo un 5% del despacho hasta 2008270.000 euros por un informe de doce páginas: el pago a Equipo Económico que ahorró a las gasísticas 4,7 millones al año en impuestos La Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra sospecha que Equipo Económico desplegó en 2017 su labor de “asesoramiento cualificado” en “defensa” de los “intereses” de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) más allá del Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro durante el último Gobierno de Mariano Rajoy. Un informe incorporado a la causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, detalla los correos electrónicos de Óscar del Amo Galán, subdirector general de Tributos Locales, investigado en el procedimiento, para conseguir una rebaja fiscal en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 propuesta por AFGIM. A pesar de algunos cambios menores en la redacción inicial de la asociación empresarial, el texto final fue en esencia el que perseguían las gasísticas, en perjuicio de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos, según la tesis de los Mossos. La presunta trama instalada en el Ministerio de Hacienda habría maniobrado para obtener una suerte de “nota de valoración técnica” por parte del Ministerio de Economía e Industria que validara la modificación normativa propuesta por AFGIM. “En realidad”, explica el informe, “todo este procedimiento, en lo relativo a la modificación de los epígrafes de aplicación del IAE, quedó reducido a un mero trámite”, que fue “resuelto” con “apenas cuatro líneas en las que se obvió el verdadero impacto económico que la aprobación de la medida causaría sobre la capacidad recaudatoria de las haciendas locales y, por consiguiente, en el objetivo de mantener la estabilidad presupuestaria de estas administraciones”. El “proponente” de la modificación, Óscar del Amo, recientemente destituido a consecuencia de su imputación en la causa, “utilizó la nota emitida exprofeso” por un subdirector general del Ministerio de Economía e Industria, con quien supuestamente había “acordado” su contenido, para “exponer que la propuesta era de carácter técnico”. Revistiendo la modificación con un halo de naturaleza técnica, logró justificar que la medida no afectaba a los ingresos municipales, “cuando en realidad, no se hizo mención alguna a la realización de un auténtico estudio económico con la comparativa del impacto de aplicar unos u otros epígrafes en la tributación por la actividad económica desarrollada por los socios de la AFGIM”. Una vez recibido el informe, la asociación gasística presentó la propuesta de modificación “a efectos de su inclusión” en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La rebaja fiscal no había sido fácil. Previamente, una consulta vinculante planteada por AFGIM y firmada por Óscar del Amo, había quedado anulada a consecuencia de la reclamación del Ayuntamiento de Tres Cantos. El “segundo intento”, según los investigadores de los Mossos, se inició con el “supuesto aval técnico” aportado por el alto funcionario del Ministerio de Economía e Industria, quien “supuestamente desde un punto de vista neutral debía aportar luz sobre el asunto sopesando los antecedentes argumentados por las partes”. “Es obvio”, según abunda el informe, que la afectación de la medida para los ayuntamientos implicados “iba a suponer un importante quebranto económico con una sustancial pérdida en la capacidad recaudatoria”. Además, la falta de estudio económico o de una “simple comparativa del resultado de aplicación de las tarifas previstas” en los epígrafes del IAE “acredita la falta de rigor técnico y de veracidad en las afirmaciones que apuntaban a que no había afectación para el erario público”. Así, la propuesta enviada por el secretario general de AFGIM que incluía en uno de los epígrafes la “fabricación de gases comprimidos y de anhídrico carbónico solidificado (hielo seco)” quedó plasmada en el redactado final. La redacción final, con unas leves modificaciones puntuales respecto a la propuesta inicial de AFGIM, fue consultada con el secretario general de la asociación gasística, Carlos Romero, según se desprende de los correos electrónicos de los altos cargos de Hacienda analizados por los Mossos. Uno de los 'e-mails' llamó la atención de los investigadores. El 12 de junio de 2017, Romero, envió un correo electrónico indicando las personas que asistirían a una reunión convocada por la Dirección General de Tributos para tratar de la modificación. En la lista, se incluyó a Reyes Gil, “destacada colaboradora” de Equipo Económico “como si formara parte de la propia AFGIM”, en un momento, destaca el informe, en que la supuesta influencia de la empresa en altos cargos del Ministerio de Hacienda ya tenía “eco mediático”. El exministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos La venta de las participaciones de Luis de Guindos El ministro de Economía e Industria en la época de la modificación normativa era Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo. De Guindos fue uno de los socios iniciales de Equipo Económico. Otro informe de los Mossos detalla que De Guindos, de quien destaca que fue ministro del Gobierno de Rajoy con Montoro en la cartera de Hacienda, ostentaba el 5% de las participaciones de la empresa (300 de las 6000 en total, con un valor nominal de 10 euros) entre 2006 y 2008. El exministro de Economía mantuvo su participación hasta el 6 de mayo de 2008, fecha en que las transmitió a otros socios de la mercantil: Miguel Crespo Rodríguez; Salvador Ruiz Gallud, director general de la Agencia Tributaria de 2001 a 2004; Manuel de Vicente Tutor, director de gabinete de éste último, y Francisco Piedras Camacho, director de gabinete de Cristóbal Montoro en su etapa como ministro del Gobierno de José María Aznar. El informe del Área Central de Análisis de la Criminalidad de los Mossos, detalla que las 300 participaciones de Luis de Guindos se vendieron por un total de 3.000 euros (el valor nominal). Sin embargo, según apuntan los investigadores, “siguiendo el criterio de la AEAT [Agencia Estatal de la Administración Tributaria] respecto a la valoración de las participaciones sociales, estas se hubieran tenido que transmitir por el valor teórico contable del ejercicio 2007”. Con esos cálculos, el valor de las participaciones habría ascendido a 4.716 euros. Aunque los investigadores de los Mossos reconocen que determinar el valor potencial de una empresa es “muy complejo” y “en muchas ocasiones difícil desde el punto de vista objetivo”, también reseñan que el valor teórico contable de Equipo Económico en el ejercicio 2015 era “30 veces superior a su valor nominal”.