El Congreso de los Diputados echa la persiana por vacaciones. Y el último pleno de la temporada ha dejado una bocanada de aire fresco para el Gobierno en mitad de la tensión política al haber logrado sacar adelante siete de las ocho puntos del orden del día , a excepción del llamado decreto antiapagones que tumbaron el PP, Vox, Junts, Podemos y el BNG.La última sesión plenaria hasta septiembre era también un laboratorio para pulsar qué fuerza tiene el Gobierno de coalición en un momento muy complicado por la irrupción del caso Cerdán, que ha estado a punto de reventar por los aires la legislatura. Los socios ya dieron un margen a Pedro Sánchez para seguir adelante durante su pasada comparecencia, pero los votos eran otra muestra para comprobar qué camino puede recorrer el presidente (ausente del Congreso por su viaje oficial a varios países de Latinoamérica).La coalición, con distintas aritméticas en cada caso, vio la luz verde en las votaciones de la creación de la Agencia de Salud Pública, de la modificación del Régimen Económico y Fiscal canario y de la remodelación de la ley de aseguradoras, normas que volvían al Congreso tras su paso por el Senado. Asimismo, se aprobaron las dos reformas del reglamento de la Cámara Baja, que incluye el régimen sancionador para aquellos acreditados como prensa que no cumplan las normas. El saldo de votos fue positivo en el caso de dos de los tres reales decretos (el de transferencias a cuentas a las entidades territoriales y el de acontecimiento de interés público).El único varapalo que se llevó el Gobierno fue el del rechazo al decreto antiapagones, ya que pulsaron la luz roja los diputados del Partido Popular, de Vox, de Junts, de Podemos y del BNG. En el Gobierno defienden que no hay razones “técnicas” para ese rechazo y señalan en el núcleo duro del Palacio de La Moncloa que se debe más a la estrategia política de los partidos.El Ejecutivo está convencido de que ese decreto, con una estrategia para que no vuelva a haber otro apagón, es bueno, por lo que volverá a aprobarlo próximamente y lo llevará otra vez para su ratificación a las Cortes Generales. En la coalición de Gobierno es evidente el enfado con el PP y con Podemos, quienes ni siquiera quisieron sentarse con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para darle forma a ese paquete.El decreto que ha caído incluye una mayor supervisión del sector por parte de la CNMC (con evaluaciones cada tres meses de las obligaciones de control de tensión de los sujetos obligados a prestar el servicio). La norma contenía medidas por valor de 750 millones de euros, con un ahorro estimado de 200 millones de euros anuales para los consumidores una vez implantadas.Además, suponía un avance en transición energética al impulsar el almacenamiento en plantas renovables, favorecía el autoconsumo e incentivaba la repotenciación eólica, además de acelerar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos y bombas de calor. El decreto llegaba con un gran consenso por parte de grupos ecologistas como Greenpeace, empresas industriales representadas por la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, por AEGE y la Alianza España Verde y Conectada, además de las asociaciones de renovables.Políticamente, el rechazo de este decreto deja dos artistas principalmente. Por un lado, la posición de Junts, que siempre hace pender todas las votaciones. Fuentes posconvergentes achacan su ‘no’ a la forma de negociar de los socialistas. Y también deja la sensación en el Gobierno, tanto en el ala socialista como en Sumar, de que Podemos ahora mismo es el partido más duro y el que puede hacer descarrilar la legislatura.Ione Belarra justificó el voto en contra este martes en que “es fundamental atar en corto el oligopolio eléctrico” y en que "las posibilidades de que mañana se produzca un apagón como el del pasado 28 de abril con este real decreto son exactamente las mismas" que sin él. "A nosotras nos interesa que realmente se gobierne para la gente y con este real decreto se le está mintiendo a la gente, no se le pone ni una sola obligación al oligopolio, el Gobierno está protegiendo al oligopolio y por ahí Podemos no va a pasar. Si quieren mentir a la gente, que lo hagan, pero no va a ser con nuestro voto y nuestro silencio", subrayó.A pesar de la enorme distancia política y de la tensión por los casos Cerdán y Montoro, el PSOE y el PP unieron sus votos, en cambio, en el decreto pilotado por María Jesús Montero sobre la actualización de entregas a cuenta a las comunidades, que ascenderán hasta 147.412 millones (lo que supone un 9,5% más respecto a 2024). Los populares dieron su visto bueno al tener en su poder el mayor número de administraciones territoriales.Este último pleno del periodo de sesiones tenía una enorme carga simbólica después de las semanas de convulsión política por el caso Cerdán, que llevó al presidente del Gobierno incluso a plantearse dimitir. Pero ahora el Ejecutivo quiere seguir hacia adelante y también ve un poco más despejado el camino por el huracán que azota al Partido Popular por el caso Montoro, con la Justicia investigando al exministro de Hacienda del PP por supuestamente beneficiar a través de las leyes a empresas gasistas.El Ejecutivo ha logrado por el momento despejar el fantasma de una convocatoria electoral anticipada. Y, además, planea un reseteo de la legislatura a partir de septiembre, mientras los socios de Sumar aprietan a los socialistas para sacar adelante medidas de la agenda social. Pero, además, en La Moncloa son conscientes de que su futuro pasa por seguir contando con votos semana tras semana. Por ahora todavía mantienen la respiración.