El PP respalda a los agitadores ultras del Congreso, a los que califica de “periodistas” y elogia como “prensa incómoda”. Lo hace a pesar de que los profesionales del periodismo de medios de la derecha tradicional acreditados en la Cámara Baja apoyan sin reservas la reforma del reglamento que este martes ha sido aprobada y cuyo único objetivo es que quienes no cumplan las normas de comportamiento en dependencias de la Carrera de San Jerónimo sean sancionados. En contra, Vox, PP y UPN. A favor, todos los demás: PSOE, Sumar, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, BNG, Coalición Canaria y Podemos. 178 votos a favor, 171 en contra. Cero abstenciones.Con esta posición, el partido de Alberto Núñez Feijóo apoya a quienes, desde hace varios años, revientan ruedas de prensa de los partidos soberanistas y de izquierdas, acosan a los políticos progresistas y a los periodistas, y dificultan el trabajo de los profesionales de la información. Agitadores todos ellos, alineados en defensa de formaciones ultras, desde Vox hasta Se Acabó la Fiesta.El argumentario del PP no deja lugar a dudas. Su portavoz en este trámite, Carmen Navarro, abogada y con una década ocupando un escaño en el Congreso, no ahorró hipérboles para describir una reforma que nace de la petición de los profesionales del periodismo acreditados en la Cámara: “Laboratorio de cancelación, de censura y persecución política”; peligroso precedente para lograrlo: “Régimen de censura”.La paradoja es que Navarro, al mismo tiempo que afirma que la reforma pretende “castigar al discrepante y amedrentar a la prensa incómoda”, sostiene que es algo que ya es posible sin necesidad de ningún cambio. La presidenta Francina Armengol ya puede, asegura, “actuar al instante, ordenar desalojos, suspender acreditaciones y salvaguardar el respeto debido a esta Cámara. Si la presidenta no ha actuado es porque no ha querido, no porque no pudiese”.Y eso que el PP reconoce los problemas que causan los agitadores de extrema derecha a los que apoya, aunque los minimice: “Nadie niega que haya habido incidentes y tensiones crecientes entre parlamentarios y algunos periodistas, entre algunos periodistas entre sí”. Pero los considera “periodistas incómodos”, a los que “el sanchismo” quiere “silenciar” para “blindar su relato, protegerse de los escándalos y erosionar cualquier atisbo de crítica o control externo (…) ante el descrédito, la corrupción y el agotamiento social”.En el debate de este martes en el Congreso, el último paso que quedaba para que la reforma superase con éxito su tramitación, Navarro fue aún más lejos: los promotores de la modificación reglamentaria no sólo promueven “purgas” de periodistas sino un regreso a la Inquisición.La reforma, impulsada por una coalición de grupos progresistas y nacionalistas (todos los de la Cámara, a excepción de PP y Vox), busca atender las quejas de los profesionales de la información que, con el apoyo de organizaciones profesionales como los Colegios de Periodistas y la FAPE, denuncian la proliferación de actitudes intimidatorias y de acoso por parte de algunas personas acreditadas como prensa que, en realidad, solo son activistas de extrema derecha. El objetivo es garantizar el derecho a la información poniendo coto a comportamientos que obstaculizan el trabajo periodístico o interfieren en el normal funcionamiento del Parlamento.La reforma no silencia a nadie, como argumentan los agitadores, el PP y Vox. Introduce un nuevo sistema de concesión y renovación de credenciales para los medios de comunicación. Será la Mesa del Congreso quien fije los requisitos exigibles, incluyendo el respeto a las normas de cortesía parlamentaria y a las instrucciones internas de la Cámara. Además, se tendrá en cuenta el historial previo del solicitante: quienes hayan protagonizado incidentes o vulneraciones de las normas podrán ver denegada su renovación.Una de las principales novedades es la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria. Este órgano estará integrado por un representante de cada grupo parlamentario y contará con la participación de entidades profesionales del periodismo. Su función será asesorar en el procedimiento sancionador cuando se produzcan conflictos o infracciones por parte de personas acreditadas.El texto enumera detalladamente qué se considerará una infracción leve, grave o muy grave. Entre las conductas sancionables figuran el acceso a zonas no autorizadas del Congreso, la grabación de imágenes o audios sin permiso, la interrupción de ruedas de prensa o la publicación de contenidos obtenidos vulnerando las normas internas. También se castigarán con mayor severidad los insultos, las descalificaciones personales o el uso de dispositivos ocultos para grabar en espacios reservados.Las sanciones irán desde el apercibimiento o la suspensión temporal de la credencial hasta la retirada definitiva de la misma, en los casos más graves. Además, si una infracción grave o muy grave aparece publicada sin autoría identificable, la sanción se extenderá a todas las acreditaciones del medio en cuestión durante un periodo de entre seis meses y tres años.La reforma prevé que los periodistas acreditados declaren de forma expresa su compromiso de respetar las nuevas normas. Quien se niegue a hacerlo perderá automáticamente su credencial. La nueva regulación entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo que demorará el inicio de su período de vigencia hasta finales de octubre.