La causa del caso Montoro ha estado bajo secreto de sumario desde agosto de 2018 hasta junio de 2025, es decir, casi siete años y 82 prórrogas judiciales para mantenerlo en secreto. Lo llamativo de este hecho, además de lo elevado del periodo, es que el teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, segundo máximo responsable del órgano, solicitó al juzgado que se levantara el secreto hasta en tres ocasiones. Algo que no pasó hasta tres años después de estas peticiones.Una fuente judicial consultada por infoLibre declara que el secreto prolongado de las actuaciones es normal en causas complejas, sobre todo en las de temas económicos, pero que “no recuerda otros casos en los que el secreto de una causa haya durado siete años”. Otra fuente indica que, normalmente, el secreto de las actuaciones se decreta para los hechos que están ocurriendo a la vez que la investigación, no cuando ya han ocurrido, como es este caso. El 2 de agosto de 2018, el magistrado Rubén Rus, del juzgado de Tarragona, decretó el secreto total de las actuaciones referidas al conocido como caso Montoro para “evitar comprometer el resultado de la investigación”. Desde entonces, Rus ha ido renovando el secreto mediante un auto mes a mes. En una de las ocasiones, en octubre de 2019, la fiscal encargada del caso, Carmen García Cerdá, muestra su conformidad con la prórroga del secreto por la “complejidad técnica de los hechos investigados”. Sin embargo, el criterio de la Fiscalía cambia a medida que se van sucediendo las prórrogas del secreto. El 8 de abril de 2022, Antonio Romeral, teniente fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y superior de García Cerdá, dirige al juzgado un escrito en el que solicita que se levante el secreto de las actuaciones “al no concurrir ninguno de los motivos” previstos en la ley para mantenerlo. El día 22 del mismo mes, el juez firma, como viene haciendo desde agosto de 2018, un auto prorrogando el secreto durante un mes más. En ese documento no hace referencia a la petición del teniente fiscal. Así, el 20 de mayo, Romeral manda otra vez el mismo escrito al juzgado, haciendo notar que no había recibido respuesta en su primer envío. Dos días después, como cada día 22, el juzgado prorroga otra vez el secreto, y el 6 de junio emite un auto de respuesta a la Fiscalía en el que “acuerda no haber lugar para levantar el secreto” de las actuaciones. Lejos de aceptar la decisión del magistrado, la Fiscalía Anticorrupción interpone un recurso ante la Audiencia Provincial de Tarragona contra el auto del 6 de junio que deniega su petición, así como contra los autos que prorrogan el secreto en mayo y en junio. La Audiencia Provincial desestima el recurso y mantiene el secreto de las actuaciones. Además, en su resolución, destaca el cambio de criterio de la Fiscalía, el cual dice que “no alcanza a comprender”, ya que los motivos que argumenta para levantar el secreto no son nuevos, y ya existían en prórrogas anteriores a las que no se opuso. Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre destacan también la “rareza” de esta discrepancia entre el teniente fiscal y la fiscal del caso, así como del hecho de que la Fiscalía solicite levantar el secreto de una causa y el juzgado se oponga, teniendo en cuenta, además, el tiempo transcurrido con la causa bajo secreto. No se trata del único choque de la fiscal del caso, Carmen García Cerdá, con sus superiores. A su diferencia de criterio con Romeral sobre la conveniencia del secreto de sumario, se suma su enfrentamiento con Alejandro Luzón, el máximo responsable de Anticorrupción. La fiscal recibió de Luzón la instrucción de no investigar la cuenta de correo de Cristóbal Montoro, y ella decidió convocar a la Junta de Fiscales para mostrar su desacuerdo y someter a votación la decisión de su jefe.Sus compañeros, incluido Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, respaldaron a Luzón, pero la fiscal continuó sus pesquisas con la policía judicial en contra de las órdenes de sus superiores, lo que finalmente le supuso una sanción económica de 1.000 euros, confirmada este mismo mes por el Tribunal Supremo. El 18 de octubre de 2023, El Periódico publica una información sobre la causa secreta que investiga el juzgado número dos de Tarragona. Esto provoca que, el 30 de octubre, el abogado de Equipo Económico escriba al juzgado para solicitar personarse en la causa, de la que afirma haberse enterado por la prensa, así como que se levante el secreto de sumario, al considerar que “carece de justificación”. Además, el escrito enviado al juez deja entrever, aunque de forma sutil, una acusación a la fiscal Carmen García Cerdá de estar detrás de las filtraciones a la prensa.