Presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez y presidente Gustavo Petro. Foto: Corte y Presidencia. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza al reciente aplazamiento en la discusión sobre la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional. A través de su cuenta de X, el mandatario acusó directamente al presidente del alto tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, de intentar frenar la iniciativa por «miedo a su efecto electoral».Según reveló El Tiempo, el malestar surgió luego de que la Sala Plena de la Corte decidiera postergar, al menos hasta la próxima semana, la discusión del proyecto. En respuesta, Petro lanzó duras críticas: «Sé que Ibáñez no quiere la ley pensional y lo que espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral. La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de Estado», expresó, asegurando además que ya se comenzará a aplicar parcialmente la reforma.“Dudar de la palabra del presidente de la Cámara de Representantes y del presidente de la República es de una grosería inmensa. Pero como en toda ley, hay cosas que ya se pueden hacer. Procedo a efectuarlo”, aseveró. Según lo anunciado por el presidente, desde este año se ampliará el acceso al bono pensional. Este beneficio —que anteriormente se otorgaba solo a mayores de 85 años sin pensión— se extenderá a hombres mayores de 75 años y mujeres mayores de 70. Por último, Petro anunció: “En el presupuesto del año 2026 desde ya queda la partida para atender el bono pensional con recursos presupuestales. La reforma pensional comienza ya”. Se que Ibañez no quiere la ley pensional y espera es aplazarla por miedo a su efecto electoral.La ley se aprobó dos veces en el Congreso. Impedir su aplicación es un simple golpe de estado.Dudar de la palabra del presidente de la cámara de Representantes y del Presidente de… https://t.co/HoX8ivDHX6— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 24, 2025¿En qué quedó la reforma pensional y cuánto costará el bono pensional?La reforma pensional fue aprobada por el Congreso en 2024, pero la Corte Constitucional identificó vicios de procedimiento en su trámite. Esto llevó a que la norma fuera devuelta a la Cámara de Representantes, allí se acogió el texto tal como fue aprobado inicialmente. Actualmente, la ley está en manos de la Corte, que aún no ha emitido un fallo definitivo sobre su constitucionalidad.Mientras tanto, el Gobierno avanza en el andamiaje de la reforma, según conoció Valora Analitik, para la vigencia 2026, Prosperidad Social proyectó una necesidad de inversión de $8,3 billones, una cifra que aún no ha sido oficialmente aprobada, pues depende del trámite presupuestal que se surte cada año, y del decreto de liquidación que se expide al cierre de cada año.En cuanto a las fuentes de financiación, el Gobierno estima que los recursos saldrán de:• Presupuesto General de la Nación.• Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional.A esto se suma «el respaldo de los instrumentos de planeación macroeconómica, como el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto, con los cuales se busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo de esta política», señala el Gobierno.—