El sistema judicial español no puede tolerar que se repitan episodios tan lamentables como los que protagonizan Juana Rivas y el grupo de acompañantes que está saboteando el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes sobre la entrega de su hijo menor al padre, Francesco Arcuri. Juana Rivas fue condenada por un delito de sustracción de menores a dos años y seis meses de prisión y la inhabilitación para ejercer la patria potestad por seis años. El Gobierno la indultó de forma parcial y condicionada, rebajando a la mitad la pena de prisión y eliminado la inhabilitación de la patria potestad. Si Juana Rivas está exponiendo a su hijo menor de edad a un trauma público es porque el Gobierno sucumbió a la presión política de quienes decidieron convertir un delito intolerable en la respuesta legítima de una «madre protectora». Tal calificación no puede definir a quien hace desfilar por la calle a su hijo menor, camino del punto de encuentro donde debe ser entregado a su padre, entre medios de comunicación, vecinos y personajes inefables que se autotitulan como juristas y ejercen sobre el menor una autoridad tóxica. Pocas veces ha quedado más en evidencia la hipocresía de aquellos sectores feministas y de la izquierda que claman por los derechos del menor solo cuando se trata de confrontarlos con el padre, pero consienten su vulneración pública cuando la responsable es una madre cuyo comportamiento ya ha sido calificado como delictivo. Y puede volver serlo porque la Audiencia de Granada acordó este jueves continuar un nuevo procedimiento penal contra Juana Rivas por otro delito de sustracción de menores, al impedir que su hijo menor volviera a Italia con su padre. La Audiencia no ahorra juicios muy severos contra Rivas por el uso que hace de sus hijos en el conflicto que mantiene con su expareja y el daño que está provocando en las relaciones con el padre. El marco argumental de esta sórdida historia de abuso afectivo no es otro que el que proporciona ese feminismo exacerbado que, subvencionado con dinero público, pretende derogar la aplicación de la ley y el cumplimiento de las sentencias cuando reconocen los derechos de un padre frente a una madre o fuerzan a aplicar inefables perspectivas de género para dejar sin efecto la presunción de inocencia del hombre. Estamos asistiendo a una fiel representación de la incompatibilidad entre el Estado de derecho y el sectarismo de la lucha de géneros. El caso de Juana Rivas no solo es una pésima causa para el feminismo, sino también un aviso de lo que sucede cuando los derechos de los menores se someten a la arbitrariedad de una militancia ideológica. La súbita querella presentada por el hijo mayor de Juana Rivas contra su padre, al margen de ser probablemente una maniobra teledirigida para suspender la entrega de su hermano menor –pero de la que él mismo, como mayor edad, es responsable personalmente–, revela la exasperación del caso, animada también por los lamentables comentarios de la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, con tan poco que hacer que no se le ocurre otra cosa que entrometerse en la ejecución de decisiones judiciales y solicitar a la Fiscalía que impida la entrega, prevista para este viernes, del menor a su padre. Esta combinación de indultos arbitrarios, intromisiones políticas y feminismo agresivo es la causa de la triste situación de un menor de edad convertido en marioneta de intereses ajenos, sobre cuya situación pesa la sospecha de que ha sido manipulado en los últimos meses por su madre, su hermano y su séquito de asesoras para enfrentarlo atrozmente a un padre absuelto, hasta ahora, de todas las denuncias por maltrato.