El Gobierno español mantiene la adquisición e instalación de cámaras de videovigilancia de Hikvision, una compañía que se encuentra bajo la sospecha global por motivos de seguridad nacional. En 2022, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) certificó la seguridad de los modelos DS-2CD5, DS-2CD7 y PTZ versión 1.1, según el certificado CCN-CC-25/2022, firmado por Esperanza Casteleiro y publicado en el BOE.Este aval del organismo se articula mediante la certificación Common Criteria EAL 3+, reconocida mundialmente, y realizada por la empresa SGS Brightsight. No obstante, países aliados como Estados Unidos (EEUU), Reino Unido y Canadá han vetado el uso de tecnología de esta firma en instalaciones sensibles, citando los riesgos derivados de la Ley de Seguridad Nacional china.¿Dónde están instaladas?Estas cámaras se encuentran distribuidas en lugares clave: la valla fronteriza de Ceuta y Melilla, edificios de Moncloa, Renfe, Hacienda, Correos, el Ministerio del Interior y el departamento de Seguridad de la Presidencia, además de administraciones autonómicas y locales. Su uso ha generado cierta preocupación entre expertos, quienes han advertido de los riesgos de que datos sensibles puedan estar sujetos a espionaje o manipulación.HikvisionLa empresa ha negado cualquier riesgo, destacando la certificación EAL 3+ y el cumplimiento de estándares internacionales como Common criterio y ISO/IEC 27001, y ha atribuido estos vetos a cuestiones políticas.Aunque por el momento no han aclarado de forma específica la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional china en sus operaciones.Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com