Contundente y unánime rechazo. Eso fue lo que mostraron este martes tanto las organizaciones profesionales agrarias como la Junta de Castilla y León ante la propuesta que ha hecho pública la Comisión Europa para elaborar la futura PAC para el periodo 2028-2034. «No hay nada positivo», consideraron los representantes de los agricultores y ganadero que, de la mano de la Consejería del ramo, aunarán esfuerzos durante los próximos dos años para tratar de cambiar el rumbo de ese planteamiento que, según dijeron, afecta especialmente al modelo de explotaciones que tiene Castilla y León. Ambas partes se sentaron «con cierta urgencia» en la mesa del Consejo Regional Agrario para analizar la postura europea y llegaron a la misma conclusión: la necesidad de estar «unidos» en un «frente común» y tejer «alianzas» para que la Comisión dé marcha atrás. Así, buscan una posición de Comunidad «sólida, rotunda y unificada», manifestó la responsable del departamento de Agricultura y Ganadería, María González Corral, quien garantizó que en todo este proceso -quedan dos años de debate por delante hasta que se apruebe el documento definitivo- la Junta estará «junto» a los profesionales del campo. La meta es poder llegar a conseguir lo que consideran una «PAC justa» , que apueste por «la incorporación de los jóvenes», la «simplificación administrativa» y tenga un «presupuesto fuerte», Y es que, según dijo, el «recorte» planteado por Europa es «inadmisible» . De 386.000 millones se pretende pasar a 294.000, según sus cálculos, a lo que hay que añadir que la nueva forma de distribución tampoco es, a su juicio, «adecuada». Los dos pilares fundamentales actuales de financiación, el de las ayudas directas y el de desarrollo rural , pasarán ahora al mismo «sobre», expresó González Corral, con un gasto «blindado» para la agricultura. «Gran parte de esos fondos los gestionaran directamente los estados miembros», indicó, por lo que se generarán «desigualdades» entre los diferentes territorios. Por ello, reivindicó una Política Agraria Común con una «autonomía sólida» que defienda también la figura del «agricultor profesional». Así se lo trasladará al Ministerio, aseguró, a cuyo titular, Luis Planas , ya le ha enviado una carta junto a otras comunidades para solicitar una «reunión urgente» que espera que se celebre «en los próximos días». «Es fundamental», argumentó, que la administración central se sume a lo que Castilla y León considera «necesario y justo» para la Comunidad. «Exigimos una defensa férrea del modelo tradicional de la PAC», dijo González Corral, quien aprovechará, además, sus seis meses de representación de las comunidades autónomas ante el Consejo Europeo de Agricultura para reivindicar la posición autonómica y mantener un «contacto estrecho» con europarlamentarios que en septiembre deben dar su visto bueno al nuevo modelo. Por último, los asistentes al Consejo Regional Agrario acordaron la creación de un grupo de trabajo para ir analizando las propuestas que se vayan conociendo y «canalizar las reivindicaciones».«Rotundo rechazo» también de las organizaciones agrarias a ese renovado planteamiento. Para el presidente de Asaja, Donaciano Dujo, la disminución de los fondos supondrá que Castilla y León reciba 274 millones de euros menos, que se elevarían a 460 al año si se tiene en cuenta la inflación. «No hay ni una sola mención a la comercialización ni a la producción de calidad. Se deja todo en manos de los mercados, los aranceles y los acuerdos con Ucrania», criticó. Tampoco «hay alusión a la agricultura profesional », lamentó y propuso «unidad» para cambiar la propuesta hacia una PAC «productiva, libre y sin burocracia». En esa misma línea, el representante de UPA-COAG, Aurelio González, consideró que «quieren quitar tractores para poner tanques », ya que, según dijo, el «recorte» del presupuesto a la PAC podría acabar yendo a Defensa. «La pelota está ahora en el tejado del Parlamento Europeo», subrayó. antes de señalar que «si tiene sensibilidad con los agricultores votará no a una propuesta que está redactada de forma insuficiente». Para el líder de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, se trata de la «antesala del desmantelamiento» de la Política Agraria Común. «Tenemos dos años de intenso trabajo y de búsqueda de alianzas para cambiarlo», señaló, antes de reivindicar que las ayudas tienen que ir a los agricultores a título principal, una reducción de la burocracia y que se apliquen las «cláusulas espejo» para que se exija a los países de fuera de la Unión Europea los mismos estándares de calidad y sanidad animal.