El Tribunal Constitucional ha rechazado admitir a trámite el recurso de amparo presentado por Juana Rivas contra la orden de entrega de su hijo menor al padre, el ciudadano italiano Francesco Arcuri. La resolución había sido dictada por la Corte de Apelación de Cagliari, en Italia, que resolvió mantener la custodia del menor a favor del progenitor. La inadmisión se ha producido por no haberse agotado previamente las vías judiciales ordinarias, según fuentes jurídicas.Los magistrados José María Macías, Ricardo Enríquez y Juan Carlos Campos, integrantes de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional, se reunieron de urgencia para deliberar sobre el recurso. Concluyeron que no procedía su tramitación al considerar que no se había cumplido con los requisitos procesales necesarios. Rivas había acudido al alto tribunal tras la negativa de la Audiencia Provincial de Granada a suspender la orden de entrega dictada por un juzgado de Primera Instancia de esta ciudad.El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó que el cumplimiento de dicha orden estaba previsto para las horas de la mañana de este martes, con la intervención de un punto de encuentro familiar. Esta inmediatez llevó a que se presentaran recursos en distintos tribunales por parte de Rivas y su equipo legal, sin que prosperaran sus intentos de paralizar la entrega del menor.La posición de la Audiencia de GranadaLa Audiencia de Granada argumentó en su resolución que las medidas adoptadas en procesos de familia son de aplicación inmediata, sin posibilidad de suspensión ni necesidad de trámite adicional alguno. En el marco del derecho de la Unión Europea, subrayó además que no correspondía cuestionar el sistema judicial de otro Estado miembro, incluso si existiera una investigación abierta por violencia doméstica contra Arcuri en Italia, derivada de denuncias de Rivas.Los jueces hicieron hincapié en la necesidad de preservar la confianza mutua entre los sistemas jurídicos de los países de la Unión Europea, elemento esencial para el funcionamiento del espacio común de justicia. Consideraron que aceptar la tesis de una supuesta desprotección del menor por el retorno a Italia implicaría deslegitimar sin fundamento suficiente el ordenamiento jurídico de otro Estado miembro, lo que no resulta compatible con las normas imperativas del derecho comunitario.