Equipo Económico S.L. es un bufete de asesoría fiscal que se constituyó en Madrid en junio de 2006, según figura en su depósito de cuentas. Es la empresa que está en el centro de la investigación que mantiene abierta el Juzgado de Instrucción número dos de Tarragona y que ha terminado con la imputación de casi la totalidad de sus socios y del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La razón es que, presuntamente, habrían maniobrado para beneficiar a empresas gasistas mientras Montoro era ministro, realizando ajustes fiscales “a medida” para las compañías. “Esa trama, organización u operativa, gira en torno a la mercantil Equipo Económico”, explica el juez en el auto. La dinámica era la siguiente: las empresas acudían al bufete, formado por antiguos cargos de Hacienda próximos a Montoro durante su primera etapa como ministro con José María Aznar. Ellos hacían llegar las peticiones de las empresas al ministerio que presidía Montoro bajo el mandato de Mariano Rajoy, consiguiendo presuntos tratos de favor. El juez señala que estas mediaciones podrían haberse realizado “encubriendo una comisión para el ejercicio de su influencia”. La relación entre el exministro y el despacho de abogados es estrecha. Tanto, que él mismo era uno de los fundadores. En 2004 Aznar sale del Gobierno y muchos de sus ministros y altos cargos pasan de la política al sector privado. El camino de Cristóbal Montoro —economista de formación y siempre vinculado a cargos en Economía y Hacienda— pasa por fundar un despacho en el año 2006 con el nombre Montoro y Asociados Asesores S.L, dedicado al asesoramiento en “materias económicas”, según aparece en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de esa fecha. En los nombramientos que se van publicando figuran ya algunos nombres que habían pasado por la Administración y que aparecen imputados en el auto conocido esta semana. Está Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria y también Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, nombrado en enero de 2008 tras haber ocupado distintos cargos de responsabilidad en la Agencia Tributaria. Hasta 2012 también estuvo Ricardo Montoro, hermano del exministro. Este despacho será el germen de Equipo Económico. El siguiente paso llega el 13 de junio de 2008, cuando se produce un cambio en la denominación social de la empresa. Así, con la salida del exministro de la firma, Montoro y Asociados pasa a llamarse Equipo Económico S.L., el nombre sobre el que vuelve una y otra vez el auto del juez y que arrastra sospechas e investigaciones desde 2013. Al repasar las cuentas de esta empresa, se constata cómo su actividad se va reduciendo: en su depósito de cuentas de 2014, declaraba una cifra de negocio neta de 5,4 millones de euros y un resultado positivo en el ejercicio de más de 139.000 euros. En el de 2016, su resultado baja hasta los 14.900 euros, con una cifra de negocio de 1,5 millones, y en 2019 su resultado fue de 19.500 euros, con una cifra de negocio de 90.000 euros. En resumen, sus cifras caen más de un 95% en cinco años. Empiezan a bajar justo cuando las de Global Afteli despegan. Y aquí entra en acción la tercera, y actual denominación, que ha tenido este despacho: Global de Asesoramiento Financiero, Tributario, Económico, Legal e Internacional SL, recogida en el auto del juez como Global Afteli. Se constituye en julio de 2015 y a partir de 2016 se produce un trasvase de actividad desde Equipo Económico hacia esta nueva sociedad. Aquí es importante destacar que El País había publicado en 2015 que Anticorrupción estaba investigando un posible contrato a dedo otorgado al despacho de Montoro. Poco tiempo después, en 2017, saltarían las primeras querellas contra Equipo Económico. Pese al cambio de nombre legal, la página web de la empresa sigue manteniendo su logo anterior y en ella advierten que la titular de la página es Global Afteli, pese a que la denominación que aparece es Equipo Económico. En un vistazo a sus finanzas, se ve que a medida que las cifras de Equipo Económico bajan, las de la nueva sociedad suben: en 2016 mueven una cifra de negocio de 2,1 millones y un resultado de 142.000 euros; en 2019 su volumen de negocio asciende a 4,3 millones, con un resultado de 140.000 euros. Otro nexo entre Global Afteli y Equipo Económico es, de nuevo, Manuel de Vicente Tutor, que aparece como administrador único de Tutpim Inversiones SL, la firma que figura como administradora única en Global Afteli. Tutor es uno de los actuales imputados en la causa de Montoro. Una maraña de sociedades, en fin, en la que todo parece conectado. A los socios de Equipo Económico ya mencionados, se suman dos imputados más de este despacho. Por un lado, Ricardo Martínez Rico, actual presidente ejecutivo del despacho y antiguo jefe de gabinete de Montoro entre 2000 y 2003, además de ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. Por otro, Covadonga Gómez Garrido, una trabajadora del departamento de administración que presuntamente habría “percibido retribuciones de todas las empresas instrumentales vinculadas a los socios del despacho”, concluye el texto del juez. El papel de Equipo Económico como representante de grandes empresas siempre ha sido polémico y se enmarca dentro de la segunda etapa de Cristóbal Montoro en el Gobierno de Mariano Rajoy, a partir de 2011. Ya en 2013, un artículo de Bloomberg señalaba posibles conflictos de interés entre Equipo Económico (que representaba a la empresa de apuestas Codere y donde aún estaba el hermano del ministro), y la legislación promovida por el gabinete de Hacienda de Montoro, que penalizaba fiscalmente a las compañías de juego que suponían una competencia para Codere. “A partir de 2008, cuando regresé al Congreso de los Diputados, es cuando yo dejé esa empresa”, señalaba el exministro en 2015 cuando le pedían explicaciones sobre su vinculación con el despacho. En 2017 llega la primera actuación judicial, aunque El País ya había adelantado en 2015 que Equipo Económico estaba siendo investigado. La Fiscalía Anticorrupción denunció a los integrantes del despacho por un presunto contrato a dedo de la Cámara de Comercio adjudicado en 2012 a Equipo Económico. La fiscalía se basaba en la sospecha de que los miembros del despacho —entre los que estaban aún Ricardo Montoro y otros nombres conocidos como Salvador Mariano Ruiz, Manuel Vicente Tutor y Francisco Piedras (imputados estos tres últimos en la causa actual)— estarían ofreciendo sus servicios a empresas para conseguir que se legislase a su favor. La misma dinámica que les ha valido la imputación en esta ocasión. A este proceso se añadirían dos denuncias anónimas en las que se acusaba a Equipo Económico de operar como un lobby al que las empresas debían acudir para conseguir favores gubernamentales. Sin embargo, la causa terminó archivándose en 2019, según explicaba este periódico, por no apreciarse suficientes indicios de delito. Para 2017 la actividad de Equipo Económico ya se había empezado a reducir y la de Global Afteli era más cuantiosa. También en 2017, un juzgado de Tarragona que investigaba a la empresa gasista Messer Ibérica por otro delito, encuentra por casualidad un correo que le pone de nuevo en la pista de Equipo Económico (EE). Este aparece en el auto del juez que se ha conocido esta semana y reza lo siguiente: “La vía más directa, como siempre, es pagar a EE, que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro”. Lo escribía la patronal de las empresas gasistas, AFGIM, que tiene a varias de ellas imputadas en el caso. Así es como en 2018 se abre, bajo secreto de sumario, la investigación que acabamos de conocer. Y después de este recorrido, que se remonta a más de 12 años de sospechas y a siete de investigación bajo secreto de sumario, esta última semana el caso se ha concretado en la imputación de 28 personas, entre ellas Cristóbal Montoro. Se les acusa de una larga lista de delitos: cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos.