Restricciones a la reagrupación familiar, visados de búsqueda de trabajo solo para personas “altamente cualificadas” y una nueva fuerza policial para controlar la inmigración. Son estas las principales medidas de la nueva ley de extranjería de Portugal aprobada esta semana en el Parlamento.El texto contó con los votos favorables de Alianza Democrática (AD), la coalición de centroderecha liderada por el socialdemócrata Luis Montenegro, y de Chega, el partido de extrema derecha de André Ventura. Los liberales de Iniciativa Liberal se abstuvieron. Toda la izquierda votó en contra y presiona, además, al presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, para que vete la ley.La norma se encuadra dentro de una política de inmigración mucho más restrictiva del Ejecutivo. El pasado junio, el Gobierno ya había anunciado la expulsión de 34.000 migrantes, cuyos pedidos de legalización habían sido denegados.Uno de los principales cambios legislativos se refiere a la reagrupación familiar. A partir de ahora será obligatorio residir en el país al menos dos años para empezar a tramitarla, excepto para los hijos menores, caso en el que puede pedirse de inmediato.Muchas familias viajaban apoyadas en el visado de uno de los progenitores, que luego legalizaba al resto de la familia a través de la reagrupación familiar. Ahora, la única forma de que una pareja con hijos se quede de forma legal en Portugal es que los dos tengan un visado. De no ser así, el que no tenga documentación debe esperar dos años en el país de origen para poder reagruparse con su familia. Lo mismo, para los hijos, si ya han cumplido los 18 años.Además, tras la negociación con Chega, se introdujo la obligación de que estas parejas demuestren que ya vivían juntas en el país de origen. Según el Gobierno, lo que se pretende es que “la persona que pide la reagrupación familiar tenga un vínculo laboral estable en el país, pasados esos dos años, de forma a asegurar las condiciones necesarias a la manutención de la familia”. Para las asociaciones de inmigrantes se trata tan solo de poner trabas a la inmigración.“Es una política de tortura, que te obliga a permanecer lejos de tu familia dos años. ¿Qué familia resiste tras dos años lejos? ¿Y los hijos mayores qué? ¿Con 18 años ya no necesitan estar cerca de sus padres? ¿No dependen de sus padres?”, pregunta Timóteo Macedo, presidente de Solidaridad Inmigrante, la mayor asociación de inmigrantes del país.“Si queremos integración, la reagrupación familiar es fundamental. Es la forma de ser parte de la comunidad, criar lazos, construir una identidad conjunta. Es la única forma digna de hacerlo. Esta ley no contribuye para la convivencia, contribuye al crecimiento de los discursos de odio”, dice.La ley tiene, sin embargo, dos excepciones: los inmigrantes con visados de profesiones altamente cualificadas y los llamados Golden visas, que podrán tramitar la reagrupación familiar en cualquier momento.Excepciones que Macedo considera “elitistas y discriminatorias”, y que el Gobierno justifica con el hecho de que “mejores salarios garantizan de forma más rápida la estabilidad necesaria para traer la familia”. Además, tanto el solicitante como sus familiares "deben cumplir con medidas de integración", como el aprendizaje del portugués y los valores constitucionales.Otro de los cambios importantes es la restricción del visado de búsqueda de trabajo para los profesionales con “altas cualificaciones”, dejando de ser una opción para todos los que quieran intentar buscar trabajo en el país.Este visado permitía a una persona permanecer legalmente en Portugal por un período máximo de seis meses mientras buscaba trabajo y, si lo conseguía, pedir la residencia. Ahora esa posibilidad solo estará disponible para los que tengan “altas cualificaciones”, cuyas características aún no han sido especificadas por el Gobierno. “A día de hoy aún no entiendo qué es un inmigrante altamente cualificado… ¿es que un buen pintor no lo es? ¿Un albañil, un electricista que hagan bien su trabajo? Son políticas segregacionistas, elitistas, que quieren seleccionar las personas que pueden o no entrar en el país. ¿Quién va a trabajar en la hostelería, en la agricultura, en la pesca? Se nos olvida rápido lo necesaria que es la mano de obra migrante, lo mucho que contribuyen a la Seguridad Social”, incide Macedo.Los últimos datos disponibles del Banco de Portugal, de 2024, son claros: el 41% de los trabajadores en el sector agrícola y de pesca son inmigrantes. En la hostelería representan un 31%, en las actividades administrativas un 28% y en la construcción un 23%.Además, el texto incluye la creación de la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF), una estructura integrada en la Policía de Seguridad Pública (PSP), con la que el Gobierno pretende reforzar los mecanismos de control migratorio y hacer más efectivo el proceso de retorno de ciudadanos en situación irregular.Según el gobierno portugués, esta nueva unidad será “una fuerza policial de fronteras con la misión de controlar la entrada, supervisar a los inmigrantes y expulsar a quienes incumplan las normas”. En la práctica, la UNEF controlará la entrada y salida de inmigrantes por vías aeroportuarias, las solicitudes de visado a la llegada, las estancias irregulares y los procesos de expulsión.Otro de los cambios importantes es la imposibilidad de regularización para los inmigrantes que hayan entrado o permanecido en el país de forma irregular. Para ellos ya no hay salida, y verán el visado denegado por un periodo de cinco años, que puede llegar a siete si se considera que existe “una amenaza grave para la seguridad y el orden público”. Esta fue una de las conquistas de Chega, que consiguió introducir la medida durante la negociación con la AD. Para septiembre ha quedado la votación de la ley de la nacionalidad, ya presentada en la Asamblea de la República, y que va a ampliar el número de años de residencia necesarios para pedirla: de los cinco actuales pasan a siete para los inmigrantes de países de habla portuguesa, y 10 para todos los demás. Esta ley incluirá también la posibilidad de retirar la nacionalidad a quienes cometan un delito grave, con condena a prisión efectiva de cinco o más años.Macedo advierte de un posible incumplimiento de la Constitución “en su artículo 13º, sobre el principio de igualdad”. “En este país nadie puede ser discriminado por razón de etnia, idioma, religión…. Ahora, unos tienen que esperar 7 años, otros 10… ¿pero qué racismo es este?”, pregunta. Para el líder de la ONG, la ley responde a una voluntad de “seleccionar la inmigración”. “Este gobierno no quiere la inmigración asiática, de Sri Lanka, Nepal, Bangladesh… de personas que son, en su mayoría, musulmanas. Y se sirve del idioma y la cultura para justificar una ley completamente xenófoba. En vez de valorar la diversidad, al intercambio cultural, se pretende facilitar la llegada de los que son más iguales a nosotros, en una política francamente discriminatoria”.En una enmienda de última hora, el PSD incorporó una limitación a la capacidad de los inmigrantes para recurrir ante los tribunales. El texto instituye que el recurso a los tribunales “para la protección de los derechos, libertades y garantías solo es admisible" cuando, además de lo ya previsto en el Código de Procedimiento Administrativo, "las acciones u omisiones de la AIMA (Agencia para a Integração, Migrações e Asilo) comprometan de forma demostrable, grave, directa e irreversible, el ejercicio oportuno de los derechos, libertades y garantías personales, cuya protección no puede garantizarse eficazmente mediante las medidas cautelares disponibles"La aprobación de la nueva ley de extranjería refleja la nueva realidad parlamentaria portuguesa, en la que la extrema-derecha se convirtió en la segunda fuerza política, tras dar el sorpaso al Partido Socialista en las últimas elecciones. Y aunque Luis Montenegro rechace que esté cediendo ante la extrema-derecha, los hechos le llevan la contraria. Aunque el Partido Socialista se mostró disponible para negociar la ley, la AD prefirió sentarse con Chega e incluir algunas de sus propuestas.Además, la rapidez con la que el texto fue aprobado –tan solo 16 días— reviste de una urgencia ficticia un tema como la inmigración, que hasta ahora había sido capitalizado por la extrema derecha, con un discurso que criminaliza a los inmigrantes, sin que ningún dato lo avale. En un intento de apropiarse del relato, el Gobierno hizo de la inmigración el centro de su primera gran reforma de este segundo mandato.“El Gobierno está cediendo a la extrema derecha en un intento de ganar votos, sin darse cuenta de que esa misma estrategia no ha funcionado en otros países. Ceder a la extrema derecha solo hace que ganen ellos y nos aparta del camino de tener una sociedad más justa y humana”, lamenta Macedo.Ahora todo queda en las manos de Marcelo Rebelo de Sousa, que debe promulgar o vetar el documento. En el Parlamento, los partidos de izquierda pidieron que rechazara la ley. “Se trata de un oportunismo repugnante, que incita al odio”, dijo la líder de Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua.El socialista Pedro Delgado Alves dijo que “no todo vale”, señalando que las propuestas presentadas son “de vergüenza”, apelando a que la AD “no se deje secuestrar por la extrema derecha”. Además, los partidos critican las prisas con las que se ha aprobado, sin tiempo para hablar con las asociaciones de inmigrantes, ni contar con los informes de constitucionalistas o siquiera los dictámenes de las comisiones de la especialidad. Aun antes de que fuera votado el proyecto, Rebelo de Sousa anunció que lo primero que haría sería “analizar las dudas de constitucionalidad”.“Revisaré la ley para ver si cumple con la Constitución, y si no, la enviaré al Tribunal Constitucional”, dijo. Una vez pasado el filtro de la constitucionalidad, el presidente analizará “su contenido político”. "Una ley necesaria porque la situación de cientos de miles de personas que llevaban años sin regularizarse debido a la extinción del SEF ya no podía continuar, pero ¿representa esta ley un equilibrio entre acabar con la insostenible situación actual y caer en el otro extremo? ¿Es una legislación que considera la realidad no ideológica y reconoce que la economía necesita inmigrantes en determinadas circunstancias", insistió.