El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene acción política. Representa la nada. Carece de una mayoría estable y fiable en el Congreso de los Diputados , es incapaz de presentar unos presupuestos generales para los ingresos y gastos del Estado y su debilidad aumenta la rentabilidad que esperan obtener sus socios, mientras se deteriora día tras día el sistema parlamentario, del que Sánchez se ha declarado prófugo. Lo advirtió el jefe del Ejecutivo cuando dijo aquello de que gobernaría con el legislativo o sin el legislativo. Realmente está gobernando sin poder aprobar más leyes que aquellas que premian a los nacionalistas o las que reciben el respaldo del Partido Popular; y gobernar, en una democracia parlamentaria, sin capacidad para impulsar las legislaciones adecuadas en cada momento, es una estafa política a los ciudadanos. En el pleno del Congreso de los Diputados celebrado este martes, último antes de empezar el período de vacaciones, el Gobierno ya se había batido en retirada para no perder dos significativas votaciones: en la reducción de la jornada laboral y en la reforma de acceso a las carreras judicial y fiscal y del Estatuto Orgánico de la Fiscalía. Eran leyes, a decir de sus promotores, esenciales, imprescindibles para dar impulso a la legislatura. De su aprobación dependía que el Gobierno recobrara el pulso en materia social e institucional y que midiera victoriosamente sus fuerzas frente a la oposición de la clase empresarial y de los levantiscos jueces y fiscales, empeñados todos ellos, siempre al servicio de la derecha, en sabotear la agenda progresista del mismo Gobierno que no quiere que se sepa todavía lo que opina el Consejo de Europa sobre el estado de la corrupción en España. Una retirada a tiempo ha sido, en este caso, una derrota completa. Quedó para el final la duda sobre la convalidación del real decreto-ley de medidas para el refuerzo del sistema eléctrico , conocido como 'decreto antiapagones'. Parte de la nebulosa de formaciones de izquierda que presta su apoyo discontinuo a Sánchez había anunciado su voto en contra de la convalidación, de manera que el Gobierno iba a quedar en manos del PP. Finalmente, los populares también se opusieron, lo que sentenció el decreto del Gobierno, abandonado igualmente por los de Puigdemont, que no pierden ocasión de recordar al inquilino de La Moncloa que ellos tienen la llave para el desahucio. La legislatura está muerta políticamente y el pleno de ayer hizo su autopsia. El PP tenía, en efecto, una responsabilidad con el país y con su misión como oposición, que no consiste precisamente en maquillar la debilidad endémica del Gobierno dándole una victoria agónica en un tema saturado de manipulación y desinformación desde las filas socialistas –el apagón del 28 de abril–. La responsabilidad del PP era enfrentar al PSOE con la realidad, pura y demacrada, de la legislatura rota que Sánchez ha querido tener y con los socios que eligió para tenerla. No es el PP quien tiene la carga de la prueba sobre el sentido de Estado, sino el presidente del Gobierno que obtuvo su investidura gracias a los votos de quienes quieren desmantelarlo. Este es un Gobierno fantasmal, que solo mira al PP para insultarlo o para someterlo a un absurdo chantaje 'patriótico'. La permanencia de Sánchez en La Moncloa es un fraude democrático. No tiene las condiciones necesarias para ejercer las funciones constitucionales que le incumben como presidente del Gobierno, y no solo por carecer de mayoría en el Parlamento, sino porque ha perdido la legitimidad funcional de su investidura.