Pacto por el crédito ha permitido aumento en los desembolsos, pero economía popular continúa rezagada

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César Ferrari, superintendente Financiero de Colombia, dijo que sostuvo una reunión con Asobancaria y varias entidades financieras para socializar los resultados del programa. Foto: AsobancariaEl presidente Gustavo Petro aseguró que el pacto que hizo el Gobierno con el sector financiero “fracasó”, en referencia al compromiso que tomó la industria bancaria para desembolsar $252,7 billones en créditos a cinco sectores priorizados en un periodo de 18 meses, 28 % más que en el pasado año y medio.Recomendado: Jóvenes lideran el acceso al crédito en Colombia: recomendaciones para iniciar historial crediticioSegún el más reciente balance de la Superintendencia Financiera, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 27 de junio de 2025, los desembolsos acumulados del Pacto por el crédito alcanzaron los $128,5 billones, lo que equivale al 50,9 % de la meta.Fuente: SuperFinanciera.El mandatario propuso durante el discurso de la instalación de las sesiones ordinarias en el Congreso de la República que por ley se disponga que los bancos hagan una inversión forzosa en industria, específicamente para la pequeña y mediana empresa del país.De hecho, dijo que se comprometía a presentarla el articulado después de las discusiones de la reforma laboral. “No estamos afectando la estructura misma de la economía, por eso no logramos incrementar más el sector productivo real que es el que genera la riqueza porque la mayor parte del crédito se va a sectores rentísticos, como el petróleo o carbón, que ya no tienen futuro, y a los amigos de los dueños de los bancos privados”, señaló.Y es que, según la SuperFinanciera, aunque el Pacto ha mostrado una tracción importante en sectores como vivienda e infraestructura, con un cumplimiento del 65,3 % de la meta a junio, los avances en economía popular siguen siendo bajos, apenas llegan al 35,6 %.La entidad reconoció que en el caso de la economía popular la meta de desembolsos estableció un crecimiento del 71 %, muy superior al de los demás sectores priorizados, “lo que implica un esfuerzo considerablemente mayor y más difícil de alcanzar”. Y atribuyó su rezago a una posible situación de autoexclusión de los potenciales clientes, dada su baja capacidad de pago y las altas tasas de interés (58,1 % en junio de 2025).Fuente: SuperFinanciera.En el reporte de junio también se destaca que como la reducción de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del Banco de la República no se ha materializado, la disminución de las tasas de interés comerciales se ha dado a un ritmo mucho más lento de lo previsto, “afectando el cumplimiento de las metas de desembolso previstas”.La entidad contó que a mediados de junio sostuvo una reunión con Asobancaria y varias entidades financieras con el objeto de socializar los resultados del Pacto por el crédito en la economía popular y promover su fortalecimiento.Víctor Ramírez, socio de auditoría y aseguramiento, y líder de industria Financiera en BDO para Colombia, señaló que el Pacto por el crédito no debe considerarse un fracaso, aunque está de acuerdo en que sus avances hacen evidente la necesidad de ajustes. Por ejemplo, más de la mitad de los recursos sigue fluyendo hacia grandes empresas (53,1 % en junio), lo que ha generado legítimas preocupaciones sobre la inclusión financiera y la efectividad del programa para llegar a los segmentos más vulnerables, según el experto.¿Cómo diversificar los desembolsos de créditos?Las inversiones obligatorias para las entidades financieras, destinadas a sectores priorizados por el Estado, son una opción que ya se ha tomado en el pasado, específicamente para el sector agropecuario, pero sin una efectividad tangible para la economía, según expertos.De acuerdo con Ramírez, la medida consiste en exigir a las entidades financieras que destinen un porcentaje de su portafolio a ciertos sectores o actividades, generalmente bajo condiciones reguladas de tasa o riesgo.Sin embargo, el experto llamó la atención en los efectos secundarios que conllevan estas medidas, como un aumento en tasas para otros segmentos, una reducción en los rendimientos para ahorradores y una menor flexibilidad en el sistema crediticio.“En un entorno de utilidades reducidas, obligar nuevas colocaciones bajo condiciones especiales puede afectar la solvencia o la liquidez de algunas entidades, especialmente medianas o pequeñas”, detalló el líder de industria Financiera en BDO.Es por ello que considera que la solución no pasa por imponer obligaciones que puedan alterar los equilibrios del sistema financiero, sino por reforzar la capacidad del Estado y del sector para trabajar en conjunto, con criterios técnicos y mecanismos bien diseñados.—