El juez de la Audiencia Nacional ha ordenado la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España para Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. Ambos han declarado como investigados este lunes en el marco del 'caso Koldo', la causa que indaga en una presunta trama de amaños en adjudicaciones de obras públicas.Durante su comparecencia, Pardo de Vera negó cualquier implicación en la supuesta red de adjudicaciones fraudulentas. Respecto a la contratación de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, aseguró que conocía el fichaje pero que fue utilizada y se quejó al enterarse de la situación, que no consideraba ética. Herrero, por su parte, también se desvinculó de las irregularidades. Las medidas cautelares, solicitadas por Anticorrupción y respaldadas por las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular, se dictan tras considerar que existen "motivos suficientes" para atribuirles posibles delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Según los autos judiciales, no hay riesgo de fuga ni posibilidad de destrucción de pruebas, ya que toda la documentación relevante fue incautada durante los registros previos. Por ello, no se considera necesario ningún posible ingreso en prisión.Intercediendo por AccionaEl juez, sin embargo, sostiene que ambos habrían intercedido a favor de constructoras como Acciona, LIC y OPR, según revelan conversaciones interceptadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En una grabación de 2020, Koldo insistía a Pardo de Vera en que adjudicara una obra a LIC. Ella mostró reticencias. Poco después, Adif acabó adjudicando a LIC una obra de emergencia en Asturias por 592.053 euros.Otra conversación de 2019 muestra a Koldo enviando a Pardo de Vera una imagen de los resultados de una licitación para la alta velocidad extremeña. En ella, destaca visualmente una oferta que no era de Acciona, a lo que Koldo respondió con un tajante: “Nos ha jodido un poco”, dando a entender su malestar porque no se adjudicara a dicha constructora.También se analizan adjudicaciones como la del proyecto ferroviario en Sant Feliú de Llobregat, valorado en 71,5 millones de euros, o la contratación de los tirantes del Puente del Centenario, finalmente adjudicada a Acciona por 71,4 millones, tras intensas gestiones presuntamente promovidas por Koldo y Santos Cerdán.La investigación continúa con la lupa puesta sobre múltiples adjudicaciones supuestamente manipulada. La causa, que sigue sumando implicados, apunta cada vez más alto en la anterior estructura del Ministerio de Transportes.