El escándalo conocido como el caso Montoro sigue dejando revelaciones inquietantes sobre la forma de trabajar en el Ministerio de Hacienda. Según recoge la Cadena SER, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, altos cargos de la estructura orgánica habrían participado en cursos destinados a grandes empresarios con el objetivo de enseñarles estrategias para eludir impuestos.Presuntamente, altos cargos de Hacienda cobraban para enseñar a empresarios a eludir impuestos, según ha dicho Cruzado, asegurando que esta práctica fue denunciada en su momento, aunque "no solamente no se tomaron medidas", sino que incluso estos denunciantes fueron "amenazados" por algunos de esos mismos responsables del Ministerio.En palabras del propio Cruzado, los cursos eran organizados por firmas de consultoría o asociaciones con acceso exclusivo para grandes empresas, dada la elevada tarifa de inscripción. Allí, funcionarios de alto nivel respondían a consultas privadas sobre las dificultades fiscales de estas compañías. Además, otra cosa que denuncian es que estos cursos normalmente sirven para "engrasar esas puertas giratorias", dijo el portavoz sindical, refiriéndose a los vínculos entre el sector público y el privado.Uno de los ejemplos más escandalosos fue un curso dirigido a asesores de inversiones internacionales, cuyo contenido se centraba —según Cruzado— en identificar los territorios más ventajosos del mundo para canalizar capital y minimizar la carga fiscal. Todo, impartido por altos funcionarios de Hacienda.Presuntos beneficios millonarios en el caso MontoroMientras tanto, el sumario judicial del caso Montoro sigue arrojando luz sobre los manejos de Equipo Económico, la consultora fundada por el exministro. De acuerdo con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, ambas entidades serían meras vías de canalización y distribución del cobro de comisiones a cambio de modificaciones legislativas que favorecieran a determinados sectores.Según los investigadores, entre 2008 y 2017, el beneficio neto de ambas sociedades alcanzó los 47,9 millones de euros, canalizados a través de empresas instrumentales sin personal ni actividad, muchas de ellas con vínculos en Luxemburgo, Irlanda o Polonia. En ese tiempo, las empresas del despacho recibieron pagos millonarios de constructoras, eléctricas, compañías del juego o fundaciones público-privadas. Incluso algunas administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular realizaron contratos con estas consultoras.La gravedad del caso llevó a los Mossos a calificarlo como "detestable y execrable", aunque la justicia decidió archivarlo en 2019. Hoy, con nuevas informaciones saliendo a la luz, vuelve a estar en el punto de mira, dejando un inquietante interrogante sobre los límites entre el poder público y los intereses privados.