La asociación profesional Jucil ha presentado una denuncia penal ante el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su supuesta inacción durante los disturbios registrados en la localidad murciana de Torre Pacheco.Según el escrito registrado, Marlaska habría incurrido en delitos de prevaricación por omisión y abandono de destino, al haber protagonizado, según los denunciantes, una "dejación grave de funciones" en la planificación y protección de los agentes desplegados en la zona. La organización considera que el retraso en el envío de refuerzos especializados fue "puramente político".[articles:338295]Los disturbios comenzaron el viernes 11 de julio, sin embargo, los grupos especializados de la Guardia Civil, en concreto los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad), no fueron desplegados hasta el lunes 14, es decir, cuatro días después del inicio de los incidentes, dice Jucil. En ese lapso, la seguridad recayó únicamente en las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las comandancias de Murcia y Cartagena, junto con la Policía Municipal. Jucil recalca que estas unidades carecen de los medios adecuados para intervenir ante enfrentamientos de alta intensidad como los que se vivieron en esos días.La denuncia subraya que los efectivos del GRS, formados precisamente para actuar prácticamente al instante, ya estaban activados desde el jueves anterior, según había reconocido la delegada del Gobierno en Murcia. Sin embargo, el despliegue efectivo no se ordenó hasta el lunes, cuando se envió un pelotón de 18 agentes. Esa demora no fue casual según los denunciantes: “Dicho retraso fue puramente político”.[articles:338167]La asociación va más allá en sus acusaciones y considera que incluso "se podría calificar como una dejación de funciones", dado que mientras todo ocurría en el municipio, el ahora denunciado "se encontraba en Wimbledon".En su denuncia, los servicios jurídicos de Jucil solicitan que el Supremo ordene diligencias urgentes para esclarecer quién tomó las decisiones operativas, quién dio las órdenes y en qué momento, además de si el GRS estaba preparado para actuar y si recibió instrucción formal de intervención.