«Vamos muy mal de tiempo» comenzó advirtiendo este martes el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, durante la celebración de la comisión de Movilidad que se celebró en el Ayuntamiento. Sus palabras obedecen a un imperativo legal que, establece que en diciembre de este año ya tiene que estar implantada en la ciudad de Toledo la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). fecha en la que empezarán a multar. El proyecto, que calificó de «deficiente», comenzará implantándose en el Casco Histórico «para preservar y proteger el patrimonio histórico, dotando al barrio de más humanización e intentando evitar la circulación excesiva de vehículos». Posteriormente se trasladará al resto de la ciudad. El documento recoge la modificación de diferentes estacionamientos de la ORA azules por verdes, «para dar más seguridad a los residentes», así como la implantación de los pivotes durante las 24 horas del día o la realización de un seguimiento de vehículos empadronados en el Casco o la realización de una lista blanca donde figurarán las matrículas de los padres que tengan que llevar a sus hijos a colegios del casco, así como los profesionales que por motivos laborales tengan que acceder al centro urbano. Asimismo, indicó que Toledo no es una ciudad contaminada, «tan solo contamos con una pequeña isla de calor en este barrio, como consecuencia del entramado urbano». Pese a ello, avanzó que pretenden poner límite a los más de 186.000 vehículos que acceden diariamente a Toledo, de los cuales, el 50 por ciento, aproximadamente, son de fuera. Por su parte, el concejal socialista, Francisco Rueda, criticó que se trata de un texto «mal planteado, sin diálogo, sin consenso y sin la más mínima ambición estratégica». «Es una ordenanza hecha con prisas, que llega tarde, que castiga al Casco Histórico y que no resolverá ni los problemas de movilidad ni los de contaminación. No es una estrategia climática. Es solo una batería de restricciones descoordinadas», lamentó. Además denunció que este borrador de ordenanza «carga todo el peso» de la reducción de emisiones sobre los vecinos, los trabajadores y visitantes del Casco Histórico, mientras tanto, «exime o concede moratorias a flotas turísticas, empresas privadas y otros sectores». Y tampoco incluye incentivos reales: no contempla bonificaciones en la tasa de aparcamiento ni en el impuesto de circulación para los vehículos no contaminantes, como sí hacen la mayoría de las ciudades que han implantado zonas de bajas emisiones. Por su parte, el portavoz de IU-Podemos, Txema Fernández, muy crítico también con este texto, consideró que este proyecto es más « un proyecto de movilidad que uno con el que abordar la reducción de las emisiones » y con el que se incita a comprar coches eléctricos y utilizar aparcamientos privados de pago. «No pensamos en el futuro», lamentó. Asimismo, recriminó al concejal que diga que Toledo «no es una ciudad contaminada» sin plantear «que lo que hagamos hoy tiene que servir para que mañana estemos mejor, no solo para salvar los muebles de cumplir con los plazos de implantar una ordenanza».