Aquinerja S.L., una inmobiliaria del municipio malagueño administrada y participada por el exconcejal del PP, Bernardo Pozuelo, está entre las investigadas como posible "sociedad instrumental" que usaba el despacho fundado por el exministro, Equipo Económico, para el desvío del dinero que recibía de las empresas a cambio de beneficios fiscales desde el Gobierno de Rajoy La investigación judicial que mantiene imputado a Cristóbal Montoro, junto a toda la cúpula de su Ministerio de Hacienda, por ayudar a empresas privadas a pagar menos impuestos a cambio de dinero tiene ramificaciones en Andalucía. El llamado caso Montoro, que empezó a investigarse judicialmente hace siete años, revela una complicada trama donde la asesoría del despacho Equipo Económico fundado por el exministro actuaba supuestamente como intermediario entre grandes empresas –de las que recibía pagos millonarios– y el Ministerio de Hacienda, que a cambio impulsaba rebajas fiscales o influía en reformas legales en su favor. Los beneficios que obtenía Equipo Económico –epicentro de la investigación– fueron presuntamente desviados a través de “un entramado de sociedades pantalla y testaferros” para ocultar el rastro del dinero y a sus beneficiarios finales, según consta en el sumario. El juez de Tarragona que instruye el caso trata de esclarecer si estas empresas fueron utilizadas para “blanquear los beneficios obtenidos de las actividades presuntamente ilícitas” y “poner a disposición de terceras personas o entidades parte del cobro de las comisiones”. Dos de las supuestas “empresas pantalla” con domicilio fiscal en Andalucía –Econodos, SL (Nerja; Málaga) y Consultoría y Diagnóstico S.L. (Jaén) “prácticamente tenían como cliente único” a Equipo Económico, y sus ingresos en el periodo investigado (entre ambas le facturaron seis millones de euros) “provenían casi en su totalidad del despacho”. En el voluminoso sumario del caso Montoro aparecen empresas de Sevilla, Jaén y Málaga. Pero destaca, por encima de todas, la concentración de cinco “sociedades instrumentales” en el municipio malagueño de Nerja (22.000 habitantes), investigadas por sus vínculos con los socios del bufete imputados por delitos de fraude contra la administración pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas y falsedad documental. Econodos, con un único cliente: Equipo Económico Econodos, S.L., una de las empresas “relevantes” en la que los investigadores han centrado su atención, tiene su domicilio social en una urbanización de este pueblo axárquico –en un número de la Urbanización Pueblo Chimenea–, adonde lo trasladó en 2016. Hasta diciembre de 2015, uno de sus administradores era Ricardo Martínez Rico, quien, junto a Montoro, es uno de los socios fundadores del despacho Equipo Económico, presidente ejecutivo del mismo y hermano del jefe de gabinete del exministro de Hacienda. Actualmente, Martínez Rico sigue teniendo el control de la entidad, ahora a través de Falumar Inversiones, S.L. una entidad domiciliada en Madrid de la que es administrador único. Además, los Mossos investigan a Limacar, S.L como “sociedad instrumental” y por su relación con los flujos de dinero de los socios de Equipo Económico. Entre las operaciones bajo sospecha figura la compra de un inmueble en 2010 por 700.000 euros al “Grupo familiar Armijo González”. Los vendedores del inmueble fueron Miguel Armijo Platero y sus cuatro hijos: Adela Inmaculada Armijo González; Jesús María A.G; José Manuel A.G y Miguel A.G. Este inmueble en Nerja se ha convertido en el domicilio social de Limacar, según se recoge en el sumario. Miguel Armijo González fue concejal de Vox en el mandato 2019-2023, y su apoyo fue determinante para que José Alberto Armijo (cuya relación familiar no consta a este medio) retuviera la alcaldía. La empresa Econodos, SL tenía como administrador único a Ricardo Martínez Rico, socio fundador de Equipo Económico junto a Montoro. En el sumario consta un ingreso de Martínez Rico a Econodos por un total de 110.880 euros. También figura el nombre de Covadonga Gómez Garrido, trabajadora del despacho, como “perceptora de haberes” de la firma malagueña. La sede social es, según resaltan los investigadores, la misma dirección que otra de las empresas investigadas –Limacar, SL–, en el mismo número de la urbanización Pueblo Chimenea, de Nerja, una coincidencia que destacan como indicio delictivo. Pueblo Chimenea es una urbanización cerrada que desemboca en una pequeña plazoleta que hace las veces de atalaya sobre la playa de Burriana. Según ha podido comprobar este medio, no hay aquí en la actualidad signo de actividad económica alguna, ningún comercio o cartel que anuncie un despacho u oficina; solo casas adosadas, alguna con una piscina y un pequeño jardín , dispuestas sobre la ladera. La del número investigado por el juez sobresale porque su exterior con gotelé recubre una vivienda notablemente más grande y moderna que las de alrededor, pero nada indica a pie de calle que aquí desarrolle su actividad una empresa llamada Econodos,S.L. Los investigadores apuntan a Econodos SL como una de las empresas que usaba la trama para canalizar fondos desde el despacho fundado por Montoro. Se constituyó en 2008, el mismo día, con el mismo notario y los mismos protocolos que otras empresas investigadas –Tutman Fiscalía SL y Consultoría y Diagnóstico SL– lo que los investigadores interpretan como un indicio de “estrategia concertada” para usarlas como sociedades instrumentales. El análisis de esta mercantil desvela que, como otras firmas investigadas, tenía como cliente único al despacho Equipo Económico, al que le facturó 3,6 millones entre 2008 y 2017, lo que representaría el 99,24% de su cifra de ventas en ese período. “Los ingresos de dichas empresas los obtienen prácticamente de la facturación realizada a Equipo Económico, como único cliente, lo que revelaría la posible ausencia de actividad comercial y apoya la tesis de que se trataría de empresas pantalla”, concluyen los investigadores, que ven “importante” identificar a las personas que se sitúan detrás de estas sociedades “o si tapan el reparto de los beneficios con antiguos socios”. El ex concejal del PP de Nerja, Bernardo Pozuelo, entrega el bastón de mando al alcalde del municipio, José Alberto Armijo, en 2011. Arquinerja, vinculada a un exconcejal del PP Otra de las firmas investigadas como parte del entramado societario en Nerja es una promotora inmobiliaria (Arquinerja S.L), cuyo administrador único es Bernardo Pozuelo, concejal del PP y responsable del área de Turismo en este municipio de la Costa del Sol entre 2011 y 2015. Según el sumario, esta empresa también actuaba como una “sociedad instrumental” y era utilizada por los socios de Equipo Económico para “desviar fondos o blanquear capitales” de los beneficios que obtenía el despacho. Arquinerja S.L., sociedad constituida en 1998, figura en el Registro Mercantil como una pyme con sólo dos trabajadores, administrada y participada por Pozuelo, con un patrimonio neto y pasivo de 3,2 millones de euros (en el ejercicio 2023, último dato publicado) y una facturación anual fluctuante entre 2010 (190.000 euros) y 2022 (1,1 millón de euros). Pozuelo es un arquitecto muy conocido en la zona, y en el mandato 2011-2015 fue concejal de Turismo del PP del Ayuntamiento de Nerja, un municipio que lleva más de tres décadas gobernado por los populares. Fuentes del municipio recuerdan a este periódico que su recuperación para la política (tras su paso por la misma concejalía en los años 80) generó controversia. IU criticó el nombramiento por los expedientes de infracción urbanística que acumulaba, y Pozuelo llegó a firmar un acta notarial comprometiéndose “a no trabajar como arquitecto en Nerja durante el tiempo que sea concejal”. Con posterioridad, ha firmado destacados proyectos como la renovación del emblemático Balcón de Europa o de la plaza de las Carmelitas, en Vélez-Málaga. El juez ha solicitado información bancaria de su empresa para conocer sus movimientos financieros, aunque el sumario no recoge ningún pago directo por parte de Equipo Económico a Arquinerja S.L. En conversación con este periódico, Pozuelo reconoce que su empresa tuvo “una participación del 15%” en una de las sociedades ligadas al despacho fundado por Montoro –Narixa Homes, SL–, pero asegura que “a los dos meses de constituirse, se la vendió a sus socios y me salí por motivos de salud, económicos y personales”. Un cuadro aportado al sumario por la Agencia Tributaria muestra que su participación en 2017 ya no existía en 2018. Pozuelo niega haber recibido ningún pago “directo” del bufete Equipo Económico en el tiempo que fue administrador de Narixa Homes, SL –“ni siquiera recordaba cómo se llamaba la empresa”– y dice no entender por qué aparece su nombre en el sumario y su inmobiliaria entre las sociedades investigadas. El exconcejal del PP asegura que no es miembro del partido y que figuró en la lista electoral “como independiente”, también en la corporación municipal. Narixa Homes está domiciliada en Madrid, pero sus vínculos con Nerja son palmarios. Narixa es el antiguo nombre en árabe de Nerja, presente en múltiples comercios de la localidad. Según el sumario, además de Arquinerja eran socios en Narixa las entidades Falumar (12%, participada y administrada por Ricardo Martínez Rico), White Light Solutions (6,5%, controlada por Salvador Ruiz Gallud, otro de los socios de Equipo Económico), Tutpim, S.L. (12%, controlada por Manuel Vicente Tutor, socio director de Equipo Económico), Piro Yield (12%, vinculada a Francisco Piedras Camacho, socio de Equipo Económico) y, muy destacadamente, Grupo Empresarial Lual, S.L., que ostenta el 42% de Narixa Homes. Esta es una destacada promotora nerjeña dirigida por los hermanos Álvarez de Rivera Luque, promotores, constructores y gestores de alquileres inmobiliarios, según detallan fuentes locales. De esta distribución societaria se deduce que dos empresas de Nerja (Arquinerja y Grupo Lual) vinculadas a los proyectos de arquitectura y la promoción de viviendas en la localidad, se embarcaron en una entidad, Narixa Homes, en la que los otros cuatro socios eran empresas del núcleo duro de Equipo Económico. Dos inmuebles de Jaén ligados al despacho Las de Nerja no son las únicas empresas andaluzas bajo investigación. En Jaén, provincia de la que es natural el exministro de Hacienda, los investigadores señalan a la firma Consultoría y Diagnóstico S.L., cuyo administrador único entre 2009 y 2015 fue Francisco de Asís Piedras Camacho, socio director y responsable del área financiera del despacho Equipo Económico, y antes director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda con Montoro. Entre 2008 y 2015, esta consultora recibió casi 2,5 millones de euros del despacho Equipo Económico, que también ejercía como cliente único de esta firma. Según los investigadores, parte de ese dinero se usó para la adquisición de dos inmuebles en Jaén capital (uno de uso residencial y otro como almacén y aparcamiento) y para la compra de otras sociedades (Promociones Residenciales Lualca, en 2014). Los Mossos han solicitado información fiscal a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre esta firma. En Málaga, además del rastreo a la inmobiliaria Arquinerja S.L., aparece en el sumario Andaluza de Gases, S.A, responsable de una instalación de gas en la carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 6,300, e identificada como una “instalación beneficiada”. La “influencia invisible” de Abengoa Una de las grandes empresas que fueron “invitadas” u “obligadas” a contratar al despacho de Montoro para obtener influencia en el Gobierno de Rajoy fue la multinaconal Abengoa, de Sevilla. Equipo Económico le facturó 4,4 millones de euros a cinco sociedades del Grupo Abengoa entre 2008 y 2017, coincidiendo con un periodo de modificaciones legislativas en beneficio de esta firma. Según el modus operandi descrito en el sumario, la empresa pagaba al despacho por “informes estratégicos” que, en realidad, no tenían el valor que se desprende de las facturas, a cambio de reformas legales que la beneficiaban. Los investigadores subrayan que se pagaba por una “influencia invisible”. Abengoa obtuvo un beneficio legislativo específico en el sector de las energías renovables que le resultó considerablemente ventajoso, según la investigación. Montoro habría “frenado” o suavizado reformas legales que buscaban reducir las ayudas a las empresas de energía renovable. Mientras la mayor parte del sector eléctrico sufría en Bolsa, relata el sumario, Abengoa protagonizó una “espectacular subida en 2014”, consecuencia, en parte, de que Montoro maniobró para que el Gobierno le otorgara un “tratamiento más suave” del inicialmente previsto para las renovables. Una de las revelaciones clave que cita el sumario es que, desde el gabinete del Ministro de Hacienda llegó una “propuesta” para suavizar la reforma energética que llevaba “el membrete de Abengoa”, algo que Montoro ha negado tajantemente. En el sumario no aparece ese documento con el supuesto membrete de la compañía.