La Junta, sobre los contratos del SAS: "Este sí es un Gobierno que respeta y colabora con la Justicia"

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La Junta de Andalucía ha reaccionado a la decisión del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que ha citado a declarar a varios altos cargos del SAS en el marco de la investigación sobre los contratos sanitarios de emergencia firmados entre 2020 y 2024, por un valor de 242 millones de euros.La portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha defendido este miércoles que la citación permitirá “por fin aclarar ante el juez que todo se hizo correctamente”. En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, España insistió en que esos contratos, cuestionados en la denuncia presentada por el PSOE, eran medidas “que salvaban vidas en tiempos del covid”.El juzgado ha fijado para diciembre las declaraciones como investigados de los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), incluidos la actual responsable, Valle García, y sus antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán. Además, en noviembre deberán comparecer como testigos la actual viceconsejera de Economía, Amelia Martínez —que entonces era interventora general de la Junta—, junto a Blanca Pons y María Victoria López, exinterventoras del SAS, así como otros responsables del organismo.España recordó que fueron los propios gerentes los que solicitaron en su momento declarar para “dar su versión”, lo que en su opinión demuestra la disposición de este Gobierno: “Este sí es un Gobierno que respeta y colabora con la Justicia”."Aclarar todo"La consejera calificó la decisión judicial como “correcta para aclarar todas las cuestiones” y expresó su confianza en que la instrucción concluya “como nosotros pensamos: que todo se hizo correctamente”. Según recalcó, los contratos bajo sospecha respondieron a la urgencia sanitaria de la pandemia y a la necesidad de garantizar la atención en los hospitales andaluces.Con esta postura, la Junta cierra filas en defensa de sus gestores, convencida de que la investigación judicial despejará las dudas sobre unas adjudicaciones que, a su juicio, fueron imprescindibles en plena crisis del coronavirus.