El pleno de la Diputación de Alicante celebrado esta mañana ha aprobado por unanimidad el proyecto ' Smart Costa Blanca 2.0 ' que permitirá al Gobierno Provincial gestionar 1,2 millones de euros para desplegar plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los municipios de la provincia incluidos en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes. Esta cuantía es fruto del proyecto diseñado y articulado por el Patronato Costa Blanca y presentado a la convocatoria que impulsa el Ministerio de Industria y Turismo en torno al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta iniciativa pretende dar continuar a la transformación digital de la provincia a través de la implementación de la gestión turística, la accesibilidad y la sostenibilidad. Según ha explicado al término de la sesión el presidente de la Diputación, Toni Pérez , «este proyecto se alinea con la estrategia vinculada a la transición sostenible y digital de nuestro sector turístico». El también máximo responsable del Patronato Provincial de Turismo ha asegurado, asimismo, que el sector turístico alicantino «es crucial para nuestra economía, por lo que el proyecto 'Smart Costa Blanca 2.0' se convierte en una iniciativa integral que busca revitalizarlo y modernizarlo a través de sinergias público-privadas y de una transformación tecnológica eficiente». Con este fin, 'Smart Costa Blanca 2.0' reforzará la integración y la eficiencia turística del territorio alicantino, mejorará su accesibilidad y sostenibilidad; generará un impacto positivo en la atracción de viajeros y en la gestión de recursos naturales y creará empleo y oportunidades de negocio en el sector. Por otra parte, durante la sesión plenaria celebrada esta mañana, se han abordado otras cuestiones, en este caso a través de diferentes mociones presentadas por los distintos grupos políticos, como la situación de los núcleos urbanos de la costa alicantina, los incendios forestales o la defensa del sector pesquero tradicional. El Grupo Popular, por un lado, ha presentado una propuesta para defender los núcleos urbanos de la costa de la provincia de Alicante ante la intención del Gobierno de España, 'por una interpretación restrictiva de la Ley 22/1988 de Costas', de derribar algunos conjuntos residenciales del litoral alicantino como el situado en la playa Babilonia en Guardamar del Segura, cuyos afectados han asistido esta mañana al pleno provincial para seguir el debate de la moción, que finalmente ha contado con el respaldo de Vox y la abstención de los grupos Socialista y Compromís. Desde las filas populares han defendido que estos núcleos urbanos «constituyen entornos únicos donde conviven tradición y modernidad, formando parte consustancial del paisaje y de la identidad cultural de nuestro territorio» y denuncian la «creciente incertidumbre jurídica» generada por la actuación del Ministerio para la Transición Ecológica «que está obstaculizando una gestión autonómica eficaz del litoral, lo que dificulta la protección y desarrollo sostenible de nuestra costa», así como el retraso en la tramitación de la modificación de la citada Ley de Costas con la que se pretende proteger los núcleos urbanos con valores etnológicos. «La Mesa del Congreso de los Diputados viene secuestrando durante año y medio la voluntad popular española, ya que hay un amplio consenso tanto en el Congreso como en el Senado con respecto a esta modificación», ha apuntado el diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, quien ha insistido en que la moción «no pretende ir contra le ley sino de buscar una solución entre todos para preservar las casas», por lo que ha pedido la suspensión cautelar de los derribos. La moción reclama, además, que no se paralice la tramitación de la modificación de la Ley de Costas y apoya la declaración de núcleo urbano con especial valor etnológico del conjunto residencial de Playa Babilonia. Desde el Grupo Socialista también han abogado por una «solución pactada de todas las partes» pero han incidido en que hay una justificación legal y ambiental en esta cuestión, al tiempo que ha reprochado al PP que ahora defiendan el mantenimiento de estas viviendas cuando, en su opinión, no hicieron nada por cambiar la situación cuando gobernaban. Compromís ha criticado, por su parte, «la hipocresía» del PP y su política urbanística, mientras que Vox ha denunciado la «política arbitraria y sectaria» de la Ley de Costas y «el ataque a la propiedad privada» por «ecologismo ideológico». Otra de las mociones debatidas en el pleno ha sido la formulada por el Grupo Socialista en la que solicitaba el incremento en un millón de euros de las subvenciones para la prevención de incendios forestales en los municipios de la provincia. La propuesta ha sido rechazada con los votos de Vox y Grupo Popular. Al respecto, la diputada de Medio Ambiente, Magdalena Martínez, ha explicado las distintas líneas de ayuda que la institución provincial impulsa en materia de prevención de incendios – más de cuatro millones este año-, cifrando en 65 el número de municipios que trabajan actualmente en la ejecución de sus planes de prevención gracias al apoyo de la Diputación. Asimismo, y aunque ha argumentado que este año no se puede incluir el millón de euros solicitado por la oposición, «ya que no podemos usar el remanente porque el Gobierno central no nos deja gastarlo», ha avanzado que «se está estudiando la posibilidad de aumentar las partidas destinadas a la prevención de incendios de cara al presupuesto de 2026». Finalmente, en el apartado de mociones, Vox ha presentado una propuesta, a la que se le ha añadido una enmienda parcial del Grupo Popular, para la defensa urgente del sector pesquero tradicional en la provincia de Alicante y el control efectivo de la acuicultura. La moción reclama a las distintas administraciones competentes – Generalitat Valenciana, Gobierno central e instituciones europeas- la adopción de distintas medidas como la revisión del recorte de 2.000 millones de euros aplicado al sector pesquero en la PAC, la gestión eficiente e inmediata del EMFAF (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura) o la auditoria urgente del impacto medioambiental de la cuicultura industrial en el litoral alicantino. La enmienda de adición de Grupo Popular incluye, además, un punto por el que se insta al Gobierno Central y al Ministerio de Agricultura y Pesca a modificar el actual reparto de la cuota de pesca de la gamba roja para que sea más equitativa para todas las provincias pesqueras, así como que la Comisión Europea revise el actual número de días de pesca, ampliándolo el plan plurianual a los 170 días como mínimo. Durante el pleno ordinario de septiembre también se ha dado cuenta de la renuncia del diputado provincial del Grupo Popular, Francisco Cano. El presidente Toni Pérez ha aprovechado la sesión para trasladar su agradecimiento al hasta ahora responsable del área de Emergencias y Reto Demográfico por la «excelente» tarea realizada en estos últimos dos años.