El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado le reclama una fianza de 150.000 euros, pero rechaza suspenderle en el cargo, como había solicitado la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).El instructor, en un auto de 29 páginas, da el paso con el que sienta a García Ortiz en el banquillo, que será el primer fiscal general del Estado que se enfrenta a juicio en el Tribunal Supremo. El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS confirmara el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó "personalmente" la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador.Hurtado da este paso al estimar que cometió un delito de revelación de secretos por haber facilitado a un medio de comunicación, la Cadena Ser, el contenido confidencial del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador, Carlos Neira, a la Fiscalía ofreciéndose a pactar en el marco de la investigación en contra del empresario por presuntos delitos fiscales.El magistrado sostiene que García Ortiz, "aprovechando" la información publicada por El Mundo el 13 de marzo de 2024 —en la que se aseguraba que era la Fiscalía la que había ofrecido a la pareja de Ayuso un pacto— y "con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales".En concreto, hace referencia a las comunicaciones con la fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, quien contactó al fiscal encargado del caso de González Amador, Julián Salto, para que le remitiera la cadena de correos electrónicos con el abogado del novio de Ayuso de cara a la redacción y difusión de una nota de informativa.El instructor asegura que García Ortiz reclamó para sí los emails para "acabar facilitándolo a un medio, como la Cadena Ser, para que le diera publicidad, consciente Álvaro de que revelaría el confidencial contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024". E indica que "inmediatamente a continuación" se puso en marcha para confeccionar la nota informativa.El magistrado fija una fianza de 150.000 euros a García Ortiz, "a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias", incluida una posible indemnización por perjuicios morales a González Amador, que pedía solo por este concepto 300.000 euros, cantidad que el instructor considera excesiva. Para abonar dicha fianza, le da un plazo de cinco días.García Ortiz se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcelEl fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación para el cargo de jefe del Ministerio Público, como reclama una de las acusaciones populares en la causa que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos. Hurtado asegura que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de relevación de secretos, recogido en el artículo 417.1 y 2 del Código Penal (CP). No obstante, el magistrado avisa de que ello no descarta que la Sala de lo Penal pueda imponer a García Ortiz otros delitos. Hurtado hace mención expresa al de prevaricación —artículo 404 del Código Penal— al de descubrimiento y revelación de secretos —del artículo 197.2 y 3— y al de infidelidad en la custodia de documentos públicos (417.1 y 2), que son dos tipos penales que también califican algunas de las acusaciones populares.La acusación particular que ejerce González Amador pide al Supremo que condene a García Ortiz por revelación de secretos y le imponga una pena de cuatro años de prisión, que le suspenda de empleo y sueldo por tres años, y que le aplique la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. También reclama un multa de 108.000 euros.El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) —que ejerce de acusación popular— solicita la misma condena de cuatro años de prisión, tres años de suspensión como fiscal, inhabilitación especial para el cargo de jefe del Ministerio Público, pero deja la multa en 81.000 euros.Manos Limpias solicita cuatro años de cárcel para García Ortiz, así como su suspensión del cargo como fiscal general durante tres años y 216.000 euros de multa, al considerarle responsable del delito de revelación de secretos.El Gobierno apoya a García OrtizEl ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mostrado su "total confianza" en el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle."Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle. Dejémosles trabajar, porque el Estado de Derecho funcionará seguro", ha dicho a la prensa en los pasillos del Senado.La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado que el Ejecutivo "mantiene la confianza" en García Ortiz "y por supuesto también en su inocencia". El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no considera "ninguna sorpresa" la apertura de juicio oral al fiscal general del Estado y ha insistido en defender su presunción de inocencia y su continuidad en el cargo."Hay mucha gente que, con muy buena intención, ha ido diciendo que el fiscal debiera dejar su cargo para que no se contaminara no sé qué; pues el Tribunal Supremo, en esta autosentencia, dice una cosa que no han destacado otros, que es que no se suspenden las funciones del fiscal general", ha subrayado López.La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha mostrado su apoyo a García Ortiz. "No se le puede pedir a un investigado que prueba su propia inocencia. Y esto es lo que está pasando aquí, desoyendo indicios, pruebas y testificales", ha zanjado.El PP pide la dimisión del fiscal general El PP ha insistido en reclamar la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse que el Tribunal Supremo le ha enviado a un juicio oral por los supuestos delitos de revelación de secretos.El PP ya llevaba "mucho tiempo" diciendo que el fiscal general tendría que haber dimitido al ser investigado: "Una cosa es la presunción de inocencia y que tenga todo el derecho del mundo a defenderse penalmente de estos delitos que tienen, pero también está la cuestión ética y la cuestión moral", ha explicado.En ese contexto, considera que "el fiscal general, que tiene que perseguir delitos, no puede estar siendo juzgado por haber cometido uno". Y lo ha resumido con un ejemplo: "Si en una empresa el encargado de recursos humanos es denunciado por acoso laboral, se le abre una investigación y los jueces deciden abrirle un juicio oral, imagínese que ese mismo encargado de recursos humanos diera una charla para hablar a los empleados sobre las prácticas buenas en la empresa. ¿A que nadie lo entendería? Sería absurdo, ¿no?".