Tras el informe de la Contraloría General que reveló graves problemas financieros en la Nueva EPS, la Fiscalía presentó un nuevo avance judicial en este caso. Cuatro exdirectivos de la entidad fueron llamados a juicio por presuntamente haber omitido el registro de millones de facturas y con ello desviado más de $70.000 millones que correspondían a pagos pendientes con distintas instituciones prestadoras de salud.Los acusados son José Fernando Cardona Uribe, quien fue presidente de la entidad entre 2009 y 2024; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente financiero; Edgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabio Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.(Lea: Supersalud ordena a Nueva EPS legalizar pagos con prestadores)El escrito de acusación precisa que los exdirectivos debían garantizar la efectividad de los procesos a su cargo mediante controles cuantificables con indicadores. La Fiscalía sostiene que no solo incumplieron estas funciones, sino que también omitieron el procesamiento de la facturación radicada por las IPS relacionadas con la EPS.De acuerdo con la investigación, entre 2019 y 2023 se dejaron de procesar cerca de 14 millones de facturas. Esta omisión permitió que la EPS mantuviera una imagen financiera favorable ante la Superintendencia Nacional de Salud, lo que postergó una intervención que, según las cifras, debió haberse aplicado en 2024. “Se trató de una presunta política de fraude diseñada por los exdirectivos, quienes no procesaron la totalidad de la facturación”, señala la Fiscalía en el escrito de acusación.(Vea más: 'Fraude': Petro, vehemente con exdirectivos de Nueva EPS, tras informe de la CGR)Las omisiones habrían desviado $70.000 millones correspondientes a pagos con IPS.Néstor Gómez - PortafolioLos hallazgos también destacan que, mediante estas omisiones, la entidad pudo ocultar la magnitud de sus pasivos con los prestadores y proyectar un equilibrio financiero que no correspondía con la realidad. Esto, según la investigación, afectó directamente el flujo de recursos hacia la red de atención y contribuyó a la crisis que hoy enfrentan millones de usuarios.El caso avanza en medio de un deterioro progresivo de la Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11 millones de afiliados. A pesar de encontrarse intervenida, las quejas de los usuarios por falta de acceso a medicamentos, demoras en citas médicas y fallas en la red de atención continúan en aumento.La Fiscalía formalizó la imputación de cargos el pasado 10 de abril de 2025 y se espera que en el juicio se definan responsabilidades sobre la gestión de los recursos y las presuntas irregularidades administrativas. El proceso representa uno de los mayores cuestionamientos a la administración de la entidad en los últimos años y abre la posibilidad de sanciones penales contra quienes dirigieron la EPS durante más de una década.(Vea más: Reforma estatutaria de Nueva EPS abre camino a riesgo financiero y en red de atención)DIANA K. RODRÍGUEZ T. Periodista de Portafolio