La medida de estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de rebajar la jornada laboral a 37,5 horas semanas en esta legislatura ya coleaba apenas unas horas después de que el Consejo de Ministros diera luz verde a la norma el pasado mes de mayo si es que alguna vez no lo hizo. De forma tajante, con un «así no», Junts, la formación del 'expresident' prófugo, Carles Puigdemont, dio portazo desde un principio a la posibilidad a apoyar el decreto-ley del Gobierno una vez este llegase al Congreso de los Diputados, donde aseguraban que lo rechazarían. No les ha dado ni tiempo. Los neoconvergentes ni siquiera concederán a la líder de Sumar el beneficio de la tramitación parlamentaria a través de la presentación de una enmienda a la totalidad. Bastará con que con que PP, Vox unan sus votos a los de Puigdemont para sumar mayoría absoluta en el Hemiciclo, tumbar el texto y devolverlo al Gobierno para empezar desde cero, recibiendo así una dura derrota de la mano de uno de sus socios del bloque de investidura. Trabajo, aún así, no ha retirado el proyecto y Díaz está dispuesta a volver a llevarlo al Congreso o, en su defecto, a sacarlo adelante a través de un real-decreto con rango reglamentario. Después de que fuentes del ala de Sumar del Gobierno confirmaran que la portavoz parlamentaria neoconvergente, Míriam Nogueras, había comunicado el lunes a última hora de la tarde al secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que mantenía su rechazo a la reducción de jornada, la formación se reafirma en su veto a la norma y la tumbará —salvo sorpresa mayúscula— este miércoles en la Cámara Baja, que acoge su debate a la totalidad. «Hemos sido muy honestos. El Gobierno español conocía y conoce nuestra posición desde el primer día: obligar a reducir la jornada a los que no pueden asumirlo es ir en contra del Estado del bienestar y ponerlo en peligro», ha sentenciado Nogueras en una rueda de prensa en la Sala Clara Campoamor del Congreso, en la que ha estado arropada por todo su grupo parlamentario. Tras meses dialogando con el tejido productivo catalán y viendo cómo podría afectar la medida «en un momento de tensión política y social», Nogueras ha dicho haber comprobado que reducir horas «no pagará hipotecas, alquileres ni suministros». Al contrario, «incrementaría un siete por ciento los datos y muchas pequeñas y medianas empresas no podrían soportarlo». Este es el único motivo por el que, ha anunciado, Junts vetará el texto. «Estamos en contra de seguir perjudicando a la pequeña y mediana empresa y de engañar a los trabajadores, no en contra de reducir jornada laboral», ha querido dejar claro, al tiempo que ha denunciado que la vicepresidenta Díaz haya diseñado su norma estrella «en contra de Cataluña», donde, ha dicho, la mitad de los negocios tienen menos de diez trabajadores. «Tocan de muerte a quien genera riqueza en nuestro país [en Cataluña]», ha añadido en este sentido. Sobre la mesa de negociación, dice Junts haber puesto encima una batería de medidas en defensa de los autónomos y las Pymes. Entre ellas, acabar con el ausentismo y la precariedad laboral, otorgar incentivos fiscales, ampliar el número de horas extras sólo para quien quiera trabajar y cobrar más dinero o «dejar de ahogar a Cataluña con impuestos». Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho esfuerzo alguno, se ha quejado Nogueras, para adaptar la ley a sus exigencias porque sólo la ha pactado con los sindicatos españoles. Pese a ello ha querido poner en valor el trabajo y sobre todo, la discreción de Pérez Rey en todo el proceso de negociación. En el discurso de la portavoz neoconvergente no han faltado los dardos a la otra parte negociadora de la medida: Sumar. «Algunos están en una posición fácil: trabaja menos y vive más [en referencia al lema adoptado por los de Díaz en su campaña por la reducción de jornada]. Pero lo que están haciendo es hipotecar el futuro de todos», ha dicho.