El caso de la plaza de funcionario supuestamente teledirigida por el anterior equipo de gobierno del PSOE en Arcos sigue sumando capítulos. Según el auto judicial del 2 de septiembre, la ex teniente de alcalde del PSOE, María José González, su ex asesor y policía local, el presidente del tribunal examinador y la candidata beneficiaria están procesados por presunta prevaricación y revelación de secretos en el concurso-oposición de 2018. Como parte del esquema, la candidata y su familia habrían recibido indicaciones de votar al PSOE en las elecciones municipales de 2019 a cambio del empleo público.El alcalde de Arcos, Miguel Rodríguez (PP), corroboró este jueves que parte de la información requerida por el Juzgado sobre el expediente no se encuentra en las dependencias municipales. "En varias ocasiones el Juzgado ha solicitado la documentación durante la investigación al Ayuntamiento y solo hemos aportado lo que hemos encontrado. Parte de esa información no está; se ha buscado en todos los departamentos implicados y no existe dentro de las dependencias municipales", afirmó Rodríguez.El regidor popular mostró además su "preocupación" por el silencio del PSOE. "Estamos hablando de mucha gravedad. Cuando uno no tiene nada que temer, lo normal es que salga a desmentir o esclarecer. Por eso pedimos a la secretaria general del PSOE en Arcos, Ana Carrera, que comparezca y explique lo que ha ocurrido. Es una obligación pública que tiene con los ciudadanos", añadió.Manuel Erdozain, secretario general de Ai-Pro, ha hablado con lavozdelsur.es para analizar la situación con la pespectiva de muchos años al corriente de la política municipal. Señala que las pruebas sobre el caso son contundentes. "No porque lo digamos nosotros, sino que las grabaciones están ahí, que creo que es la mejor prueba para describir los hechos", señaló. Según Erdozain, en los audios publicacos por ABC se evidencia cómo la entonces delegada de Personal, junto a su asesor, diseñó un plan para favorecer a la candidata. "Se diseña todo un plan para amañar un proceso de funcionalización de una determinada plaza. Primero se nombraban funcionarios interinos y, tras las elecciones de 2019, el compromiso era estabilizar esa plaza de forma definitiva. Con los demás cumplieron, pero con esta trabajadora no", detalló.Erdozain explicó que la funcionaria beneficiaria llevaba 28 años en la Policía Local en situación interina y que la legalidad autonómica exigía plazas ocupadas únicamente por funcionarios de carrera. "Aquí se trata de una persona que deja el cuerpo por cuestiones legales, y la trama se diseñó con todo el examen hecho para aprobar", concluyó.Ambos, alcalde y secretario general de Ai-Pro, insisten en que la investigación debe continuar y que pueden surgir más irregularidades en otros procesos de promoción y estabilización de plazas en el municipio."La punta del iceberg"Erdozain también puso el foco en la magnitud del asunto y advirtió que la plaza investigada podría ser solo "la punta del iceberg" de posibles irregularidades en otros procesos de estabilización y funcionalización de plazas en Arcos. "Somos un pueblo, una ciudad pequeñita, de unos 33.000 habitantes, pero nos conocemos todos y se comenta que no es una situación aislada", explica.El secretario general de Ai-Pro recordó que, además del caso concreto de la plaza de la policía local, en diciembre de 2018 surgió un proceso similar en unas 83 plazas, algunas de promoción interna y otras de estabilización. "Ahí es donde habría que seguir investigando porque también hay muchos comentarios y dudas sobre el proceso en sí. Invitamos a continuar la investigación y seguramente se van a encontrar irregularidades más allá de esta plaza concreta", afirma.