Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Imagen: Flickr White House.La administración del presidente Donald Trump se prepara para llevar a la Asamblea General de la ONU una propuesta que busca redefinir el sistema global de asilo, con el objetivo de establecer reglas mucho más restrictivas para quienes huyen de persecuciones, conflictos armados o violaciones graves de derechos humanos.Esta iniciativa, revelada por documentos internos del Departamento de Estado citados por Reuters, plantea que los solicitantes de protección internacional solo puedan pedir asilo en el primer país al que ingresen y que este sea considerado temporal, con la posibilidad de revocarlo si el país de origen del solicitante se considera seguro para su retorno.La Casa Blanca no tiene la capacidad legal de modificar por sí sola los tratados internacionales, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, que son la base del sistema actual.Sin embargo, la estrategia de Trump se centra en formar una coalición de países afines durante las reuniones multilaterales en Nueva York, aprovechando el inicio de la semana de alto nivel de la ONU, para generar consensos y presionar por cambios en la práctica internacional que, aunque no modifiquen de inmediato la legislación, puedan convertirse en nuevos estándares de facto.Donald Trump, presidente de EE. UU. Imagen: Flickr White House.El sistema actual y su importanciaDesde el final de la Segunda Guerra Mundial, el derecho de asilo se ha sustentado en el principio de non-refoulement o no devolución, que prohíbe a los Estados regresar a una persona a un país donde su vida o libertad estén en riesgo.Este principio, recogido en el artículo 33 de la Convención de 1951, es considerado la piedra angular de la protección internacional y ha sido reafirmado por organismos como ACNUR y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR).Actualmente, el asilo se entiende como una protección duradera que permite a las personas reconstruir sus vidas en un país seguro. Sin embargo, la propuesta de Trump pretende limitarlo, trasladando la carga a los países de tránsito, que muchas veces carecen de recursos y estructuras adecuadas para atender a grandes poblaciones migrantes y refugiadas. Expertos advierten que esto podría generar devoluciones en cadena y dejar a miles de personas atrapadas en situaciones de vulnerabilidad extrema.Recomendado: Charlie Kirk, activista de derecha cercano a Trump, fue asesinado en evento público en UtahEl plan de Trump y sus implicacionesEl primer eje de la propuesta es la obligación de pedir asilo en el primer país de ingreso, similar a la regla que la Unión Europea ha intentado implementar con el Reglamento de Dublín, pero a nivel global.Esto significaría que quienes, por ejemplo, huyen de crisis en África o América Latina y pasan por varios países antes de llegar a su destino final, solo podrían buscar protección en la primera nación a la que lleguen, aunque esta no garantice condiciones de seguridad ni procedimientos justos.El segundo eje es convertir el asilo en un estatus temporal. En este esquema, los gobiernos tendrían la facultad de revisar periódicamente la situación en el país de origen del solicitante y, si consideran que ya no existe peligro, podrían devolverlo obligatoriamente, incluso en contra de su voluntad. Organizaciones de derechos humanos advierten que este modelo es altamente subjetivo y politizado, pues la evaluación de las condiciones de seguridad puede verse influenciada por intereses diplomáticos y económicos.La propuesta ante la ONU se enmarca en una serie de medidas internas que la administración Trump ha implementado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Entre ellas se encuentran la reinstauración del programa Remain in Mexico, que obliga a solicitantes de asilo no mexicanos a esperar en territorio mexicano la resolución de sus casos, y la suspensión parcial del Programa de Admisión de Refugiados (USRAP), que redujo drásticamente las cuotas de acogida.Estas decisiones han sido objeto de múltiples demandas ante tribunales federales, con organizaciones como la ACLU alegando que violan tanto la Constitución de EE. UU. como los tratados internacionales suscritos por el país. Sin embargo, las políticas siguen vigentes mientras avanzan los procesos judiciales.