Las negociaciones no han llegado a buen puerto. Junts mantiene su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, la medida estrella de esta legislatura impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Carles Puigdemont no se mueve de su posición y tirará esta norma en el primer gran paso en el Congreso junto al Partido Popular y a Vox.El bloqueo anunciado por Junts a la norma supone una derrota para el Gobierno este miércoles, pero también es una controvertida posición del partido independentista de cara a su propio electorado, que apoya de manera masiva la medida. En el último barómetro del CEO (el CIS catalán) publicado durante este verano se recoge que el 72% de los votantes posconvergentes respalda la norma (el 46,5% está “muy de acuerdo” y el 25% está “de acuerdo”).Pero el bloqueo a la norma, en cambio, supone la victoria dentro de Junts de las posiciones cercanas a las empresas y a las clases burguesas, columna vertebral de este espacio heredero de CiU y que ha dominado durante décadas la política catalana. Más de una veintena de organizaciones empresariales territoriales catalanas llevan meses presionando a los de Carles Puigdemont contra la medida impulsada por el Ministerio de Trabajo, especialmente aquellas que agrupan a las pymes. De esta manera vuelven en Junts a ponerse de acuerdo con las derechas para tumbar una medida progresista como pasó con el impuesto a las energéticas.Además, esta postura de Junts llega en un momento muy simbólico de la política catalana a escasas horas de la celebración de la Diada este jueves. Los de Puigdemont tenían el dilema de si aparecer en los actos de Barcelona tras apoyar al Gobierno central (mientras siempre tratan de proyectar que ERC es el partido dócil ante Sánchez) o si llegaban tras tumbar la iniciativa de la mano del PP y de Vox, las dos fuerzas que son más duras contra el expresident.La portavoz de Junts en el Congreso, Míram Nogueras, defendió en una rueda de prensa el martes por la tarde que están a favor de la reducción de la jornada laboral, pero que esta ley pone en riesgo a las pymes y los pequeños comercios, por lo que afectaría al Estado del Bienestar. "Sin ellos no habrá riqueza ni pensiones ni sanidad", alegó a la vez que dijo que afectaría en negativo a los trabajadores catalanes. Y se quejó de que la propuesta del Gobierno no incluye incentivos fiscales y cambios en la cuota de autónomos, además de no contemplar un frente contra el absentismo laboral.A pesar de no tener los votos suficientes asegurados, el Gobierno ha decidido mantener en el orden del día la votación respecto a la reducción de la jornada laboral. Tanto en el ala socialista como en Sumar señalan que, pese a que el panel saldrá en rojo, es el momento de que “se retraten” todos los partidos ante los ciudadanos sobre esta medida.En el Gobierno insisten en que la batalla “social” sobre esta medida está “ganada” y que hay un sentir mayoritario entre los ciudadanos para acometer este cambio. Su rechazo en el Congreso no supondrá su desaparición, sino que el Ministerio de Trabajo tiene previsto volverla a aprobar y llevarla a las Cortes Generales. Asimismo, el registro de horarios será obligatorio y se hará a través de un decreto.Según señalan varias fuentes del Gobierno, el rechazo en la Cámara Baja no lo toman como una derrota parlamentaria. El debate, empezando para la propia Díaz, tendrá una relevancia máxima y todo el Ejecutivo quiere darle el “máximo foco mediático” para que los ciudadanos sepan en qué lado se posiciona cada formación. Y no se quedará solo en un eco dentro del Parlamento, sino que también Izquierda Unida está llamando a las movilizaciones en el país para mostrar su respaldo a la norma proyectada por Sumar y que costó duras negociaciones con el PSOE.En el centro del debate está la propia Díaz y lo que puede suponer de erosión para su figura no sacar adelante este proyecto de ley. No obstante, las fuerzas que integran Sumar están alineadas para defender esa ley y no cuestionan el papel de la vicepresidenta segunda, que ha internado convencer hasta el último momento al propio Puigdemont. Los socialistas tampoco quieren utilizar esa votación para malmeter contra ella: “También es nuestra vicepresidenta segunda”, dicen con rotundidad en el Palacio de La Moncloa. Uno de los ministros del PSOE con más peso hace esta reflexión: “Es una medida con amplísimo consenso de la ciudadanía. Está bien que cada uno se retrate, quiénes son los buenos y los malos”.También están empujando para su aprobación los sindicatos, tanto a nivel nacional como en Cataluña. El líder de UGT, Pepe Álvarez, consideró: "No se quiere discutir porque los intereses que están defendiendo son tan espurios que no soportarían un debate en el Congreso de los Diputados". Puso sobre la mesa que la votación no la va a perder Pedro Sánchez, sino “la cajera, el camarero, el vigilante de seguridad o el que recoge fruta".Para indicar Álvarez al hilo: "Que estén muy tranquilos porque esto va a continuar. Les vamos a dar incluso la oportunidad de rectificar, exigiendo al Gobierno que de manera inmediata lo lleve de nuevo al Consejo de Ministros y a debate en el Congreso". Asimismo, desde CCOO, a través de Unai Sordo, también se ha lamentado que se paralice el debate con estas enmiendas a la totalidad: “No es de recibo esta poca calidad democrática”.