Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en la prisión de Puerto II a un médico del centro y a dos funcionarios, acusados de formar parte de una trama que introducía teléfonos móviles y drogas, además de alcohol y anabolizantes, en el interior del penal. Los investigadores señalan que esta red habría facilitado la entrada de objetos prohibidos a cambio de dinero, en beneficio de reclusos vinculados con el narcotráfico.El arresto se llevó a cabo de manera simultánea en distintos escenarios. El médico fue detenido a la salida de su puesto de trabajo, uno de los funcionarios fue interceptado dentro de la propia cárcel y el tercero fue localizado en su domicilio. Según informó El Mundo, el facultativo está acusado de integrar una organización criminal dedicada a introducir estupefacientes y teléfonos móviles en el centro penitenciario.La sombra de la corrupción en Puerto IILa investigación también salpica a un interno en tercer grado que cumplía condena en el Centro de Inserción Social (CIS) de Jerez de la Frontera, dependiente de Puerto II. El recluso, identificado con las iniciales J. R., habría colaborado con las pesquisas tras ser descubierto como miembro de la trama. Su testimonio permitió a los agentes trazar el alcance de la red y su conexión con reclusos que mantenían vínculos con el narcotráfico.[articles:341631]La presencia de móviles y entrada de drogas en las prisiones gaditanas se ha convertido en un problema creciente. En algunos centros, como Botafuegos, donde han muerto tres presos por sobredosis en el último mes, se han utilizado drones para hacerlos llegar a los internos. En otros casos, según los investigadores, son los propios funcionarios quienes facilitan su entrada. La operación en Puerto II confirma que las estructuras internas también pueden ser vulnerables a estas prácticas.Narcotráfico y beneficios ilícitosLos investigadores sostienen que la mayoría de los internos beneficiados por esta trama eran narcotraficantes, lo que incrementa la gravedad del caso. Con el acceso a teléfonos móviles, los reclusos podían mantener contacto con el exterior y continuar actividades ilegales desde dentro de la prisión. Además, la entrada de drogas y otros objetos prohibidos alteraba el orden regimental, aumentando la tensión entre los presos y dificultando la labor de seguridad.El escándalo ha puesto bajo la lupa la seguridad en Puerto II y reabre el debate sobre la necesidad de reforzar los controles internos para impedir que los centros penitenciarios se conviertan en extensiones de las redes criminales. La investigación, iniciada el año pasado, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas semanas.